Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Martes, 18 febrero 2020
Internacionales
CIDH pide a Ecuador y Colombia más esfuerzos en caso de periodistas muertos

WASHINGTON (EEUU).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó este jueves a Ecuador y a Colombia adoptar “mayores esfuerzos”, como la creación de un equipo conjunto, para la investigación del asesinato de un equipo del diario ecuatoriano El Comercio a manos de disidentes de las FARC.

“La colaboración penal internacional entre los dos Estados involucrados requiere la adopción de mayores esfuerzos”, reza el informe del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) conformado para investigar el secuestro y posterior asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.

Ortega (36), Rivas (45) y Segarra (60) fueron secuestrados el 26 de marzo en el 2018 en la zona de Mataje, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, donde recababan información para El Comercio sobre las consecuencias de los ataques ocurridos en la zona. El equipo periodístico fue asesinado en Colombia el 7 de abril de ese año.

El documento, de más de cien páginas, puntualiza que “la asistencia penal internacional es solo una forma de cooperación” y, en ese sentido, menciona “otras posibilidades más intensas como la creación de equipos de investigación en conjunto por parte de los países involucrados”.

El informe fue dado a conocer en Washington, sede de la CIDH, en una sesión a la que acudieron familiares de las víctimas, delegados de ambos gobiernos, así como la presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena, el secretario ejecutivo de ese organismo, Paulo Abrao, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.

“Quiero expresarle a todos el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con este informe; voy a garantizarlo, no va a quedar ni en el aire ni en la nada”, señaló Arosemena al cierre de la sesión.

En declaraciones a Efe, la presidenta de la CIDH consideró que el informe constituye “una hoja de ruta que puede orientar y guiar un trabajo que definitivamente corresponde a los Estados”.

Un informe inédito

Lanza explicó a Efe que este es un informe que “por primera vez hace la investigación sobre la marcha”.

“Es un logro de estas familias que han movido a los Estados y a la Comisión para que se cree este mecanismo especial”, explicó Lanza, quien aseguró que el informe “tiene una serie de pistas” sobre los aspectos en los que los Estados pueden mejorar.

El relator mencionó, entre otros aspectos, “la cooperación para poder contar el caso en su totalidad”, y sugirió que, además del equipo conjunto de investigación, se cuente con una comisión de expertos independientes para revisar la documentación que no se ha desclasificado.

“Todo lo que se hizo fue marcar cuáles son las cuestiones con las cuales hay que salir adelante”, agregó Lanza, quien apuntó que los familiares pusieron sobre la mesa un “nuevo desafío” al solicitar a la CIDH y la relatoría la creación de un mecanismo de seguimiento.

Que esto no vuelva a pasar

Sobre el informe, Yadira Aguagallo, quien era pareja de Paúl Rivas, dijo que sienta un precedente no solo en Ecuador y Colombia sino también “en el continente entero, porque es terriblemente injusto que este sea el continente en que te maten por hacer periodismo y que además de eso tu familia tenga que sufrir la impunidad”.

“Nada nos devuelve a Paúl, a Javier y al señor Segarra, pero creemos que si este mecanismo ayuda a que esto no le vuelva a pasar a ningún periodista, habrá cumplido con su propósito”, declaró a Efe, y, al recordar el “mantra” que los ha acompañado durante estos meses, prometió que “nadie se cansa”.

“Por Javier, Efraín, Paúl, no nos cansaremos, seguiremos adelante”, anticipó por su parte Galo Ortega, padre de Javier Ortega, quien calificó de “esperanzador” el informe.

 
Periodistas ven cada más difícil ejercer su profesión en Honduras

HONDURAS.- La muerte violenta de 83 periodistas y comunicadores sociales, ocho de ellos en lo que va de 2019, y algunas leyes que atentan contra la libertad de expresión y de prensa, han convertido a Honduras en un país "hostil" para el ejercicio del periodismo.

"El ejercicio periodístico (...) es bastante difícil, Honduras se ha vuelto un país o un territorio hostil para el periodismo y la libertad de expresión", dijo este jueves a Efe el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, al explicar los obstáculos que entorpecen la labor de los periodistas.

IMPUNIDAD

Rodríguez, redactor del diario "La Prensa", señaló que la situación "es de mucha preocupación", ya que en lo que va de 2019 suman ocho los periodistas y comunicadores asesinados por causas no esclarecidas por las autoridades.

Agregó que el CPH ha venido planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de que "el Estado emprenda una investigación seria, contundente sobre el asesinato de periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de los medios de comunicación, en vista de que hay una alta impunidad", de más del 90 %, según el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH).

El directivo del CPH recordó que de los 83 periodistas y comunicadores asesinados, solamente siete han sido judicializados.

"Lo más grave es que aunque se ha capturado a los autores materiales de los siete casos que han sido judicializados, los autores intelectuales siguen en la completa impunidad", recalcó.

AMENAZAS Y AGRESIONES

Muchos periodistas también son víctimas de amenazas de muerte o son agredidos físicamente, algunos de ellos cuando participan en manifestaciones en las calles, algunas contra el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

El 26 de septiembre, la periodista Sandra Maribel Sánchez, de Radio Progreso en Tegucigalpa, fue víctima de un atentado con arma de fuego cuando llegaba a su casa, en el sur de la capital.

