La directora del Centro de Salud de Mazamari, provincia Satipo (Junín), Marilú Isabel Astoray Vivanco, denunció al periodista Marco Antonio Morán Huanaco, de radio Integración, acusándolo de la comisión del delito contra la tranquilidad pública y contra la intimidad personal.

El periodista había difundido la grabación de una conversación telefónica con la funcionaria, a quien contactó para confirmar sobre la presencia de un posible paciente COVID-19 en el nosocomio local. A consecuencia de dicha denuncia periodística el hombre de prensa fue detenido el 10 de abril del año en curso por efectivos policiales de la Comisaría de Mazamari. Luego de la diligencia –que al parecer de la ANP tuvo excesos policiales-, Morán Huanaco fue puesto en libertad por orden de la fiscal de turno.

Pese a que en aquella ocasión los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron al periodista inicialmente por una “infracción” no fueron presentados cargos en su contra.

Sin embargo, semanas después, el 28 de abril en horas de la tarde, el Marco Antonio Morán recibió la visita de los agentes de la Comisaría de Mazamari, quienes le indicaban que debía acercarse a la dependencia policial para firmar una denuncia. El periodista se negó a apersonarse, puesto que, si el motivo era una notificación, la ley no lo obligaba a hacerlo.

Dos días después recibe en su vivienda una citación policial con fecha 28 de abril que lo invocaba en calidad de investigado por estar “inmerso en la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública – contra la intimidad personal, en agravio de Marilú Isabel Astoray Vivanco”. Dos semanas después, el 14 de mayo, la citación le fue renovada.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú le recuerda a la funcionaria que la divulgación de información referida a la salubridad es considerada de interés público. El periodista, como corresponde, consultó una fuente directa -la titular del Centro de Salud local- para corroborar información. Por ello consideramos un absurdo jurídico considerar dicha práctica atentatoria a la intimidad personal.

La ANP se mantendrá vigilante ante cualquier intento policial o legal de hostigamiento que pretenda silenciar la labor de los periodistas locales.