Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Jueves, 9 abril 2020
Internacionales
Periodistas mexicanos protestan frente a Supremo por condena contra reportero

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de periodistas mexicanos se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México por la condena de 10 millones de pesos (535.000 dólares) contra el periodista y académico Sergio Aguayo.

Encabezados por los experimentados periodistas Humberto Musacchio y Jorge Meléndez, unos 50 profesionales de la información se apostaron frente a la Corte mexicana, en pleno centro histórico de la Ciudad de México.

"Protestamos por la injusta, desproporcionada y muy probablemente corrupta sentencia contra el colega Sergio Aguayo", dijo Musacchio a medios ante esta polémica decisión judicial, a la que el periodista se amparó tras depositar una fianza de 450.000 pesos (unos 24.100 dólares).

"La decisión nos afecta a todos los que ejercemos la libertad de expresión y afecta a la sociedad porque se le priva de lo que decimos los periodistas cada día", añadió.

La demanda contra Aguayo fue interpuesta por "daño moral" por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira (2005-2011), quien en una columna del 2016 fue calificado de corrupto por Aguayo.

Hace una semana, la Primera Sala de la SCJN asumió la atracción del amparo directo promovido por Aguayo, contra la sentencia de una sala del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México al considerar que "la condena a la reparación del daño moral a Moreira viola la libertad de expresión".

"El Poder Judicial está en deuda con la sociedad mexicana", señaló Musacchio y recordó que sobre algunos ministros pesan acusaciones de corrupción.

Los periodistas dirigieron un documento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los ministros de la Suprema Corte, al Congreso mexicano y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, para que se manifiesten contra dicha sentencia.

En tanto, Meléndez pidió al Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México investigue al magistrado Francisco José Huber Olea Contó, quien dictó la sentencia contra Aguayo, por la cantidad de autos de lujo y objetos de arte que posee y que se investigue su origen.

El 20 de enero de 2016 el académico y periodista Sergio Aguayo publicó una artículo de opinión en el periódico Reforma y replicada en otros diarios del país donde hablaba de la actuación de Moreira.

"Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana", escribió Aguayo sobre Moreira, quien fue en 2011 presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según Moreira, Aguayo escribió ese texto para "ofender, insultar, calumniar y propinar injurias", lo que atentaba contra sus "sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación".

En 2013, se supo que Moreira residía en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), localidad a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo en octubre de 2012, al parecer a manos de presuntos miembros del cartel de Los Zetas.

Moreira fue detenido en España, en enero de 2016, por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y otros delitos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó la investigación el mismo 2016 al no hallar indicios de que blanqueara en España dinero procedente del narcotráfico o de la corrupción, decisión que fue después confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

No obstante, el mismo juez reabrió la investigación contra Moreira en 2018.

La semana pasada distintas organizaciones señalaron que este tipo de demandas es recurrente, cada vez más, por funcionarios públicos para inhibir la actividad de los periodistas.

El caso de Aguayo, que lleva meses en el candelero, ha trascendido más allá de México y, por ejemplo, en octubre de 2019, cuando ya hubo una primera sentencia millonaria -que también fue apelada- contra el periodista, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró "exorbitante y desproporcionada" la cifra.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) expresó también su preocupación e instó a aprobar con "urgencia" el marco normativo de protección al derecho al honor y la reputación.

La decisión de la Primera Sala del Supremo es el primer paso para que el asunto sea finalmente atraído y resuelto por el máximo tribuna mexicano si bien el asunto podría también regresar al tribunal colegiado.

EFE

 
Diario La Prensa recibe papel que Gobierno de Ortega le retuvo por 500 días

MANAGUA.- El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, recibió el papel y tinta que el Gobierno de Daniel Ortega mantuvo retenido por 500 días y que puso en peligro su circulación impresa, además de causar la reducción de sus páginas, desaparición de suplementos y el despido de cientos de trabajadores.

El papel y la tinta llegaron a las instalaciones del grupo Editorial La Prensa, donde funciona el diario La Prensa y el Hoy, a bordo de camiones de carga, y fue recibido en el estacionamiento en medio de emociones de sus directivos, periodistas, fotógrafos y trabajadores de esos medios, según constató Efe.

El gobierno de Ortega, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), empezó a bloquear las materias primas a La Prensa, fundado el 2 de marzo de 1926, desde septiembre de 2018, cinco meses después que estallara la crisis sociopolítica en la que está inmensa Nicaragua.

