Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Viernes, 20 setiembre 2019
Informe Especial
Los gobernantes del mundo deben tomar la ciencia en serio

Los líderes mundiales que participarán en la Asamblea General de las Naciones Unidas y las cumbres que se realizarán en torno a ella desde el día 23, deberían escuchar con más atención a los científicos si quieren abordar el cambio climático y cumplir con los objetivos para reducir la pobreza y avanzar hacia un desarrollo sostenible, advirtieron expertos de la ONU.

Shantanu Mukherjee, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), dijo que los jefes de Estado y de gobierno que se congreguen en Nueva York para debatir en torno al desarrollo y el cambio climático deben impulsar acciones concretas para evitar una calamidad planetaria.

Los políticos deben comenzar a “reconocer el impacto de la ciencia y la política y fortalecerlo entre las personas que están aquí para que se convierta en una base confiable para la toma de decisiones”, dijo Mukherjee ante preguntas de IPS.

“Sería genial si hay un compromiso entre los líderes que vienen aquí, más si parte de ellos toman en serio adoptar medidas políticas, apoyadas con evidencia científica que le suministraremos”, dijo.

Los ambientalistas han expresado su temor de que los líderes vacilen en sus compromisos de luchar contra el cambio climático, señalando a escépticos de países importantes en la toma de decisiones, como  los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Estados Unidos, Donald Trump.

Mukherjee habló con periodistas tras publicarse en Nueva York el día 11 el informe “El futuro es ahora:  la ciencia al servicio del desarrollo sostenible”, que alerta sobre la profundización de las desigualdades y el daño irreversible a los ecosistemas.

El documento de 250 páginas dice que la humanidad aún puede alcanzar los17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que conforman la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,  para acabar con la pobreza y otras 168 metas.

Pero para lograrlo es indispensable impulsar los esfuerzos para reducir los desperdicios, la la contaminación y la desigualdad.

Entre 2017 y 2060, se espera que el consumo mundial anual de bienes materiales aumente de 89 a 167 gigatoneladas, lo que conducirá a más emisiones de gases de efecto invernadero y al incremento de la extracción de recursos, incluida la minería,  dijeron los investigadores.

Mientras tanto, se espera que la población mundial alcance 8.500 millones de personas para 2030, lo que significa más bocas que alimentar y una mayor demanda de las centrales eléctricas, la mayoría de las cuales aún bombean dióxido de carbono a la atmósfera.

Endah Murniningtyas, un exministro indonesio que ayudó a escribir el informe, dijo que producir comida suficiente y mantener el aumento global de las temperaturas por debajo de una cifra de referencia de dos grados centígrados podría resultar imposible.

“Esto no es inevitable. Ya tenemos el conocimiento y los medios para cambiar y asegurar que todo nuestro bienestar [se mantenga] incluso cuando reduzcamos los impactos adversos “del cambio climático”, dijo Murniningtyas a los periodistas.

“Centrarse en la política debe permitir un acceso global equitativo a los alimentos y maximizar el valor nutricional de los productos y, al mismo tiempo, minimizar el impacto climático y ambiental de la producción”, añadió.

El informe fue redactado por un grupo independiente de 15 científicos. El documento estará en el centro de los debates  de alto nivel sobre la acción climática y  los ODS, que comenzarán el 23 de septiembre, cuando Nueva York acogerá una histórica semana de cumbres.

Peter Messerli, director del Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, en Suiza, dijo que los líderes deben comenzar a cambiar la forma en que diseñamos ciudades, aprovechamos la energía y alimentamos a las poblaciones en crecimiento.

“Todos estos sistemas son actualmente que podemos decir hasta cierto punto disfuncionales, pero mantienen la promesa de que si abordamos esas compensaciones, de esa manera, realmente aprovecharán la transformación”, planteó Messerli a los periodistas.

Pero los gobernantes que asistirán a la primera y la más esperada de las cumbres, la de Acción Climática, el  23 de septiembre , y a las demás citas cimeras, se verán inundados por otros temas candentes y prioritarios en la agenda internacional, dijo Messerli, como las guerras en Siria y Yemen.

“No cambiaremos el mundo. Pero necesitamos cambiar de opinión en esta dirección. Porque si cambiamos de opinión, creo que podemos cambiar el mundo “, dijo Messerli, coautor del informe.

