Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Martes, 18 febrero 2020
Internacionales
Ecuador: Inhabilitación de emisora agita debate de libertad de expresión

QUITO.- La inhabilitación de frecuencia a una emisora pública de oposición en Ecuador, que había sido acusada de instigación en la ola de disturbios del pasado octubre, ha provocado críticas en círculos correístas y preocupación de defensores de la libertad de prensa y del relator especial de la CIDH, Edison Lanza.

El caso atañe a la emisora pública Radio Pichincha Universal, dependiente de la Prefectura donde se ubica la capital, Quito, y que desde 2019 está en manos de Paola Pabón, una política adepta al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017).

El jueves, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones, notificó a la emisora la próxima "extinción del título habilitante del servicio de radiodifusión sonora" y ordenó que se proceda al nombramiento de un "interventor".

La decisión, aún apelable, se sustenta en un intento anterior de inhabilitación por violación de un artículo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que alude a infracciones como "la prestación de servicios en contra de la seguridad nacional", entre otras.

Una infracción que supuestamente cometió el medio, bajo la dirección del periodista abiertamente crítico con el Gobierno Orlando Pérez, durante los disturbios que vivió el país en octubre de 2019.

En ese contexto el programa radial de esa emisora, "La Oreja", presuntamente instigó -según Arcotel- a "la paralización de servicios públicos".

En ese momento, cuando miles de indígenas, sindicalistas y opositores tenían tomadas las calles de Quito, el Gobierno ordenó la suspensión de emisiones y allanó la sede de la emisora, aunque a finales de ese mes una medida cautelar la devolvió al aire.

La nueva decisión de inhabilitación ha sido calificado por Pabón y su entorno como "un atropello a los derechos de la libertad de expresión y opinión" y aseguran que recurrirán a la justicia.

"Interpondremos una acción de protección con petición de medidas cautelares e informaremos a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", aseguró la prefecta, quien estuvo detenida 71 días -entre el 14 de octubre y el 24 de diciembre- por supuesta instigación de las movilizaciones populares y rebelión, junto a otros dos partidarios de Correa.

Las quejas han sido airadas en todo el espectro correísta, que paradójicamente en esta ocasión claman por que Moreno cumpla con su compromiso de preservar la libertad de expresión y opinión.

El mandatario prometió a los medios de comunicación y organismos defensores de la libertad de prensa que revertía las políticas seguidas por su antecesor, contenidas en una polémica Ley de Comunicación (LOC) de 2013 que era considerada una "mordaza" a la libertad de expresión.

En febrero de 2019, con apoyo de organizaciones y relatores internacionales, Moreno cumplió su promesa y reformó la LOC, si bien no con todo el alcance que le exigían gremios periodísticos.

Hoy, tras conocer el caso de Radio Pichincha, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), que alentó esas reformas, advirtió al Gobierno contra el cierre de la emisora.

"Fundamedios rechaza el cierre de un medio de comunicación pues considera que así se limita el espacio democrático y se restringe la libertad de expresión. Fiel a sus principios y a su posición histórica, la organización pide a las autoridades que, de manera urgente, reviertan la resolución que afecta a esta emisora pública", sostuvo en un comunicado.

En unas declaraciones a Efe, su director César Ricaurte, reiteró su "condena sin matices al cierre de Radio Pichincha Universal, y menos aún citando medidas o legislación derivada de una supuesta afectación a la seguridad".

"Eso no es propio de un Gobierno que se pretende democrático y que respeta plenamente las libertades", insistió sin "avalar las acciones, opiniones y comentarios" vertidas en esa emisora.

Hizo notar que se trata "de un medio público" y que en este caso "es el Estado tomando medidas contra otro órgano del Estado".

A las críticas también se ha sumado el relator especial de la CIDH para Libertad de Expresión, el uruguayo Edison Lanza.

"La revocación y cierre de un medio es medida de mayor gravedad. Seguimos con preocupación la resolución de Arcotel respecto a Pichincha Universal. Hemos recibido información del Estado Ecuador. La Relatoría analiza los fundamentos. Solicitamos mantener medidas protección judicial", escribió Lanza redes sociales.

Por el momento ningún miembro del Gobierno se ha pronunciado sobre la decisión de la entidad reguladora o sobre las incesantes críticas que ha generado la resolución, sobre todo de parte de periodistas que ven en el cierre de la emisora un nuevo "retroceso" tras la reforma de la LOC.

EFE

 
FEPALC repudia asesinato de periodista mexicano y exige justicia

El pasado 8 de enero fue encontrado el cuerpo sin vida del colega Fidel Ávila Gómez, locutor y gerente de la radiodifusora La Ke Buena, que se encontraba desaparecido desde el 29 de noviembre de 2019.

Según la Fiscalía mexicana el comunicador fue hallado dentro de su vehículo en el municipio de San Lucas, Estado de Michoacán, y presentaba varias heridas de bala, las autoridades señalaron también que aún no tienen mayores datos respecto al crimen.