El gobierno de Ortega cedió a la entrega de la materia prima a Editorial La Prensa por las gestiones del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Sommertag, luego que ese grupo denunciara al Ejecutivo por la "asfixia económica" a la que estaba sometiendo a los diarios La Prensa y Hoy.

El nuncio, según explicó el presidente de Editorial La Prensa, Jaime Chamorro, fue notificado por el Gobierno de que levantarían dicho embargo aduanero.

La Prensa, continuó Chamorro, argumentó que la retención ilegal de sus materias primas violaba la libertad de expresión y el libre acceso a la información de todos los nicaragüenses, derechos establecidos en la Constitución Política.

"Esta crisis ha estado bastante grave. En los años 80 del siglo pasado (también gobernada por los sandinistas y en medio de una guerra civil) se vendían cantidades de periódicos, pero no hubo una crisis como ésta", recordó.

El primer Gobierno sandinista, que también encabezó Ortega, "nos permitieron (importar) papel. Rusia nos vendía. Todo mundo y ahora inventaron" ese bloqueo, apuntó.

Chamorro consideró que es la peor crisis que ha sufrido La Prensa en sus casi 94 años de historia, tuvieron que despedir al 70 % de sus periodistas, y valoraron dejar de circular en su versión impresa por falta de papel.

"Si La Prensa hubiera cerrado, hubiera sido el primer país del mundo sin un periódico impreso", sostuvo.

El fotoperiodista de La Prensa, Óscar Navarrete, se declaró con mucha alegría por la llegada del papel.

"Nos compromete continuar haciendo un periodismo profesional, independiente, franco y sincero", expresó.

En las bodegas de ese diario, además de papel y tinta, ya se encuentran planchas, repuestos y correas para la rotativa, y que la mayoría de materia prima se encuentra en buen estado, explicó el jefe de la rotativa de La Prensa, Álvaro Rivera.

La Prensa había dicho que su versión impresa podía desaparecer debido a que el Gobierno sandinista les mantenía retenido su papel desde hace 75 semanas, y en ese contexto pidió apoyo a la comunidad internacional para sobrevivir.

"Hagan uso de la obligación internacional. ¡No dejen morir a La Prensa!", clamó ese diario en un editorial el 27 de enero pasado.

El bloqueo aduanero que mantenía el Estado nicaragüense desde hace 17 meses del papel, tinta y otras materias al grupo Editorial La Prensa, así como a la empresa ND Medios, obligó al cierre de El Nuevo Diario, el segundo periódico de importancia en el país centroamericano.

El Nuevo Diario, el segundo más antiguo de Nicaragua, así como el rotativo Metro y el medio digital Maje, todos propiedad de ND Medios, del grupo financiero nicaragüense Promerica, dejaron de circular desde finales de septiembre pasado a causa de las presiones económicas del Gobierno.

La retención de papel también hizo desaparecer de las calles al periódico popular Q'Hubo, que también pertenecía a ND Medios, desde diciembre de 2018.

El Gobierno sostiene que el cierre de los periódicos obedece a razones administrativas, económicas y de credibilidad, más que a la retención del papel de prensa.

EFE

 
El duopolio de medios en Chile contra derecho al trabajo

Los grupos mediáticos dominantes El Mercurio y COPESA han despedido decenas de trabajadores y trabajadoras de la prensa en las últimas semanas.

La FEPALC expresa su solidaridad con los periodistas y trabajadores de prensa de Chile y respalda la lucha de los Sindicatos de El Mercurio y COPESA contra los recortes de personal que violan gravemente el derecho al trabajo y la libertad sindical.

Según denuncian las organizaciones sindicales dentro de las empresas vinculadas al Grupo El Mercurio han sido despedidas más de 50 personas, tratándose mayormente de trabajadores sindicalizados, por lo que los despidos ejecutados por la Corporación mediática se configura también en una violación a la libertad sindical.

Mientras en el Grupo COPESA otros tres trabajadores sindicalizados también fueron despedidos; el Sindicato pidió a la empresa acabar con la incertidumbre reinante respecto a las decisiones que tomará la empresa en este año 2020 y garantizó su apoyo a los afectados.

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe expresa una vez más su repudio a las prácticas patronales de los grandes conglomerados mediáticos de Chile que atentan contra el empleo y contra la libertad sindical. Al mismo tiempo se solidariza con los trabajadores afectados y con sus organizaciones sindicales y exige a las autoridades velar por el respeto a los puestos de trabajo y la libertad sindical.

