Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Jueves, 17 octubre 2019
Nacionales


No hay que confundir inmunidad con impunidad parlamentaria

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que demanda la ciudadanía ha tenido su primer tropiezo. La Comisión de Constitución del Congreso de la República, que preside Rosa Bartra Barriga, con una mayoría parlamentaria integrada por los representantes del fujimorismo y del neo-aprismo se ha encargado de ello. Con la compañía complaciente de quienes figuran en las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso, los mismos que, sin mayor debate, sin escuchar a los impulsores de la propuesta, tampoco a los expertos del Poder Judicial y del Ministerio Público, acordaron al unísono mandar al archivo la iniciativa relacionada con la inmunidad parlamentaria.

Lo ocurrido constituye un mal precedente, en momentos en que el país vive momentos expectantes de un posible cambio, que permitan combatir a fondo la corrupción imperante y establecer normas que hagan más efectiva la gobernabilidad del país, libre ya de la presencia delincuencial de quienes buscan el poder político para actuar criminalmente y acumular riqueza mal habida.

Pésimo precedente. Confirma y agrava el mal concepto que se tiene del Congreso de la República. Los escrutinios más recientes nos dicen que 7 de cada 10 ciudadanos desaprueban la gestión de ese Poder del Estado. Esto quiere decir que los representantes ante el Parlamento no son tales, han perdido credibilidad y legitimidad, por que actúan en contracorriente a los deseos de quienes les dieron la facultad de legislar a nombre de la Nación.

De nada ha valido que se les haya hecho presente a esa mayoría parlamentaria que una cosa es la inmunidad y otra cosa la impunidad. Los casos de los congresistas Donayre, Ríos, Mamani y un largo etcétera registrados en estos últimos tiempos, protagonistas de hechos sancionados por la ley, no sirvieron de precedente alguno. Al contrario, parece que lo ocurrido con ellos, fue el estímulo necesario para curarse en salud y evitar que se actualizara esta antigua prerrogativa procesal, con criterios más eficaces, a la luz de la realidad que aflige a nuestra sociedad, en estos momentos tremendamente golpeada por sucesivos actos de corrupción.

No les falta razón a quienes señalan que la democracia peligra si solo se oye la voz de los poderosos. Esto es lo que ha sucedido. La Comisión de Bartra Barriga le ha enviado un mensaje claro a la ciudadanía. Bajo el supuesto de que la inmunidad parlamentaria es intocable, le ha dicho que la impunidad parlamentaria seguirá porque, por algo y por ahora, dominan los predios del Congreso de la República. La delincuencia tendrá un espacio propio allí. Esto a pesar que la propia historia de la inmunidad parlamentaria, que nos remite a los tiempos lejanos de la Grecia y la Roma de siglos pasados, que después se perfecciona en la Edad Media, concretamente en el  “Bill of Right” de 1689, en Inglaterra, habla de cambios conforme los avances de la vida en democracia.

Ciertamente la inmunidad parlamentaria es necesaria. Sí, es verdad, pero como prerrogativa  para que el legislador, como representante del pueblo, en el ejercicio de las funciones de su empleo, emita una opinión, sostenga un debate, otorgue su voto, informe por escrito u oralmente, sea en el recinto parlamentario o fuera del mismo, funcionando en las comisiones o empeñado en debates o votando en ellas o redactando un informe que haya de ser sometido a la Asamblea. Sin embargo el privilegio, si bien ampara en su más amplia extensión la actuación legislativa, no lo ampara en la comisión de algún delito y menos si es sorprendido “in fraganti” perpetrando un hecho contrario a la ley.

El problema está pendiente. La palabra la tiene el Poder Ejecutivo y la propia opinión pública.

Roberto Mejía Alarcón

 
ANP rechaza abuso policial contra reportero gráfico en Lima

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su rechazo a la agresión y abuso de autoridad de la que fue víctima el reportero gráfico del diario El Comercio, Alessandro Currarino, mientras realizaba una cobertura periodística.

El hecho sucedió el último miércoles 15 de mayo mientras el fotógrafo cubría el traslado de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, en cumplimiento de su deber informativo, realizaron el seguimiento al vehículo que trasladaba a la exfuncionaria en sus propias movilidades, mientras, alrededor de 10 motos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) les rodeaban.