Bolsonaro y Trump son los primeros dos líderes en la lista para hablar en la jornada inaugural de la Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre, seguidos poco después por el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi y otros.

La activista sueca para el cambio climático, Greta Thunberg, llegó a Nueva York el 28 de agosto, tras atravesar en un velero el océano Atlántico, para participar en la cumbre climática  y presionar a los líderes mundiales para que acojan todo lo que implica  su lema de “unirse detrás de la ciencia”.

Por James Reinl (IPS)

 
La gobernabilidad como oportunidades en América Latina

PANAMÀ.- Abner es un joven guatemalteco de alrededor de 23 años. Nació en Ciudad de Guatemala, pero de niño sus padres emigraron a Estados Unidos. A los 19 años, decidió regresar a su país y actualmente trabaja como chofer de transporte privado. Tiene una calidad de vida razonable, en Estados Unidos tuvo la oportunidad de estudiar y al regresar a su país ha podido participar de la economía digital. Tiene un teléfono digital y se compró un automóvil que le permiten tener un sustento económico razonable.

Sin embargo, se siente poco optimista, le agobia la corrupción, se siente afligido por la inseguridad ciudadana y señala descontento con la política de su país. En resumen, comparte el mismo sentimiento que 84 millones de latinoamericanos que han decidido no participar en procesos electorales en los últimos doce meses.

De junio 2018 a julio 2019 se han realizado elecciones presidenciales en seis países (Panamá, México, El Salvador, Guatemala, Colombia y Brasil). En total, cerca de 286 millones de latinoamericanos fueron llamados a votar al ser incluidos en los padrones electorales.

De estos, cerca de 201 millones acudieron a las urnas en las elecciones de primera vuelta. Es decir, uno de cada tres votantes por diversos motivos, tuvieron la oportunidad de participar en elecciones democráticas, pero decidieron no hacerlo.

Este domingo 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia.

Aunque la democracia es claramente más que elecciones, la reflexión anterior es un recordatorio sobre los desafíos y oportunidades que tenemos en la región donde una proporción significativa de la ciudadanía pareciera ha dejado de ver a la democracia como el medio para mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, cuando los ciudadanos votan en elecciones, lo hacen con la expectativa que su candidato a ganador mejorará algún aspecto de su calidad de vida.

Cuando la gente demanda servicios públicos y procesos administrativos lo hacen en la expectativa que el sector público puede apoyarles en mejorar sus condiciones de vida, pero se hacen necesarias profundas transformaciones de las instituciones públicas para responder a estas demandas. Cuando la gente se siente insegura y amenazada, es el sector público el que tiene la responsabilidad central de proveer oportunidades y medios para la resolución pacífica de conflictos y la provisión de seguridad y protección.

Esta tendencia histórica de poca participación democrática electoral ha derivado en una percepción de ausencia de progreso y una carencia de oportunidades.

Si consideramos que la desigualdad de acceso y oportunidades, así como el funcionamiento de la democracia representan los principales desafíos de la región ¿cómo configuramos un contrato social que permita garantizar la convivencia, construir la confianza y promover una participación significativa de todos los actores de la sociedad?

Estamos en un momento crítico para repensar la forma que miramos y entendemos la gobernabilidad democrática.

Siempre la debemos entender en sus principios, los cuales debemos defender, pero también debemos ver a la gobernabilidad como generación de oportunidades.

No podemos resolver los desafíos nuevos de la democracia, con el mismo pensamiento que usamos cuando éstas se establecieron.

Hoy en día tenemos más información, pero no necesariamente mayor conocimiento. La gente esté mas conectada digitalmente, pero no necesariamente más cercana o tolerante a diferencias.

Los avances tecnológicos y de acceso a la información nos plantean el reto de repensar los desafíos del desarrollo de la región en tres dimensiones: productividad, equidad y resiliencia sobre la base de una gobernabilidad efectiva.

Pero ¿qué significa esta gobernabilidad efectiva para un ciudadano como Abner en Guatemala? Significa pensar y apoyar procesos de gobernabilidad democrática que permitan la (i) generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico y de participación significativa; (ii) oportunidad de transformaciones institucionales y mayor eficiencia en la respuesta a las demandas ciudadanas; y (iii) mejores oportunidades de coexistencia pacífica y seguridad ciudadana.