Sánchez dijo entonces a EFE que un sujeto armado que se bajó de una motocicleta le apuntó en la cabeza y le ordenó que no bajara del auto, en que ella se conducía.

El hombre huyó al ver un auto acercarse, según el relato de Sánchez, quien además señaló que "cualquiera que fuera el propósito de ponerle un arma en la cabeza a una persona, no es normal".

La directora del diario Proceso Digital, Marlen Perdomo, dijo a EFE que "es un tema difícil en el país lo que vive la prensa", además de "preocupante y cada vez más complicado, por que solo en lo que va del año, cada 41 días está muriendo violentamente un comunicador o un periodista".

"Creemos que la impunidad en estos casos está jugando muchísimo en contra del gremio, tenemos que saber que en el escenario hay muchísimo nuevos actores, primero está el crimen organizado, las pandillas, las autoridades locales, alcaldes, y aparte de eso las formas violentas con que a veces las autoridades ejercen sus funciones contra los periodistas", indicó Perdomo.

MAYOR PROTECCIÓN

En su opinión, ante los escenarios para la prensa en el país, "debe ser más funcional" el Mecanismo Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Aunque muchos defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas están acogidos al Mecanismo de Protección, Perdomo, exdocente universitaria de periodismo, considera que "no es suficiente la acción que se está haciendo, ni la cobertura que se les está brindando".

Perdomo coincide con otros periodistas hondureños en que ejercer la profesión en su país es cada vez más "difícil", lo que se ve reflejado en los más de 80 que han sido asesinados desde 2001.

Además, subrayó que "el sistema de justicia debe funcionar de verdad, porque en más del 90 % de los casos no se sabe por qué los han matado y, "mientras eso siga ocurriendo, vamos a tener una estela de impunidad que complica el panorama".

El 26 de noviembre de 2018, otro periodista, Geovany Sierra, del Canal de Televisión UNETV, resultó herido de bala en su brazo derecho, cuando cubría una manifestación en los alrededores de la Casa Presidencial. Según denuncias del canal, un policía habría disparado desde un autobús del Sistema Penitenciario que circulaba por el sector donde se produjo la manifestación.

El CONADEH, las Naciones Unidas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos humanitarios locales han venido condenando el asesinato de comunicadores sociales y periodistas en Honduras.

El caso más reciente de un periodista asesinado se registró el pasado lunes en Puerto Cortes, en el Caribe hondureño. Se trata de José Arita, quien fue atacado a tiros cuando salía del Canal 12, de la televisión local.

PERIODISMO DE ALTO RIESGO

El presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortiz, indicó a EFE que es "condenable" tanto asesinato de periodistas e impunidad, y que "el Estado está obligado a dar respuestas a la ciudadanía, a sus familiares y al gremio periodístico".

Añadió que en la APH les preocupa la situación y que el Mecanismo de Protección a los periodistas y comunicadores tiene "muchas debilidades", entre ellas la falta de presupuesto para funcionar bien, ya que así como está "no hay una respuesta concreta, inmediata y rápida".

Ortiz señaló que actualmente hay 27 comunicadores sociales y 26 periodistas con medidas de protección, pero que la situación es preocupante porque hay casos de amenazas y agresiones que no trascienden en los medios de comunicación.

"Ahora estamos ejerciendo un periodismo de alto riesgo en Honduras, al igual que en otros países", expresó Ortiz, quien además abogó por "una investigación científica, la que no hay por parte de los operadores de justicia".

"Si no hay una investigación, significa que hay impunidad y, si hay impunidad, habrá más asesinatos de periodistas", agregó.

EFE

 
Colombia: Denuncian retención de 3 periodistas en protesta en Barranquilla

BOGOTÁ.- El diario colombiano El Heraldo denunció que dos de sus periodistas y un reportero gráfico de otro medio fueron retenidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía mientras cubrían una protesta estudiantil en la ciudad de Barranquilla (norte) contra las políticas del Gobierno.

Los detenidos que trabajan en El Heraldo son la reportera Cheyenne Luján y la fotógrafa Mery Granados, mientras que la otra persona que fue subida por los uniformados a un camión de la Policía es el reportero gráfico independiente Carlos Cordero.

Viany Pérez Vargas, editora de El Heraldo, detalló a Efe que los reporteros fueron retenidos en un enfrentamiento entre manifestantes y el Esmad, que llegó a la zona de la protesta para despejar la Autopista Circunvalar que había sido bloqueada.

"Estaban registrando los hechos y a Carlos Cordero lo tiraron al suelo y le quitaron la cámara. Mery siguió tomando fotografías y luego a ellas las subieron también al camión del Esmad, aunque a Mery no le quitaron la cámara fotográfica", añadió.

Según relató, las reporteras de El Heraldo se identificaron como periodistas y los uniformados las bajaron del camión para llevarlas en una patrulla a una estación policial, donde el periódico está haciendo el trámite para que las "dejen libres".