Estando ya a pocas cuadras de llegar al centro penitenciario, las unidades del USE cercaron a los trabajadores de la prensa y comenzaron a reclamarles cuestionando porqué los seguían.

Inicialmente intentaron atacar a un vehículo de otro medio de comunicación rociando a sus ocupantes con gas pimienta, sin embargo, luego uno de los efectivos se acercó a la movilidad donde se encontraba Currarino quien, en vista del exceso policial, comenzó a reclamar por el hecho insólito.

El agente policial, sin miramientos ni advertencias, coge el frasco del gas pimienta para rociarle directamente en el rostro al reportero gráfico, el mismo que pudo cerrar los ojos segundos antes para evitar lesiones de gravedad en su vista.

A pesar que un coronel de Inspectoría de Policía ya se comunicó con el fotógrafo para identificar y sancionar al policía responsable de tal abuso, aún no se ha informado respecto a las medidas adoptadas por este órgano de control disciplinar.

La ANP ante este hecho expresa su rechazo total a toda forma de impedir la labor informativa de los hombres y mujeres de prensa. De igual forma, solicita a la PNP que tome con celeridad el caso y brinde una sanción ejemplar al efectivo que cometió el abuso contra el reportero gráfico.

Asimismo –como se recuerda– la ANP ha expresado reiteradamente al Ministerio del interior su preocupación por el proceder de los agentes de la PNP que en reiteradas ocasiones agreden a hombres y mujeres de prensa, especialmente quienes se dedican al reporterismo gráfico dejando consecuencias graves, como se vio en los casos de Antonio Ramón Huaroto (Atoq), que resultó con heridas graves después de una cobertura en enero del 2017 y Rudy Hualpa, quien perdió la visión en las mismas circunstancias en el 2014.

 
ANP denuncia utilización de vía penal para silenciar a comunicador en Arequipa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denuncia que, una vez más, se apela a la vía penal para castigar a un periodista por su labor informativa. El alcalde provincial de Islay, Edgar Augusto Rivera Cervera, ha querellado al comunicador social Luis Carlos Chipana Mamani, de radio Capital de Mollendo y radio Líder de Cocachacra.

Chipana Mamani viene dando cobertura a las actividades públicas de la autoridad edil desde que inició su gestión municipal en enero del presente año. Esta querella no es la única acción en su contra. En los primeros meses del año, al término de una sesión de consejo municipal, el comunicador social cuestionó el aumento de sueldo del alcalde y sus regidores. En aquella ocasión fue retirado a la fuerza del recinto público e impedido de volver a ingresar.

Según explicó Chipana a la ANP, a inicios de marzo fue víctima de agresión física. Dos hombres desconocidos lo golpearon mientras esperaba un taxi. Los agresores, después de atacarlo, le enseñaron un cuchillo de forma amenazante y le dijeron: “deja al alcalde provincial de Islay”.

Asimismo, dijo que al igual que estos, otros incidentes han impulsado a Chipana Mamani a disminuir su actividad radial a fin de resguardar su integridad y la de su familia.

A pesar de que su caso ha sido difundido en medios de comunicación de alcance nacional, el alcalde provincial de Islay y sus seguidores han continuado con el hostigamiento al hombre de prensa, al extremo de interponerle una querella por difamación notificada el último 3 de mayo, irónicamente Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Para la ANP este hecho es inadmisible porque representa un claro atentado contra la libertad de prensa. Asimismo, pide al Juzgado Penal Unipersonal de Islay que considere en el proceso los cuestionamientos al alcalde provincial, Edgar Rivera, y sopese que según la doctrina internacional los funcionarios públicos por razón de su quehacer están más expuestos a la crítica.

De igual forma, la ANP recuerda a las autoridades que una parte fundamental del periodismo es la investigación a entidades y personajes que administran la cosa pública y que las querellas contra periodistas y comunicadores sociales en el país se vienen utilizando -más que para resarcir honor- con la insana intención de amordazar el trabajo periodístico, guste o no, indispensable para afirmar nuestra frágil democracia.

