Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Martes, 20 agosto 2019
Internacionales
Autoridades venezolanas aplican ley contra el odio al periodista Wilmer Quintana

MIAMI.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó hoy su alarma por el empleo de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para encarcelar al periodista Wilmer Quintana García. Quintana fue arrestado por haber publicado varios mensajes en su página personal de Facebook, en los cuales denunciaba presuntos actos de corrupción en la prestación de servicios públicos en el estado de Guárico, según informaciones de prensa y una organización local defensora de la libertad de expresión.

El 18 de julio, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela detuvieron a Quintana en la ciudad de San Juan de los Morros, la capital de Guárico, según un mensaje de Twitter publicado por la organización venezolana Espacio Público y versiones periodísticas. Quintana había sido director del ya desaparecido semanario La Verdad y había sido presentador del programa de opinión “En Portada” —donde comentaba las noticias locales y nacionales junto con invitados— en varios canales de TV locales, entre ellos Siembra TV y Roscio TV, según medios locales, pero en la actualidad no trabaja para ningún medio informativo.

De acuerdo con la orden de arresto, una copia de la cual fue publicada en el sitio web de Espacio Público, el 11 de julio un tribunal penal local ordenó el arresto de Quintana por la presunta autoría del delito de “promoción o incitación al odio” en virtud de la ley contra el odio, presuntamente cometido en perjuicio del gobernador de Guárico, José Manuel Vásquez, y el presidente de la empresa Alimentos Guárico (Alguarisa), Emilio Ávila.

Según medios informativos locales y Espacio Público, Vásquez presentó una denuncia contra Quintana debido a mensajes publicados en la cuenta personal de Quintana en Facebook, en los que éste criticaba presuntos actos de corrupción de Vásquez y Ávila en el suministro de gas doméstico a comunidades y en la distribución de alimentos mediante el programa CLAP, un programa social gubernamental administrado por Alguarisa en Guárico. La orden de arresto no menciona los mensajes de redes sociales.

"La detención de Wilmer Quintana en virtud de la ley contra el odio de Venezuela confirma la preocupación que expresamos cuando fue aprobada: la ley en realidad es una herramienta para censurar la información y castigar a los críticos", declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. "Las denuncias de corrupción contra funcionarios públicos no son expresiones de odio. Los venezolanos deben tener libertad para cuestionar al Gobierno sin tener que enfrentar una condena de varios años de cárcel".

Quintana utilizaba sus cuentas personales de Facebook y Twitter para comentar e informar sobre acontecimientos locales y políticos actuales, y agregaba la etiqueta #LAVERDAD —el nombre de su ya desaparecido periódico— a algunos de susmensajes. En un mensaje de Facebook publicado el 5 de julio, utilizando la etiqueta #LAVERDAD, Quintana informó que 27 zonas de la ciudad de Zaraza no habían recibido gas, a pesar de que los pagos a Alguarisa habían sido depositados 20 días antes, y lo llamó “otro fracaso más del gobernador” y preguntó si Ávila se había quedado con el dinero. Según un periodista de Guárico que habló por vía telefónica con el CPJ el 5 de agosto y solicitó el anonimato por razones de seguridad, la información sobre los pagos efectuados a Alguarisa fue filtrada a Quintana, quien mantenía estrecho contacto con personas que trabajaban para la administración, y él había procedido a publicarla. Quintana también había trabajado para el Gobierno local durante la administración anterior, según medios locales.

En mensajes de Facebook con fecha 4 y 7 de julio que llevaban la etiqueta #LAVERDAD, Quintana escribió sobre las “mentiras y la corrupción del desgobierno en Guárico”, e informó que las cajas CLAP se vendían a precios mayores que los publicados, y mencionaba a Vásquez y a Ávila en los mensajes, y decía que Vásquez “debe irse de la gobernación e iniciarse el rescate de esta entidad sumida en total desatre”.

El CPJ efectuó varias llamadas al teléfono que aparece en el sitio web oficial de la sede del CICPC en San Juan de los Morros y al despacho de Vásquez, el gobernador de Guárico, pero nadie contestó las llamadas. El CPJ no recibió respuesta a una solicitud enviada por correo electrónico a Ávila, el presidente de Alguarisa, para que declarara al respecto.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Toleranciafue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017, pese a las serias preocupaciones en el sentido de que se pudiera emplear para intimidar a la prensa. Como el CPJ lo documentó en la época, la ley no define términos básicos como el odio, y lo deja abierto a una amplia interpretación y al abuso potencial, y estipula sanciones y penas de cárcel de hasta 20 años para toda persona que incite al odio o la violencia en la radio, la televisión, los medios impresos o las redes sociales.