"Lo que argumenta la Policía es que lo hicieron dentro del procedimiento de disolución de la manifestación y no diferenciaron supuestamente (entre periodistas y manifestantes), pese a que ellas mostraron su identificación", detalló.

La editora señaló que El Heraldo rechaza "la forma en la que la Policía procede porque entendemos la labor que tienen que hacer las autoridades de control pero evidentemente la labor informativa está por encima de todo y ellos estaban ejerciendo su tarea, no tenían que ser retenidas".

Frente a esta situación, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) aseguró que está "documentando la retención ilegal de varios periodistas en la ciudad de Barranquilla mientras cubrían la jornada de protesta de hoy" y exigió su "liberación inmediata".

Desde el pasado jueves miles de colombianos se congregan en las calles de las principales ciudades del país para manifestarse en contra de las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, si bien con el pasar de los días otras motivaciones se han sumado, lo que empieza a causar pérdidas sobre todo al comercio.

EFE

 
La FIP presenta una guía contra el acoso online a mujeres periodistas

El acoso online en redes sociales y sitios web se dirige a mujeres periodistas de cualquier origen político, religioso y étnico. Uno de los aspectos principales de estos ataques es que son de género y suelen estar sexualizados.

Sin embargo, muchas mujeres que sufren este tipo de ataques reciben poco apoyo de sus empleadores y, hasta el momento, muchos sindicatos han desarrollado herramientas limitadas para acabar con este problema. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha lanzado una nueva guía para apoyar a los medios de comunicación y a los sindicatos a dar una respuesta colectiva al acoso y violencia online.

Una encuesta de la FIP realizada en 2018 mostró que el 43% de las mujeres encuestadas habían sido sometidas al acoso online. Otra encuesta de la FIP realizada en 2018 mostró que sólo la mitad de las víctimas de abusos en línea (53%) denunciaron los ataques a la dirección de sus medios de comunicación, al sindicato o a la policía, y en dos tercios de los casos nadie hizo nada.

En su nueva guía, la FIP da apoyo tanto a los medios de comunicación como a los sindicatos para que tomen medidas contra este tipo de abuso.

Asumiendo que los empleadores de los medios de comunicación tienen el deber de garantizar un lugar de trabajo seguro y proporcionar mecanismos sólidos para que las mujeres denuncien y sean protegidas cuando son objeto de abusos online, la FIP pide una mayor concienciación y formación del personal en esta materia, insiste en la importancia de definir los actos de misoginia y de tomar más medidas para mejorar los sistemas de moderación de los comentarios de odio, de formar a los periodistas en materia de seguridad digital y de hacer que las empresas de redes sociales rindan cuentas por albergar y permitir comentarios abusivos. La FIP también recomienda enviar mensajes públicos colectivos a las mujeres que han sido víctimas de abusos para mostrar a los acosadores que sus víctimas no están solas.

Los medios de comunicación también deben reflexionar sobre sus propias prácticas en igualdad de género y examinar las desigualdades dentro de su propia estructura y su forma de informar sobre la violencia de género.

La presidenta del Consejo de Género de la FIP, María Ángeles Samperio, dijo: “Uno de los aspectos principales del acoso online es que la persona a la que se apunta se siente aislada e impotente. Se necesita una respuesta colectiva a través de políticas internas, legislación y señales externas de apoyo. Deseamos transmitir a las compañeras que sufren esta violencia un mensaje claro de que el acoso online no es tolerable y que no están solas. Como empleadores, los medios de comunicación tienen el deber de garantizar la seguridad en el trabajo y el abuso en línea puede considerarse una cuestión de seguridad y también de salud”.

La FIP también pidió a los sindicatos que adopten mecanismos para dar apoyo a sus afiliadas. Es muy importante conocer la legislación vigente y hacer campaña, si fuera necesario, por cambios legislativos que den más garantías a las periodistas así como de proporcionar una página web con todos los contactos y pasos a seguir por las mujeres en caso de sufrir abusos. Los sindicatos también deben ofrecer a sus afiliadas un espacio de diálogo y formación a sus afiliados/as para contrarrestar el acoso online e identificar a los acosadores.

La FIP ha pedido a sus afiliados que hagan campaña a nivel nacional para la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo adoptado en junio de 2019. El instrumento reconoce la violencia de género, incluida la violencia en línea, como una cuestión de salud y seguridad.

El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, dijo: “Nos hemos unido a la Federación de Sindicatos Globales para pedir a los gobiernos del mundo que ratifiquen el convenio de la OIT. Esta es la única convención que aborda la violencia de género, incluyendo la violencia en línea, y es de suma importancia en nuestro sector. La violencia de género, así como el acoso online, deben ser considerados como cuestiones de salud y seguridad y los trabajadores de los medios de comunicación deben estar legalmente protegidos cuando su ambiente de trabajo es inseguro. Los empleadores de los medios de comunicación tienen el deber de garantizar un lugar de trabajo seguro y este Convenio lo permitirá”.

La FIP hace un llamamiento a todos sus afiliados para que se unan a los 16 días de acción en favor de la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

 
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