 
ANP condena abuso de autoridad contra trabajador de diario en Arequipa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condena la actuación de agentes de la Policía Nacional del Perú y la asesora de la Municipalidad Provincial de Arequipa, María Antonieta Torres Espejo, quienes en un evidente abuso de autoridad retuvieron y condujeron a la comisaria de dicha circunscripción al jefe de circulación del diario “Los Andes” de Arequipa, Fernando Aquino Aste.

El hecho se suscitó el último jueves 9 de mayo cuando el jefe de circulación del diario, junto a dos trabajadores más, se encontraba repartiendo gratuitamente los ejemplares del matutino en cuya portada figuraba como titular principal “Acusan que asesora de Candia direcciona contratos”, en alusión a la mencionada funcionaria del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia.

En esas circunstancias aparece la asesora aludida en el titular, quien comenzó a acusar al jefe de distribución de difamarla. Ante esto, Aquino enrumba en dirección a su centro de labores, pero, unas cuadras antes de llegar, el personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa le intercepta.

María Antonieta Torres llega hasta el lugar y comienza a decir que está prohibido distribuir ese diario, al mismo tiempo que llama a la policía. Los agentes de la Policía Nacional del Perú llegan en pocos minutos a su llamado y obedecen a su pedido de detención.

Los policías solicitan el Documento Nacional de Identidad de Aquino ante lo que él se resiste, pero, a su insistencia, accede a entregarles, acto seguido, es llevado a la Comisaría de Santa Martha (cercado de Arequipa).

Ya en la dependencia policial, la funcionaria comienza a reclamar a Aquino Aste acusándolo de difamarla y pidiendo su encarcelamiento. Sin embargo, tras la intervención del asesor legal del diario, el jefe de circulación pudo recuperar su documento y evitar una eventual detención arbitraria.

Pese a todo esto, la asesora municipal advirtió que procederá con una denuncia contra Aquino por difamación.

La ANP recuerda que ningún ciudadano puede ser detenido sin encontrarse con orden de captura o cometiendo delito flagrante. Por ello exige una inmediata acción del Inspectoría Nacional de la Policía para que sancione a los efectivos que cometieron un evidente abuso de autoridad. Al mismo tiempo demanda acciones del titular de la Municipalidad Provincial de Arequipa ante la reprochable conducta de una asesora que opta por responder con prepotencia a una investigación periodística, teniendo canales constitucionales -como la rectificación- si siente que lo revelado es inexacto.

Asimismo, rechazamos las advertencias de María Antonieta Torres Espejo de recurrir a la vía penal como respuesta a la labor periodística, en un claro intento de amedrentamiento.

Finalmente, la ANP reafirma su compromiso por velar que la libertad de prensa sea respetada como sustento del Estado de Derecho.

 
ANP: Penalizar uso de redes sociales lesiona libertad de expresión y de prensa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ante el proyecto de ley No 4275, presentado por el congresista Clayton Galván Vento, que pretende penalizar el uso de las redes sociales, advierte:

1.- Que todo intento de penalizar el uso de redes sociales lesiona la libertad de expresión y de prensa, toda vez que genera una suerte de censura en un espacio que pertenece a la sociedad sin exclusiones ni marginaciones.

2.- Que la vía punitiva no es proporcional a la infracción y prejuicio causados por discurso del odio, ofensas y daños morales en línea.

3.- Que es desmedido e intimidatorio utilizar la amenaza de sufrir carcelería efectiva para moderar el discurso.

4.- Que la moderna doctrina jurídica internacional establecida en la Organización de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos interpreta los tratados sobre derechos humanos y adopta criterios consensuados y coincidentes en que los delitos contra el honor no deben sancionarse con la pérdida de la libertad, sino que deben solucionarse en la vía judicial civil.

5.- Que desde hace más de diez años la Asociación Nacional de Periodistas del Perú viene impulsando gremialmente la iniciativa de despenalizar los denominados delitos de prensa (en todos los soportes, incluido el digital), toda vez que consideramos que la responsabilidad civil (y no la penal) constituye una sanción adecuada para resarcir el derecho al honor lesionado.

6.- Que la consideración de conductas que trasgreden la buena convivencia humana, merece, una nueva interpretación, tal como viene ocurriendo en democracias caracterizadas por su fortaleza cívica y en las que las penas punitivas constituyen el último recurso de la gobernabilidad.

Lima, 10 de mayo del 2019

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

 
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Créditos: Eylen Jalilíe