Con oportunidades las personas pueden forjar su propio destino y colaborar con otros. No se trata de crear objetos pasivos o beneficiarios de programas de desarrollo, sino de sujetos de desarrollo.

Como lo recuerda Amartya Sen, la democracia debe ser vista como creando un set de oportunidades y el uso de éstas se refiere a la práctica de la democracia y los derechos políticos.

Al final de cuentas “la democracia no sirve de remedio automático para las enfermedades como la quinina funciona para curar la malaria. La oportunidad que abre tiene que ser positivamente aprovechada para alcanzar el efecto deseado” (Sen, 1999: 155).

Jairo Acuña-Alfaro (IPS)

 
Profesionales nicaragüenses buscan la seguridad en Costa Rica

SAN JOSÉ.- Cuando estallaron las protestas antigubernamentales en Nicaragua en 2018, Sara*, pediatra, sabía que el juramento hipocrático la obligaba a tratar a cualquiera que lo necesitara. El abogado y defensor de los derechos humanos Braulio Abarca sintió que era su obligación defender los derechos de los manifestantes que fueron llevados a la conocida prisión de El Chipote, en Managua. Carlos*, profesor universitario, dijo que su conciencia le obligaba a acompañar a sus alumnos en las marchas.

A consecuencia de ello, los tres profesionales sufrieron represalias, intimidación y amenazas de muerte. Los tres huyeron para salvar sus vidas y solicitaron asilo en la vecina Costa Rica, que ha recibido a 68.000 de los aproximadamente 82.000 nicaragüenses que abandonaron su país desde abril de 2018.

La represión no solo se dio contra los manifestantes, sino contra cualquier sospechoso de ayudarles o incluso de simpatizar con ellos. Al no poder seguir con la carrera que tanto habían trabajado por forjar, todos ellos debieron buscarse la vida para encontrar cualquier trabajo con el que afrontar sus gastos.

Después de que a los médicos de hospitales públicos se les prohibiera tratar a cualquier persona sospechosa de haber resultado herida en las protestas, Sara*, de 34 años y madre de dos hijos, se unió a un grupo de médicos, enfermeras, paramédicos y otras personas que acordaron tratar a pacientes en necesidad.

A consecuencia de ello fue objeto de represalias: los grupos paramilitares la siguieron en varias ocasiones y una vez vigilaron la casa donde vivía con sus hijos pequeños.

“Decidí irme de inmediato. Sentí que amenazaban mi vida y no podía permanecer más tiempo”, recuerda. “Dejé el hospital donde trabajaba, mi vida estable, saqué a mis hijos de nuestra situación envidiable y los metí en otra que no es lo que quisiera para ellos”.

Pero no tenía otra elección, insiste.

“Nos obligaron a huir del país”, dice Sara, quien pide ocultar su identidad por temor a que su familia y amigos que aún están en Nicaragua puedan ser atacados de forma similar. “Porque de no haberlo hecho, habría sido morir o ir a prisión”.

Braulio, un abogado de 28 años que trabajaba para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, recibió amenazas explícitas como represalia por haber representado a los manifestantes detenidos en la prisión de El Chipote, donde los activistas cuentan que los prisioneros son regularmente sometidos a tortura y violencia sexual.

“Como defensores de derechos humanos, fuimos la voz de los que no la tienen, de los que fueron silenciados por no pensar lo mismo que el Gobierno”, dice, y agrega que recibió mensajes a través de redes sociales diciéndole que, si seguía hablando en contra de la policía, despertaría “con moscas en la boca”, “lo que significa que podría ser asesinado… solo por hacer mi trabajo”.

Con la ayuda de un coyote o traficante, al amparo de la noche, Braulio atravesó la porosa frontera sur de Nicaragua a Costa Rica.

“Como defensor de derechos humanos debes recomendar a las personas que, para proteger su vida y su libertad, abandonen el país”, dice.

“Pero tener que hacerlo uno mismo… tener que agarrar una mochila, ponerse una camisa, un par de pantalones, de zapatos y cruzar la frontera de manera irregular sin poder despedirse de su familia… es algo que no le desearía a nadie”.