 
Ecuador: Inhabilitación de emisora agita debate de libertad de expresión

QUITO.- La inhabilitación de frecuencia a una emisora pública de oposición en Ecuador, que había sido acusada de instigación en la ola de disturbios del pasado octubre, ha provocado críticas en círculos correístas y preocupación de defensores de la libertad de prensa y del relator especial de la CIDH, Edison Lanza.

El caso atañe a la emisora pública Radio Pichincha Universal, dependiente de la Prefectura donde se ubica la capital, Quito, y que desde 2019 está en manos de Paola Pabón, una política adepta al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017).

El jueves, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones, notificó a la emisora la próxima "extinción del título habilitante del servicio de radiodifusión sonora" y ordenó que se proceda al nombramiento de un "interventor".

La decisión, aún apelable, se sustenta en un intento anterior de inhabilitación por violación de un artículo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que alude a infracciones como "la prestación de servicios en contra de la seguridad nacional", entre otras.

Una infracción que supuestamente cometió el medio, bajo la dirección del periodista abiertamente crítico con el Gobierno Orlando Pérez, durante los disturbios que vivió el país en octubre de 2019.

En ese contexto el programa radial de esa emisora, "La Oreja", presuntamente instigó -según Arcotel- a "la paralización de servicios públicos".

En ese momento, cuando miles de indígenas, sindicalistas y opositores tenían tomadas las calles de Quito, el Gobierno ordenó la suspensión de emisiones y allanó la sede de la emisora, aunque a finales de ese mes una medida cautelar la devolvió al aire.

La nueva decisión de inhabilitación ha sido calificado por Pabón y su entorno como "un atropello a los derechos de la libertad de expresión y opinión" y aseguran que recurrirán a la justicia.

"Interpondremos una acción de protección con petición de medidas cautelares e informaremos a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", aseguró la prefecta, quien estuvo detenida 71 días -entre el 14 de octubre y el 24 de diciembre- por supuesta instigación de las movilizaciones populares y rebelión, junto a otros dos partidarios de Correa.

Las quejas han sido airadas en todo el espectro correísta, que paradójicamente en esta ocasión claman por que Moreno cumpla con su compromiso de preservar la libertad de expresión y opinión.

El mandatario prometió a los medios de comunicación y organismos defensores de la libertad de prensa que revertía las políticas seguidas por su antecesor, contenidas en una polémica Ley de Comunicación (LOC) de 2013 que era considerada una "mordaza" a la libertad de expresión.

En febrero de 2019, con apoyo de organizaciones y relatores internacionales, Moreno cumplió su promesa y reformó la LOC, si bien no con todo el alcance que le exigían gremios periodísticos.

Hoy, tras conocer el caso de Radio Pichincha, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), que alentó esas reformas, advirtió al Gobierno contra el cierre de la emisora.

"Fundamedios rechaza el cierre de un medio de comunicación pues considera que así se limita el espacio democrático y se restringe la libertad de expresión. Fiel a sus principios y a su posición histórica, la organización pide a las autoridades que, de manera urgente, reviertan la resolución que afecta a esta emisora pública", sostuvo en un comunicado.

En unas declaraciones a Efe, su director César Ricaurte, reiteró su "condena sin matices al cierre de Radio Pichincha Universal, y menos aún citando medidas o legislación derivada de una supuesta afectación a la seguridad".

"Eso no es propio de un Gobierno que se pretende democrático y que respeta plenamente las libertades", insistió sin "avalar las acciones, opiniones y comentarios" vertidas en esa emisora.

Hizo notar que se trata "de un medio público" y que en este caso "es el Estado tomando medidas contra otro órgano del Estado".

A las críticas también se ha sumado el relator especial de la CIDH para Libertad de Expresión, el uruguayo Edison Lanza.

"La revocación y cierre de un medio es medida de mayor gravedad. Seguimos con preocupación la resolución de Arcotel respecto a Pichincha Universal. Hemos recibido información del Estado Ecuador. La Relatoría analiza los fundamentos. Solicitamos mantener medidas protección judicial", escribió Lanza redes sociales.

Por el momento ningún miembro del Gobierno se ha pronunciado sobre la decisión de la entidad reguladora o sobre las incesantes críticas que ha generado la resolución, sobre todo de parte de periodistas que ven en el cierre de la emisora un nuevo "retroceso" tras la reforma de la LOC.

EFE

 
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Créditos: Eylen Jalilíe