Tras su arresto, Quintana permaneció detenido en la sede del CICPC en San Juan de los Morros a la espera de juicio.

El 6 de agosto, el sitio noticioso local de Guárico ElTubazoDigital.com y un mensaje de Twitter del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informaron que Quintana había sufrido un posible infarto y había sido trasladado a la sala de emergencia del Hospital Israel Ranuárez Balza. Quintana continúa en el hospital, según el SNTP.

 

 

 
Acusan a autoridades chilenas de espiar al periodista investigativo Mauricio Weibel

MIAMI.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó hoy su preocupación por las denuncias de que el Ejército chileno presuntamente ordenó una operación de vigilancia contra el periodista investigativo Mauricio Weibel Barahona en 2016, cuando éste investigaba denuncias de irregularidades en las fuerzas armadas.

El 10 de agosto, el diario La Tercera informó que la Dirección de Inteligencia del Ejército presuntamente había llevado a cabo la “Operación W” dirigida contra Weibel. El reportaje, que citaba a fuentes de inteligencia anónimas, señalaba que a Weibel le habían realizado seguimientos y le habían intervenido las líneas telefónicas. En la época, Weibel trabajaba para la publicación The Clinic y el canal público chileno TVN, y preparaba las investigaciones de Traición a la Patria, un libro sobre un presunto desfalco en el Ejército. Además, La Tercera informó que en 2017 las autoridades también habían intervenido los teléfonos de funcionarios activos y en retiro del Ejército que eran sospechosos de filtrar documentos a la prensa sobre irregularidades en el Ejército.

En un encuentro con la prensa el 12 de agosto, el ministro de Defensa chileno Alberto Espina declaró que, según lo que le habían dicho, las acciones de inteligencia “se han hecho dentro del marco legal”, de acuerdo con informacionesde prensa. Espina agregó que había solicitado al Ministerio Público Militar que investigara cómo se había filtrado información clasificada sobre estas cuestiones.

Por correo electrónico, el CPJ solicitó al Ejército y al Poder Judicial chilenos una declaración, pero no recibió una respuesta de inmediato.

“Las fuerzas armadas no tienen ninguna justificación válida para espiar a Mauricio Weibel Barahona ni a ningún periodista”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. “En vez de buscar justificaciones legales, las autoridades chilenas deben investigar este aparente abuso de poder. En una democracia es vital que los periodistas puedan investigar denuncias de corrupción e irregularidades sin convertirse en objetivos”.

Espina y el director de Inteligencia del Ejército, Guillermo Paiva, fueron citados a una comisión de la Cámara de Diputados para discutir las informaciones del reportaje periodístico. Ellos declararon a la comisión que un magistrado de la Corte de Apelaciones había autorizado la escucha telefónica, según versiones de la prensa local. Aludiendo a la Operación W, Paiva declaró que “la escucha telefónica es legal, no le puedo decir si a periodistas o no, pero nadie en Chile no está sujeto a leyes … es una Ley de la República a la cual estamos sujetos todos los chilenos”.

En llamada telefónica con el CPJ ayer, Weibel expresó que el reportaje confirmaba las sospechas que él había tenido en la época en que lo vigilaban. Weibel señaló que habían ocurrido incidentes sospechosos, entre ellos un robo en las oficinas de The Clinic en junio de este año, durante el cual solamente se llevaron computadoras, y que en 2016 los mismos individuos se le aparecían en distintos lugares. Él agregó que el aparente apoyo del Gobierno a la operación lo había tomado por sorpresa. “Es el caso de un Gobierno democrático que apoya el espionaje de los militares a un civil, a un periodista”, expresó.

Weibel señaló que, con el respaldo del Colegio de Periodistas de Chile, ha solicitado reuniones con varias autoridades e instituciones, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, el fiscal general, parlamentarios y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en lo que evalúa sus opciones jurídicas.

 

 
El derecho a la información, uno de los más afectados por crisis en Cachemira

NUEVA DELHI.- El diario cachemir Kashmir Times denunció ante el Tribunal Supremo indio la problemática que padecen desde hace más de diez días los medios de comunicación, que no pueden informar de forma contrastada y amplia sobre la crisis en la Cachemira india debido al corte total de las comunicaciones.

"No puedo hablar con ningún reportero ni miembro de la oficina en el estado porque no funcionan las comunicaciones", dijo la editora ejecutiva de este periódico, Anuradha Bhasin, en una declaración a los medios frente al Tribunal Supremo en Nueva Delhi.

Además, la poca información que aparece en los diarios depende de "reporteros que viajan desde Nueva Delhi al valle (de Cachemira) y regresan" a la capital con la información, que en ocasiones "no está siendo contrastada", aseguró Bhasin.