Para Carlos*, el profesor universitario que participó en protestas al lado de sus alumnos, las amenazas fueron todavía más explícitas. Le dispararon en tres ocasiones diferentes.

En un incidente separado, se enfrentó a miembros de un grupo armado que vigilaba las casas de quienes se creía que tenían sentimientos contra el Gobierno y le dijeron sin rodeos que lo iban a matar.

Haberse librado por tan poco le dejó pensando.

“Mi hija vive aquí. Mis otros hijos vienen aquí y mis nietos viven aquí”, dice Carlos, de 60 años y padre de tres hijos, que tiene nueve nietos y un bisnieto. Y pensó para sí mismo: “Si no quiero poner en peligro a mi familia, debo irme”.

Igual que Braulio, Carlos cruzó la frontera en plena noche y solicitó asilo en Costa Rica.

“Estos son casos habituales bajo el mandato de Acnur”, dice César Pineda, de 42 años, que dirige la sucursal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Upala, una pequeña ciudad costarricense cerca de la frontera con Nicaragua.

“Básicamente, se trata de individuos y de sus familias que huyen de un acoso concreto. Tenemos personas que fueron víctimas de violencia, personas que fueron torturadas, personas que tienen razones muy válidas para tener miedo de regresar a Nicaragua porque fueron amenazadas en persona”.

Los tres profesionales obligados a huir por haber hecho su trabajo o haber expresado una opinión política comprobaron que llegar a fin de mes en Costa Rica les supuso todo un reto.

Dado que la regulación costarricense requiere que se someta a un largo proceso burocrático antes de poder continuar su trabajo como médico, Sara luchó por encontrar un trabajo remunerado, incluso pidiendo trabajo en restaurantes de comida rápida y como cajera de supermercado.

Al fin encontró un puesto como diseñadora web. Y aunque agradece el trabajo, le frustra no poder hacer uso de las habilidades en las que trabajó por tanto tiempo para retribuir a su país de acogida.

Braulio vivió en un albergue antes de reunirse con seis de sus antiguos colegas, que también tuvieron que huir después de que las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fueran saqueadas, para formar el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, una organización sin ánimo de lucro que ofrece asistencia legal a otros nicaragüenses solicitantes de asilo en Costa Rica.

Carlos vivió en la calle antes de encontrar un trabajo temporal dando clases de apoyo de secundaria en una ONG con sede en un suburbio de San José. Si bien todos ellos lograron encontrar su sitio, los tres tienen una única esperanza. “Sueño con volver a Nicaragua”, dice Carlos.

*Los nombres han sido cambiados por razones de protección.

RV: EG (IPS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eritrea lidera la lista de los 10 paladines de la censura en el mundo

NACIONES UNIDAS.- Eritrea tiene los niveles de censura más altos del mundo y el gobierno más propenso a encarcelar a periodistas y suprimir medios de comunicación independientes, según un nuevo informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

El gobierno autoritario del Cuerno de África, que cerró todos los medios independientes en 2001 y actualmente tiene unos 16 periodistas tras las rejas, es seguida por Corea del Norte y Turkmenistán como los peores lugares del mundo para trabajar como periodista, dice el estudio del CPJ, divulgado este martes 10.

“Se suponía que Internet convertiría en obsoleta la censura, pero eso no ha sucedido”, dijo el director ejecutivo del grupo, Joel Simon, en un comunicado al publicar el informe anual.

“Muchos de los países con mayor censura del mundo están altamente conectados, con comunidades en línea activas. Estos gobiernos combinan la brutalidad a la antigua usanza con la nueva tecnología, a menudo comprada a compañías occidentales, para sofocar la disidencia y controlar los medios”, añade el responsable del CPJ.

La lista de los 10 principales países que “ignoran las normas y garantías internacionales de libertad de expresión” también incluye a Arabia Saudita, China, Vietnam, Irán, Guinea Ecuatorial, Bielorrusia y Cuba, por ese orden.

El CPJ basa su protección a los periodistas en el Artículo 19 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, que defiende que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir noticias y expresar opiniones.

La organización asegura que los 10 países de su lista violan ese artículo “al prohibir o restringir drásticamente los medios independientes y al intimidar a los periodistas a silenciarse por medio de amenazas de prisión, vigilancia física y digital y otras formas de acoso”. “La autocensura es generalizada en estos países”, añade.

