Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Viernes, 20 setiembre 2019
Internacionales
El Salvador: Bloquean participación de dos medios de investigación en conferencias de prensa

ÁMSTERDAM.- Las autoridades salvadoreñas deben dejar de bloquear la participación de los medios digitales de periodismo investigativo El Faro y Revista Factum en las conferencias de prensa celebradas en la Casa Presidencial, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), por sus siglas en inglés).

Hoy, las autoridades de la Casa Presidencial, situada en San Salvador, la capital, le impidieron al reportero de la Revista Factum Rodrigo Baires ingresar a una conferencia de prensa ofrecida por un ministro del Gobierno, el periodista declaró al CPJ por vía telefónica. Según Baires, un oficial de seguridad le dijo: “Tú eres de Factum, no puedes entrar”.

Anteriormente, el 6 de septiembre, agentes de seguridad de la Casa Presidencial les habían prohibido al reportero de El Faro Gabriel Labrador y al reportero de la Revista Factum Fernando Romero participar en una conferencia de prensa del presidente Nayib Bukele, ambos periodistas declararon al CPJ por vía telefónica. Horas después ese mismo día, la Presidencia divulgó un comunicado por Twitter, en el cual expresaba que a ambos medios se les había negado el ingreso debido a su “mal comportamiento” y señalaba que ambos reporteros podían ser admitidos nuevamente si mostraban respeto por la labor de los demás periodistas y de la institución de la Presidencia.

El comunicado también reafirmaba reiteradamente que el Gobierno era “respetuoso de la libertad de prensa” y de la accesibilidad a los medios.

“En lugar de divulgar comunicados que describen su compromiso con la libertad de prensa, las autoridades salvadoreñas deben demostrar ese compromiso permitiéndoles a los periodistas cubrir las conferencias de prensa gubernamentales”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Debe permitirse que los medios de prensa informen sobre actos de interés público sin enfrentar arbitrarios obstáculos al ingreso. Las autoridades salvadoreñas deben restablecer de inmediato el acceso de El Faro y la Revista Factum a la Casa Presidencial”.

Ambos medios han sido críticos de la gestión de Bukele. Hace poco El Faro publicó una investigación que afirmaba que Bukele había incumplido su promesa de campaña de actuar con transparencia en el Gobierno, mientras que la Revista Factum ha publicado una serie de reportajes sobre ministros y empleados públicos nombrados por el presidente que presuntamente habían intervenido en negociaciones secretas con las pandillas en Gobiernos anteriores.

Labrador expresó que, durante la visita que realizó el 6 de septiembre a la Casa Presidencial, él ya había pasado dos de los tres controles de seguridad cuando se le acercó un responsable de prensa y le dijo que no se permitía su presencia en el evento.

“Pensé que era una broma, pero cuando tratamos de caminar por el tercer control, a mi compañero, el fotógrafo Víctor Peña, y a mí nos impidieron el paso los soldados que protegen la residencia presidencial”, afirmó Labrador.

El comunicado emitido por la Presidencia acusaba a ambos medios de irrumpir en el evento “a gritos” y de dirigirse de “manera irrespetuosa y petulante” a personal de la Casa Presidencial.

Labrador declaró al CPJ que, el 27 de agosto, los responsables de prensa de Bukele terminaron una conferencia de prensa justo cuando el reportero de El Faro Jimmy Alvarado se disponía a hacer una pregunta, y el reportero alzó la voz para que se escuchara su pregunta.

Romero describió un incidente similar ocurrido el 2 de julio, cuando se puso fin a una conferencia de prensa justo cuando el reportero de la Revista Factum Bryan Avelar iba a hacerle una pregunta al presidente, pero señaló que Avelar no había alzado la voz.

“Estas cosas están pasando con bastante frecuencia. Tú, como periodista, pides tu turno para preguntarle [al presidente], pero cuando llega tu momento, ellos terminan la conferencia o a veces hasta apagan el micrófono”, expresó Romero.