Ávila Gómez es el primer periodista asesinado en el 2020, justamente en México, que ha tenido el número malas alto de periodistas asesinados en 2019. Según los registros de la Federación Internacional de Periodistas 10 comunicadores fueron asesinados en México en el pasado año.

Desde la Federación de Periodistas de América Latina repudiamos el crimen atroz contra el colega Ávila y nos solidarizamos con los y las colegas de México. Junto al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de dicho país exigimos "una intervención pronta y decidida de las autoridades judiciales correspondientes para encontrar y castigar a los autores materiales e intelectuales del crimen de Fidel Ávila, y así detener el clima de impunidad que prevalece en México, en los casos de desaparición y muerte de trabajadores del periodismo.”

 
Cómo informar sobre violencia de género

NACIONES UNIDAS.- La violencia de género y, en especial, la sexual tiene aterrorizadas a mujeres y niñas de todo el mundo, ya que una de cada tres la ha padecido. Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la concienciación sobre estos temas, y contribuyen a que las autoridades tomen medidas de prevención, pero también pueden resultar contraproducentes.

Cuando se informa sobre violencia de género sin el debido cuidado y sin tomar los recaudos necesarios, puede ponerse en riesgo a las víctimas, ya sea por explotación o por exponerla al estigma o a represalias.

Cuando integrantes de la comunidad yazidi fueron sometidas a condiciones de esclavitud y sufrieron violencia sexual a manos del Estado islámico, numerosos medios de prensa reclamaron que la comunidad internacional tomara medidas.

Algunas mujeres esperan contribuir con la justicia cuando comparten sus historias. Pero otras sienten que les hace más mal que bien, explicó la especialista Sherizaan Minwalla.

“Investigamos cómo se sienten las mujeres yazidíes respecto de cómo los periodistas reúnen e informan sobre sus historias”, explicó.

“La mayoría de las consultadas describieron experiencias con, o percepciones de, periodistas que sugieren un quiebre en la ética profesional, pues parecen no tener en cuenta en qué medida su reportaje puede impactar de forma negativa en las sobrevivientes traumatizadas, generando un daño mayor al bienestar individual y colectivo”, precisó Minwalla.

Por ello existen nuevas iniciativas que ayudan a los periodistas a entender los peligros a la hora de informar sobre este tema. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres (CWGL), de la Universidad de Rutgers, se asociaron para ofrecer recursos y pautas a los profesionales de la prensa, entre otras ofertas.

El periodismo constituye una de las pocas alternativas disponibles para dar a conocer las historias de las sobrevivientes”, señaló Jafar Irshaidat, especialista en comunicaciones de UNFPA en Jordania. “Lamentablemente, los periodistas pueden convertirse en parte del problema”, acotó.

Irshaidat ha realizado capacitaciones a profesionales de la prensa en las que les alienta a cubrir temas de violencia de género y a profundizar sobre las posibles causas que generan más daño. Los seminarios usan vídeos y fomentan debates para explorar temas como el consentimiento, la protección y la revictimización, así como mitos sobre las víctimas de violencia de género.

“La capacitación fue realmente reveladora. Nunca había recibido información sobre la violencia de género y los aspectos sensibles de la cobertura”, reconoció Bushra Nairoukh, periodista de Jordania.

“Me siento más responsable como periodista ahora que recibí información sobre este tema tan importante”, añadió.

El UNFPA también trabaja con otros socios humanitarios para crear pautas para los medios, además de un manual específico para Siria. Las oficinas de la agencia en Yemen, Siria y otros países también han realizado talleres sobre el tema.

Esas iniciativas ya están marcando una diferencia. Desde 2014, más de 500 periodistas han participado en los seminarios del UNFPA en Jordania y unos 1.500 han recibido algún tipo de información vinculada a este tema.

“Aprendí sobre las posibles consecuencias de la cobertura y sobre cómo redactar de forma de no generar un daño mayor a quienes trato de ayudar, en particular mujeres y niñas vulnerables”, relató Fatma Ramadan, de Egipto.

El CWGL, creador de la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, busca crear un manual, un sitio de Internet y una aplicación para dispositivos electrónico que ayuden a los y las periodistas a cubrir estos temas.

En 2018, el CWGL y el UNFPA realizaron varias consultas a profesionales de la prensa en Amán para comprender las dificultades que atraviesan en su trabajo. Con la información que reunieron elaboraron un manual, además de otros recursos.

Muchos profesionales señalaron que las capacitaciones tienen que llegar a todos los trabajadores de las redacciones. “Se quejan de que, en muchos casos, sus reportajes quedan por el camino en la mesa de edición, lo que subraya la necesidad de llegar a los editores”, indicó Irshaidat.

El periodismo ofrece oportunidades para el pensamiento creativo y la resolución de problemas. Es posible incentivar a los profesionales a encontrar formas creativas de informar sobre la violencia de género sin caer en entrevistas personales invasivas, como “reportajes más exploratorios que analicen las ramificaciones sociales de la misma así como el dominio masculino”, explicó.

El 19 de diciembre, el UNFPA y el CWGL se asociaron para trabajar de forma conjunta en contra de la violencia de género. La colaboración busca llegar a los profesionales de la prensa con el fin de contribuir a cambiar la percepción global sobre este asunto.