Esta situación de aislamiento comenzó el 4 de agosto, un día antes de que el Gobierno de Nueva Delhi anunciara la derogación del estatus especial de la Cachemira india, y se repite desde entonces con el corte total de las comunicaciones y la limitación de movimiento en la región, con continuos controles militares, a fin de evitar protestas ante la impopular medida.

Bhasin aseguró que esto ha llevado a que, de los 150 periódicos de la Cachemira india, solo 5 o 6 puedan salir impresos.

En su petición al Tribunal Supremo, solicita desbloquear las restricciones en las comunicaciones y "permitir a los periodistas ejercer su profesión y su derecho a informar".

"La prensa, que es el cuarto poder de la democracia, tiene un rol que desempeñar y no pude suprimirse. Nuestra petición es que en cada barricada y puesto de control toda tarjeta de prensa sea respetada para que se les permita moverse y desempeñar su deber", sentenció por su parte la abogada de Bhasin ante la corte, Vrinda Grover.

De hecho, las escasas imágenes de Cachemira disponibles eran difundidas por canales a través de retransmisión vía satélite, los únicos que podían saltarse los cortes a las comunicaciones, mostrando calles desiertas repletas de militares.

Sin embargo, en una rueda de prensa hoy en Srinagar, capital de verano de la Cachemira india, el máximo funcionario regional, el secretario general BVR Subrahmanyam, negó esas acusaciones.

Subrahmanyam aseguró se mantiene informada a la población y que se ha habilitado un centro para la prensa y "pases" para que los periodistas puedan cumplir con sus obligaciones.

"Las redes de televisión por satélite y por cable están operativas y se están publicando periódicos", sostuvo.

Indicó que las redes móviles comenzarán a restablecerse "entre esta noche y mañana" y "la mayor parte de las líneas" funcionará tras el fin de semana.

EFE

 
Tanzania acusa ahora a periodista Kabendera de delitos económicos

Los fiscales de Tanzania acusaron este lunes 5 al periodista independiente Erick Kabendera de lavado de dinero, evasión de impuestos y asistencia al crimen organizado, según una copia de la hoja de cargos. Cuando fue detenido el 29 de julio, el jefe de policía de Dar es Salaam dijo en una conferencia de prensa que la policía estaba investigando el estado de su ciudadanía.

“Parece que durante la última semana, las autoridades han estado buscando una manera de justificar su detención de este crítico periodista independiente. Primero, afirmaron que la ciudadanía de Erick Kabendera estaba en duda, hoy han formulado cargos drásticamente diferentes, lo que pone en duda su motivo para retenerlo “, dijo Muthoki Mumo, representante para África subsahariana del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

“Los fiscales deberían retirar inmediatamente los cargos contra Kabendera y Tanzania debería poner fin a su práctica de tomar represalias contra las voces críticas”, añadió sobre el periodista que trabaja para medios locales e internacionales, entre ellos para la agencia IPS-Inter Press Service.

El pliego de cargos, al que tuvo acceso el CPJ, alega que Kabendera cometió los delitos de los que se le acusa entre enero de 2015 y julio de 2019.

Según la Ley de Procedimiento Penal de Tanzania, las personas acusadas de legitimación de capitales no califican para poder ser liberadas mediante fianza. Kabendera podría permanecer detenido mientras dure su juicio, dijo al CPJ Jones Sendodo, uno de los abogados que representa al periodista.

Si es declarado culpable de colaborar con un fraude como el que se le acusa, Kabendera podría ser encarcelado por hasta 15 años.

Desde su arresto, las autoridades registraron la casa del periodista al menos dos veces, confiscaron su pasaporte y otros documentos, e interrogaron a su madre, según informes de los medios. Además de ser interrogado sobre su ciudadanía, Kabendera también fue interrogado sobre acusaciones de delitos de sedición y ciberdelito, según la televisión británica BBC y otras informaciones.

En un comunicado la semana pasada, la Coalición de Defensores de Derechos Humanos de Tanzania dijo que los derechos de Kabendera al debido proceso habían sido violados, ya que la policía lo trasladó de una estación a otra después del arresto, negándole el acceso a representación legal y a su familia.

En un video publicado en Twitter este lunes 5, Jebra Kambole, quien también representa a Kabendera, dijo que el periodista aún no ha sido interrogado por los delitos que se incluyen en su pliego de cargos y agregó que “es el trabajo de periodismo lo que ha traído a Erick aquí”.

Kabendera estará detenido en la prisión de Segerea, en Dar es Salaam, al menos hasta el 19 de agosto, cuando está programada la próxima audiencia en su caso, dijo su abogado Sendodo.

CPJ/IPS

 
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