El CPJ llamó en tres ocasiones a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia; todas las veces, una persona respondía y decía que transferiría la llamada del CPJ, pero luego colgaba. El CPJ se comunicó con Sofía Medina, la secretaria de Comunicaciones del presidente, mediante una aplicación de mensajería, pero Medina no respondió.

 
Nuevo Código Penal de Honduras dejará de tipificar difamación como delito

MIAMI.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) acogió con beneplácito el anuncio del Congreso Nacional de Honduras de que el país despenalizará la difamación y la injuria.

El 26 de agosto, Mario Pérez, presidente de la comisión a cargo de modificar el Código Penal del país, anunció que el nuevo código eliminará los llamados “delitos contra el honor”, como la difamación, la calumnia y la injuria, los cuales pasarán al Código Civil, según versiones de prensa y una declaración del Congreso. El nuevo código también eliminará reglas que responsabilizan penalmente al personal de los medios de comunicación por lo publicado por sus empresas, según esas informaciones de prensa. Las modificaciones efectuadas al código, que han sido aprobadas por el Congreso, entrarán en vigor cuando el nuevo código entre en vigencia el 10 de noviembre, según lo indicado por la prensa.

“La decisión del Congreso de Honduras de eliminar los delitos contra el honor del Código Penal y sumarse al creciente consenso regional en el sentido de que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en las demandas por difamación es un paso positivo”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. “En un país donde los periodistas se enfrentan a enormes retos, la decisión de despenalizar la difamación es una victoria bienvenida para la libertad de prensa en Honduras”.

El periodista televisivo hondureño Ariel Armando D'Vicente fue sancionado penalmente por difamación en 2016, y el director de Radio Globo, David Romero Ellner, en la actualidad cumple una pena de 10 años de cárcel por difamación, según datos del CPJ. Según una nota publicada en el diario local El Heraldo, Romero tendrá derecho a apelar su sentencia en virtud del nuevo Código Penal.

 
Asesinan a periodista de Cablemar TV en Copán, Honduras

ÁMSTERDAM.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condenó el asesinato de Edgar Joel Aguilar, reportero y presentador de Cablemar TV, e instó a las autoridades hondureñas a realizar una investigación rigurosa y enjuiciar a los responsables del crimen.

El 31 de agosto, dos sujetos no identificados entraron a una barbería que Aguilar frecuentaba cada sábado, en la localidad de La Entrada, Copán, en la región occidental del país, y le dispararon al periodista, según declaró al CPJ el director de Noticias de Cablemar TV, Carlos Chinchilla, por vía telefónica.

Aguilar daba cobertura a las noticias generales, inclusive las relacionadas con la violencia y el crimen en la zona, para Cablemar TV y trabajaba como corresponsal regional de Canal 6, un canal de noticias nacional, según Chinchilla e informaciones de la prensa local.

Un vocero de la Policía de Copán declaró que Aguilar había solicitado protección el día antes de su muerte, pues había recibido amenazas y temía por su vida, informóel sitio web de noticias Criterio. El vocero no ofreció mayores detalles.

Danilo Morales, director del Mecanismo Nacional de Protección de periodistas, comentó al sitio noticioso Reporteros de Investigación que “nunca fuimos informados de amenazas a su persona”.

El CPJ efectuó varias llamadas a Morales, pero no fueron respondidas. Morales tampoco respondió de inmediato a una solicitud de declaración enviada por una aplicación de mensajería.

“Las autoridades hondureñas deben tomar prontas medidas para investigar el asesinato de Edgar Joel Aguilar, enjuiciar a los responsables y comprometerse a garantizar la seguridad de los periodistas que son víctima de amenazas”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. “Las medidas proactivas para proteger a los periodistas y enjuiciar a los perpetradores de los crímenes son la única manera de combatir la generalizada impunidad en Honduras, donde los responsables de las amenazas contra los periodistas raramente enfrentan las consecuencias”.