En Eritrea, muchos de los periodistas que fueron encarcelados a durante la ola represiva  de 2001 permanecen tras las rejas, dice el CPJ. El gobierno mantiene el monopolio de los medios audiovisuales y controla la mayoría de los canales de transmisión, mientras las conexiones a Internet son difíciles y las señales de radio extranjeras están bloqueadas.

La ley de Prensa de 1996 de Eritrea obliga a los periodistas a promover “objetivos nacionales”. Los periodistas de los medios de comunicación estatales del país “siguen la línea editorial del gobierno por temor a represalias”, dijo el CPJ en su informe anual de nueve páginas sobre la conducta del gobierno de Isaías Afewerki, en el poder desde 1993.

La misión de Eritrea en las Naciones Unidas en Nueva York  no respondió a una solicitud de comentarios al informe realizada por IPS.

En Corea del Norte, la gubernamental Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, en inglés) controla prácticamente todos los medios impresos del país asiático y las emisoras de radio y televisión. Centra sus informaciones y comentarios en seguir las actividades de su presidente,  Kim Jong Un.

La KCNA “limita en alto grado la cobertura de las noticias internacionales”, pero hizo un alto en esa conducta para informar ampliamente de la breve visita al país del presidente estadounidense Donald Trump, en junio, y su entrevista con Kim, con el programa nuclear de Pyongyang de telón de fondo.

Los medios libres también permanecen en gran parte ausentes en Turkmenistán, donde el presidente Gurbanguly Berdymukhamedov “ejerce un control absoluto” sobre el país, y en particular los medios de comunicación,  a los que obliga a participar en “su culto a la personalidad”, dice el CPJ.

Todos los medios están controlados por el gobierno, los periodistas que osan informar en forma independiente son encarcelados y “un puñado de medios independientes dedicados a Turkmenistán, como Khronika Turkmenistana (Crónicas de Turkmenistán), funcionan en el exilio” y las personas que intentan visitar su sitio dentro del país “pueden ser interrogada por las autoridades”.

De hecho, según el CPJ, los tres países cuyos gobiernos encabezan la lista de censores del mundo este año, tienen en común que los medios de comunicación permitidos actúan como “megáfonos del Estado y todo ejercicio independiente del periodismo se realiza desde el exilio”.

En cuarto en la lista de grandes censores de la libertad de expresión y de prensa en el mundo, según la CPJ, es Arabia Saudita. Allí, según el informe, el ejercicio del periodismo, que ya era represivo antes, “sufrió un brusco deterioro” desde que en 2017 fue nombrado príncipe heredero y hombre fuerte del reino Mohammed bin Salman.

El más conocido caso de crueldad y represión contra los periodistas ocurrió en octubre de 2018, cuando “agentes sauditas –entre ellos algunos vinculados con bin Salman– asesinaron brutalmente a Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post y crítico del gobierno, dentro del consulado saudita en Estambul”, indica el CPJ.

La potencia petrolera del Golfo ha sumado desde que Bin Salman es el gobernante de facto saudí nuevas leyes antiterroristas y de ciberdelitos que ayudan a silenciar a los periodistas, dice el CPJ.

Según el informe, en diciembre de 2018 había 16 periodistas encarcelados, a los que sumaron otros nueve, al menos, en el primer semestre de 2019.Parte de ellos han sido torturados.

El informe del CPJ se publicó solo días después de que el grupo radical islamista Talibán secuestró a seis periodistas locales en Afganistán, cuando viajaban a un taller para profesionales de la comunicación en la provincia de Paktika.

Los investigadores del CPJ señalaron que los periodistas han enfrentado muchas limitaciones para informar en medio de la guerra y la inestabilidad en países como Afganistán, Siria y Somalia, pero subrayaron que estos problemas “no son necesariamente atribuibles únicamente a la censura del gobierno”.

La clasificación de los líderes mundiales de la censura del CPJ se complementa con otra lista compilada por Reporteros Sin Fronteras, otra organización que defiende la libertad de expresión en el mundo y que también avergüenza a Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán como los peores tres países del mundo para un periodismo independiente.

