Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Viernes, 20 setiembre 2019
Internacionales
FEPALC tras asesinato de otro periodista en México exige acciones para detener masacre

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), tras el asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo, en Tejupilco, expresa su consternación ante lo que considera una política de exterminio de periodistas en México. En lo que va del 2019 se han asesinado a 13 periodistas y comunicadores sociales sin que ninguno de los responsables materiales o intelectuales haya sido llevado a la justicia.

La FEPALC ve con especial preocupación que la violencia contra los periodistas en México se esté normalizando. Por ello hace un abierto llamado a todas las organizaciones de periodistas en el mundo y organismos internacionales a mirar el horror que ocurre en México. ¿Cuántos colegas más tienen que asesinar para que el mundo se movilice en torno a esta atrocidad?

Nuestra organización que representa a sindicatos y federaciones de periodistas de América Latina y el Caribe, repudia este nuevo asesinato y se une al clamor de su afiliado, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador una política de protección efectiva y lucha frontal contra la impunidad.

En circunstancias como estas reconocemos más que nunca la necesidad de contar a nivel de Naciones Unidas con un convenio internacional como el que viene impulsando la Federación Internacional de Periodistas, que incrementaría la presión a los Estado para que prevengan y castiguen a los agresores de periodistas y combatan la impunidad.

En los últimos tres años México ha sido el país más peligro para ejercer el periodismo, con más crímenes que territorios en guerra. No aceptamos más las versiones oficiales, que se han sucedido gobierno tras gobierno, que intentan descartar la pista profesional en la mayoría de los casos. El Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad. Recurrimos por ello -de manera especial- a la Unión Europea a invocar la cláusula democrática de los acuerdos comerciales suscritos con México. No puede considerarse democrático un Estado que mantiene cifras de impunidad de 98% en los crímenes de nuestros colegas. México se desangra y esta vez gobiernos y criminales tienen que oír la voz de los periodistas del mundo que no estamos dispuestos a seguir enterrando colegas por el hecho de ejercer su trabajo.

América Latina-Caribe, 25 de agosto de 2019

Zuliana Lainez

Presidenta FEPALC

Filemón Medina

Secretario de Derechos Humanos FEPALC

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)

Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE)

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ)

Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER)

Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica

Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO)

Associations des Journalistes Haitiens (AJH)

Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México (SNRP)

Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP)

Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)

Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)

Asociación de Prensa Uruguaya (APU)

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de República Dominicana (SNTP)

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP)

 
La muerte del periodista que cambió la política de secuestros en EEUU

"Ahora los rehenes son una prioridad para el gobierno de Trump, cuando ocurrió la muerte de Jim nuestro Gobierno nos defraudó por completo", afirma a Efe Diane Foley en el quinto aniversario del asesinato de su hijo, el periodista James Foley, que se convirtió en el primer rehén estadounidense muerto a manos del Estado Islámico (EI) en Siria.

La política del gobierno de Barack Obama sobre los periodistas secuestrados en el exterior le valió un aluvión de críticas, pero ese fue solo uno de los motivos por el que su actuación con los medios se puso en entredicho, y algunos de ellos llegó a acusar al presidente de ser “enemigo de la prensa”.

Además, Obama utilizó de forma repetida la Ley de Espionaje, una reminiscencia de la Primera Guerra Mundial con un siglo de antigüedad, para perseguir a los funcionarios que filtraban información a los periodistas.

Su combate contra la revelación de secretos -tras los escándalos de divulgaciones de Wikileaks (2010) y Edward Snowden (2013)- le llevó a intervenir cerca de 20 líneas telefónicas a periodistas de la agencia Associated Press, entre abril y mayo de 2012.

Durante el mandato de Obama (2009-2017), el Gobierno federal procesó nueve casos relacionados con informantes y denunciantes, en comparación con sólo tres de todas las administraciones anteriores juntas.

Los asesinatos de periodistas y cooperantes estadounidenses, como el de Steven Sotloff en Irak; los de Kayla Muller y Peter Kassing en Siria; y Luke Somers en Yemen pusieron en la palestra a la administración Obama, en la que Diane confió "para liberar a James" de su cautiverio.

Todavía recuerda, en una entrevista telefónica con Efe desde Rochester (New Hampshire, EE. UU.), que no fueron las autoridades quienes la informaron de la muerte de su hijo, "sino una compañera reportera entre sollozos".

El vídeo de la brutal decapitación de este reportero gráfico independiente, que cubría la guerra de Siria cuando fue capturado por los extremistas de Daesh (acrónimo en árabe del grupo Estado Islámico) en noviembre de 2012, dio la vuelta al mundo.

La impotencia de la familia del fotógrafo resultó en la creación de la asociación James W. Foley Legacy Fund solo tres semanas después de su asesinato (conocido en agosto de 2014), que ha luchado por cambiar las reglas del juego desde el fatal desenlace del secuestro de James, que duró año y medio.

"El proceso fue increíblemente decepcionante, me ponía tan triste que a nuestro gobierno no le importara, que decidí crear la fundación", explica Diane.