Aguilar, de 39 años, había trabajado como periodista en la región por 19 años y era muy conocido, afirmó Chinchilla, quien agregó: “[Aguilar] solía trabajar en la radio y tenía una significativa base social de popularidad. Tenía a muchas personas que lo apoyaban en la región”.

Chinchilla expresó que el periodista frecuentemente recibía amenazas por su cobertura noticiosa sobre la delincuencia y por su provocador estilo informativo.

De acuerdo con Chinchilla, el 13 de agosto un grupo de sujetos llegó al canal de noticias en Copán e intentó atacar al periodista luego de que Chinchilla informara sobre mototaxis ilegales. “Tenían tubos y bates y querían golpearlo, pero afortunadamente pudimos calmarlos”, señaló Chinchilla, y añadió que el incidente fue denunciado a la Policía.

En 2017, la organización hondureña defensora de la libertad de expresión C-Libreinformó que Aguilar había recibido amenazas de muerte mediante WhatsApp. Y en 2012, sujetos no identificados le dispararon a un vehículo en el cual viajaba Aguilar, según un comunicado sobre su muerte difundido el 31 de agosto por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Como mínimo seis periodistas hondureños han sido asesinados en represalia directa por su labor informativa desde 1992, entre ellos el periodista de Valle TV Leonardo Gabriel Hernández, quien fue asesinado en marzo, según datos del CPJ. El CPJ investiga otros 22 casos, sin contar el de Aguilar, para determinar si el trabajo periodístico de la víctima fue uno de los motivos del asesinato.

 
FAPE respalda comunicado FEPALC que exige acciones tras crimen de periodista mexicano

MADRID.- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), asume y respalda el comunicado emitido por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), tras el asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo, en Tejupilco, en el que expresa su consternación ante lo que considera una política de exterminio de periodistas en México. En lo que va del 2019 se han asesinado a 13 periodistas y comunicadores sociales sin que ninguno de los responsables materiales o intelectuales haya sido llevado a la justicia.

La FEPALC ve con especial preocupación que la violencia contra los periodistas en México se esté normalizando. Por ello hace un abierto llamado a todas las organizaciones de periodistas en el mundo y organismos internacionales a mirar el horror que ocurre en México. ¿Cuántos colegas más tienen que asesinar para que el mundo se movilice en torno a esta atrocidad?

La FAPE se suma a la FEPALC, que representa a sindicatos y federaciones de periodistas de América Latina y el Caribe, en su repudia de este nuevo asesinato y se une al clamor de su afiliado, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador una política de protección efectiva y lucha frontal contra la impunidad.

En circunstancias como estas reconocemos más que nunca la necesidad de contar a nivel de Naciones Unidas con un convenio internacional como el que viene impulsando la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que incrementaría la presión a los Estado para que prevengan y castiguen a los agresores de periodistas y combatan la impunidad.

En los últimos tres años México ha sido el país más peligro para ejercer el periodismo, con más crímenes que territorios en guerra. No aceptamos más las versiones oficiales, que se han sucedido gobierno tras gobierno, que intentan descartar la pista profesional en la mayoría de los casos. El Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad. Recurrimos por ello -de manera especial- a la Unión Europea a invocar la cláusula democrática de los acuerdos comerciales suscritos con México. No puede considerarse democrático un Estado que mantiene cifras de impunidad de 98% en los crímenes de nuestros colegas. México se desangra y esta vez gobiernos y criminales tienen que oír la voz de los periodistas del mundo que no estamos dispuestos a seguir enterrando colegas por el hecho de ejercer su trabajo.

El comunicado emitido por la FEPALC y asumido y respaldado por la FAPE, está rubricado, además, por  la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE), la Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, la Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO), la Associations des Journalistes Haitiens (AJH), el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México (SNRP), el Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la Asociación de Prensa Uruguaya (APU), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de República Dominicana (SNTP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

 
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Créditos: Eylen Jalilíe