(IPS) James Reinl

 
La poderosa señora K

La última encuesta sobre el poder, elaborado por Ipsos y publicado en la revista Semana Económica, nos muestra quiénes tienen más poder en el Perú, y no ha sido una sorpresa, que la hija de Alberto Fujimori, pese a estar en prisión, figure en el tercer lugar y sea la mujer más poderosa en el país.

Es un hecho evidente. En los últimos meses, las visitas de los congresistas de Fuerza Popular al penal de mujeres de Chorrillos, donde se encuentra detenida, han sido indiscutibles reuniones de trabajo. En esas “visitas” se han tomado acuerdos que han permitido al fujimorismo, por ejemplo, formar la mesa directiva y designar a los voceros y presidentes de las comisiones.

Esto demuestra, además, el control férreo de su aparato partidario. Y lo usa para tener jaqueado al presidente Martín Vizcarra, contra quien ha lanzado la orden de atacarlo hasta conseguir la renuncia o la vacancia. Es la manifestación de todo su poder: ha conseguido la renuncia de un presidente y está a punto de lograr la vacancia de otro.

Por supuesto, no es un poder para utilizarlo a favor del país. Keiko Fujimori quiere humillar a quienes ella considera sus “enemigos”, comenzando con el Presidente de la República y los funcionarios de más alto nivel. Y, castigar, asimismo, al pueblo peruano por no haberla elegido. Son sus iras santas, luego de su derrota por un mínimo porcentaje el 2016.

La señora K, gusta disfrutar del placer que genera el poder omnímodo para utilizarlo a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Las decisiones que ha tomado en distintos momentos de su vida lo demuestran.

Es bueno recordar, qué con sólo 18 años, dio la espalda a su madre, expulsada por Alberto Fujimori de Palacio de Gobierno, y asumió las funciones de Primera Dama, avalando, además, la humillación a que fue sometida Susana Higuchi.

Si no le dolió el drama de su madre, ni siquiera cuando fue torturada en el SIN, menos se iba a compadecer de su padre, si este era un estorbo para llegar a la presidencia de la república. Por eso se desmarcó del exdictador y de la vieja guardia fujimorista y construyó su propia organización, recogiendo en parte, la escoria que salía de los otros partidos.

Pero eso no era suficiente. No era un secreto que Kenyi Fujimori, ingresó a la política y salió elegido congresistas con un solo argumento: la libertad de Alberto Fujimori. Y, en medio de la crisis generada en el intento de vacar a Pedro Pablo Kuczynski, pactó con el presidente y consiguió el indulto presidencial.

Pero fueron los miembros de su partido, lo sabemos ahora, cumpliendo órdenes de ella, a través de la Botika y la Mototaxi, los que denunciaron que el indulto era un pacto político y no un indulto por razones humanitarias. Si Alberto Fujimori, su padre, retornó a prisión, fue por obra y gracia de Keiko Fujimori. Por supuesto que la renuncia de Kuczynski fue el trofeo y para conseguirlo utilizó las malas artes, esas que el “tío Vladi” fue diestro en enseñarle.

Maneja una bancada política que es la más vergonzosa de nuestra historia republicana. Ni en los peores momentos de nuestra vida democrática, incluso en dictaduras con parlamento o congreso, como fue la de Odría y de su mismo padre, hubo un congreso tan nefasto como el actual.

Y por supuesto obediente a la Jefa. Y eso, hay que reconocerlo. Tiene la capacidad de doblegar las voluntades de sus seguidores. ¿Cómo explicar, por ejemplo, la conducta de Luis Galarreta, quien, de enemigo del fujimorismo, hoy es el escudero de la Jefa?

¿Y de Martha Chávez o Luz Salgado, traicionando a Alberto Fujimori para complacer a la hija? Lo único bueno, si algo de bueno se puede sacar de una personalidad tan nefasta, es que nos hemos salvado -por lo menos por ahora- de tener una presidente como Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Si a su padre no le tembló la mano para dar órdenes al grupo de Colina, a la hija no le hubiera temblado un dedo para ordenar peores tropelías.

Abimael Guzmán tenía como lema “Salvo el poder, todo es ilusión”. ¿Es el mismo lema de la señora K? Parece que sí.

Julio Abril

 
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