“Miramos nuestro trabajo con periodistas y cambiamos el discurso sobre cómo se cubre el tema en los medios”, explicó Krishanti Dharmaraj, directora ejecutiva de CWGL, cuando la firma del acuerdo en Nueva York.

“Esta alianza acelerará el avance”, confió por su parte Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA. “Acelerará la acción”, coincidió.

(IPS).

 
Persisten asesinatos contra periodistas y defensores de derechos humanos en México

MÉXICO.- Los asesinatos de al menos 24 defensores de derechos humanos y 11 periodistas han puesto el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en la misma senda de violencia hacia estos colectivos que la registrada en años anteriores en México.

La llegada a la presidencia del político izquierdista, que inició su gobierno el 1 de diciembre de 2018, anticipaba un cambio en el difícil panorama que viven los defensores y periodistas en este país desde hace más de diez años. Pero la impunidad se mantuvo, perjudicando a ambos grupos.

"La violencia contra periodistas y defensores no es nueva, viene desde 2006 cuando se empezaron a documentar los asesinatos y agresiones a ambas poblaciones", dijo en entrevista con Efe Mario Andrés Hurtado Cardozo, integrante de la agrupación Espacio OSC.

El miembro de esta agrupación - que articula de organizaciones nacionales e internacionales por la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México- recordó que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registró una alza en los asesinatos en estos dos grupos debido a que "no hubo un fortalecimiento a las políticas en materia de protección".

Artículo 2019 del 2000 a la fecha ha documentado 131 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 121 son hombres y 10 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Y la ONG acota la cifra de reporteros asesinados desde que llegó López Obrador a la Presidencia, el 1 de diciembre de 2018, a 11 casos relacionados con su labor profesional.

"Si comparamos los años previos de agresiones y asesinatos a periodistas, en estos 11 meses, la tendencia sigue y se mantiene", apuntó el especialista.

VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA

Para la coordinadora de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19, Itzia Miravete: "La violencia sigue estando y este ha sido un año, con 11 asesinatos (de periodistas en relación con su labor), bastante letal".

Según dijo a Efe, los registros de la organización muestran que "en México los principales perpetradores (de agresiones contra la prensa son servidores (funcionarios) públicos".

Miravete consideró además que esta violencia está incentivada por un discurso que viene del Estado mexicano.

"Se ha generado un campo de desprestigio contra la prensa al señalar quienes son buenos y malos periodistas y esto mina la situación de seguridad de los informadores", apuntó.

Ambos defensores señalaron que este discurso parte del presidente Andrés Manuel López Obrador -quien mantiene un frente abierto con lo que llama prensa "fifí" (conservadora)- el cual es imitado por funcionarios en estados y municipios.

"Eso es preocupante porque la violencia contra la prensa sigue siendo bastante grave", dijo Miravete.

Hurtado Cardozo calificó el discurso de López Obrador de "polarizante" al ya calificar a un sector de la prensa como "prensa fifí".

Durante el informe por su primer año al frente del gobierno, López Obrador declaró que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos protegía a 1.086 personas, 721 personas defensoras de derechos humanos y 365 periodistas.

Ambos especialistas apuntaron que dicho mecanismo al que están adscritos defensores y periodistas "debe permanecer y se tiene que fortalecer".

A finales de agosto, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México señaló que las autoridades mexicanas enfrentaban un grave problema de recursos humanos ya que en las unidades de protección, desde el 2014 trabaja el mismo número personas, esto a pesar de que las cifras de protegidos van a la alza cada año.

En cuanto a la cifra de defensores de derechos humanos, Hurtado Cardozo recordó que en el último año del gobierno de Peña Nieto fueron asesinados 41 defensores y en el primero de López Obrador han sido 24.

"Se podría hablar de una disminución en términos de asesinatos pero eso no significa que haya una disminución en cuanto agresiones, estas más bien han aumentado", apuntó.

Precisó que las agresiones a defensores han aumentado en el sur del país, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. "Debido a que son entidades que tiene muchos conflictos sociales en términos tierra y territorio", dijo.

Mientras las agresiones a periodistas se dan con mayor frecuencia en los estados del norte del país.

Con eso datos, el especialista dijo que en México "no es que esté mejor o peor la situación, más bien las cifras muestran que en el país hay una crisis de derechos humanos y lo que sí queda de manifiesto es la inoperancia de las autoridades para resolver la situación".

Según registros de la organización mexicana Comité Cerezo, el total de ejecuciones extrajudiciales -una asesinato perpetrado por autoridades ya se por comisión, omisión o aquiescencia (cuando ordenan a particulares)- cometidos en el primer año de gobierno de López Obrador es de 17 personas defensoras de derechos humanos.

Apuntó que la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN).

No obstante, "si las políticas no cambian y no hay cambios estructurales y hasta de discurso, esta tendencia, lamentablemente seguirá. De hecho, si se sigue polarizando a la prensa y se da pie a que puedan aumentar las agresiones", finalizó Hurtado Cardozo.

EFE

 
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