Durante el cautiverio de James Foley, los terroristas pidieron un rescate a su familia, pero la política de Estados Unidos sobre secuestros prohibía expresamente comprar la libertad de los rehenes, bajo amenaza judicial, lo que alimentó un polémico debate en la sociedad estadounidense.

A finales de 2014, Obama ordenó revisar las políticas de secuestros, asegurando que aunque seguirían sin hacer concesiones, no iban a perseguir a los familiares que decidieran pagar un rescate.

Los avances se debieron en parte a la presión de las familias de los rehenes estadounidenses y también a la asociación que fundó Diane.

En un breve periodo de tiempo la fundación consiguió la revisión de los procesos de rescate de rehenes; presionar al Gobierno para que prestara más atención a los estadounidenses secuestrados en el exterior y cuestionar la idea de que las negociaciones con captores suponían un peligro para la seguridad nacional.

"Jim era una persona muy optimista y muy feliz, hubiese querido que saliera algo bueno del horror y personalmente ha sido algo muy importante en mi proceso de recuperación", expresa Diane.

Tan solo dos meses antes del asesinato de Foley, en junio de 2014 el Gobierno de Washington negoció la liberación del soldado Bowe Bergdahl, cautivo durante cinco años, a cambio de cinco soldados talibanes encarcelados en el penal estadounidense de Guantánamo (Cuba).

"Me sentí esperanzada. Yo tenía la esperanza de que hicieran lo mismo con Jim, pero el caso era totalmente diferente: él solo era un periodista independiente que no tenía ningún gran medio detrás", recuerda Diane.

La activista no puede dejar de recordar que en los países europeos las políticas de negociación son distintas: "Para vuestro gobierno los periodistas sí son una prioridad y encuentran formas de negociar".

EFE/Beatriz Díaz

 
Autoridades venezolanas aplican ley contra el odio al periodista Wilmer Quintana

MIAMI.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó hoy su alarma por el empleo de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para encarcelar al periodista Wilmer Quintana García. Quintana fue arrestado por haber publicado varios mensajes en su página personal de Facebook, en los cuales denunciaba presuntos actos de corrupción en la prestación de servicios públicos en el estado de Guárico, según informaciones de prensa y una organización local defensora de la libertad de expresión.

El 18 de julio, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela detuvieron a Quintana en la ciudad de San Juan de los Morros, la capital de Guárico, según un mensaje de Twitter publicado por la organización venezolana Espacio Público y versiones periodísticas. Quintana había sido director del ya desaparecido semanario La Verdad y había sido presentador del programa de opinión “En Portada” —donde comentaba las noticias locales y nacionales junto con invitados— en varios canales de TV locales, entre ellos Siembra TV y Roscio TV, según medios locales, pero en la actualidad no trabaja para ningún medio informativo.

De acuerdo con la orden de arresto, una copia de la cual fue publicada en el sitio web de Espacio Público, el 11 de julio un tribunal penal local ordenó el arresto de Quintana por la presunta autoría del delito de “promoción o incitación al odio” en virtud de la ley contra el odio, presuntamente cometido en perjuicio del gobernador de Guárico, José Manuel Vásquez, y el presidente de la empresa Alimentos Guárico (Alguarisa), Emilio Ávila.

Según medios informativos locales y Espacio Público, Vásquez presentó una denuncia contra Quintana debido a mensajes publicados en la cuenta personal de Quintana en Facebook, en los que éste criticaba presuntos actos de corrupción de Vásquez y Ávila en el suministro de gas doméstico a comunidades y en la distribución de alimentos mediante el programa CLAP, un programa social gubernamental administrado por Alguarisa en Guárico. La orden de arresto no menciona los mensajes de redes sociales.

"La detención de Wilmer Quintana en virtud de la ley contra el odio de Venezuela confirma la preocupación que expresamos cuando fue aprobada: la ley en realidad es una herramienta para censurar la información y castigar a los críticos", declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. "Las denuncias de corrupción contra funcionarios públicos no son expresiones de odio. Los venezolanos deben tener libertad para cuestionar al Gobierno sin tener que enfrentar una condena de varios años de cárcel".

Quintana utilizaba sus cuentas personales de Facebook y Twitter para comentar e informar sobre acontecimientos locales y políticos actuales, y agregaba la etiqueta #LAVERDAD —el nombre de su ya desaparecido periódico— a algunos de susmensajes. En un mensaje de Facebook publicado el 5 de julio, utilizando la etiqueta #LAVERDAD, Quintana informó que 27 zonas de la ciudad de Zaraza no habían recibido gas, a pesar de que los pagos a Alguarisa habían sido depositados 20 días antes, y lo llamó “otro fracaso más del gobernador” y preguntó si Ávila se había quedado con el dinero. Según un periodista de Guárico que habló por vía telefónica con el CPJ el 5 de agosto y solicitó el anonimato por razones de seguridad, la información sobre los pagos efectuados a Alguarisa fue filtrada a Quintana, quien mantenía estrecho contacto con personas que trabajaban para la administración, y él había procedido a publicarla. Quintana también había trabajado para el Gobierno local durante la administración anterior, según medios locales.

En mensajes de Facebook con fecha 4 y 7 de julio que llevaban la etiqueta #LAVERDAD, Quintana escribió sobre las “mentiras y la corrupción del desgobierno en Guárico”, e informó que las cajas CLAP se vendían a precios mayores que los publicados, y mencionaba a Vásquez y a Ávila en los mensajes, y decía que Vásquez “debe irse de la gobernación e iniciarse el rescate de esta entidad sumida en total desatre”.

El CPJ efectuó varias llamadas al teléfono que aparece en el sitio web oficial de la sede del CICPC en San Juan de los Morros y al despacho de Vásquez, el gobernador de Guárico, pero nadie contestó las llamadas. El CPJ no recibió respuesta a una solicitud enviada por correo electrónico a Ávila, el presidente de Alguarisa, para que declarara al respecto.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Toleranciafue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017, pese a las serias preocupaciones en el sentido de que se pudiera emplear para intimidar a la prensa. Como el CPJ lo documentó en la época, la ley no define términos básicos como el odio, y lo deja abierto a una amplia interpretación y al abuso potencial, y estipula sanciones y penas de cárcel de hasta 20 años para toda persona que incite al odio o la violencia en la radio, la televisión, los medios impresos o las redes sociales.

Tras su arresto, Quintana permaneció detenido en la sede del CICPC en San Juan de los Morros a la espera de juicio.

El 6 de agosto, el sitio noticioso local de Guárico ElTubazoDigital.com y un mensaje de Twitter del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informaron que Quintana había sufrido un posible infarto y había sido trasladado a la sala de emergencia del Hospital Israel Ranuárez Balza. Quintana continúa en el hospital, según el SNTP.

 

 

 
Acusan a autoridades chilenas de espiar al periodista investigativo Mauricio Weibel

MIAMI.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó hoy su preocupación por las denuncias de que el Ejército chileno presuntamente ordenó una operación de vigilancia contra el periodista investigativo Mauricio Weibel Barahona en 2016, cuando éste investigaba denuncias de irregularidades en las fuerzas armadas.

El 10 de agosto, el diario La Tercera informó que la Dirección de Inteligencia del Ejército presuntamente había llevado a cabo la “Operación W” dirigida contra Weibel. El reportaje, que citaba a fuentes de inteligencia anónimas, señalaba que a Weibel le habían realizado seguimientos y le habían intervenido las líneas telefónicas. En la época, Weibel trabajaba para la publicación The Clinic y el canal público chileno TVN, y preparaba las investigaciones de Traición a la Patria, un libro sobre un presunto desfalco en el Ejército. Además, La Tercera informó que en 2017 las autoridades también habían intervenido los teléfonos de funcionarios activos y en retiro del Ejército que eran sospechosos de filtrar documentos a la prensa sobre irregularidades en el Ejército.

En un encuentro con la prensa el 12 de agosto, el ministro de Defensa chileno Alberto Espina declaró que, según lo que le habían dicho, las acciones de inteligencia “se han hecho dentro del marco legal”, de acuerdo con informacionesde prensa. Espina agregó que había solicitado al Ministerio Público Militar que investigara cómo se había filtrado información clasificada sobre estas cuestiones.

Por correo electrónico, el CPJ solicitó al Ejército y al Poder Judicial chilenos una declaración, pero no recibió una respuesta de inmediato.

“Las fuerzas armadas no tienen ninguna justificación válida para espiar a Mauricio Weibel Barahona ni a ningún periodista”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. “En vez de buscar justificaciones legales, las autoridades chilenas deben investigar este aparente abuso de poder. En una democracia es vital que los periodistas puedan investigar denuncias de corrupción e irregularidades sin convertirse en objetivos”.

Espina y el director de Inteligencia del Ejército, Guillermo Paiva, fueron citados a una comisión de la Cámara de Diputados para discutir las informaciones del reportaje periodístico. Ellos declararon a la comisión que un magistrado de la Corte de Apelaciones había autorizado la escucha telefónica, según versiones de la prensa local. Aludiendo a la Operación W, Paiva declaró que “la escucha telefónica es legal, no le puedo decir si a periodistas o no, pero nadie en Chile no está sujeto a leyes … es una Ley de la República a la cual estamos sujetos todos los chilenos”.

En llamada telefónica con el CPJ ayer, Weibel expresó que el reportaje confirmaba las sospechas que él había tenido en la época en que lo vigilaban. Weibel señaló que habían ocurrido incidentes sospechosos, entre ellos un robo en las oficinas de The Clinic en junio de este año, durante el cual solamente se llevaron computadoras, y que en 2016 los mismos individuos se le aparecían en distintos lugares. Él agregó que el aparente apoyo del Gobierno a la operación lo había tomado por sorpresa. “Es el caso de un Gobierno democrático que apoya el espionaje de los militares a un civil, a un periodista”, expresó.

Weibel señaló que, con el respaldo del Colegio de Periodistas de Chile, ha solicitado reuniones con varias autoridades e instituciones, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, el fiscal general, parlamentarios y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en lo que evalúa sus opciones jurídicas.

 

 
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