Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Martes, 23 octubre 2018
Informe Especial
Los periodistas de Ecuador merecen seguridad y libertad para ejercer su profesión

#NosFaltan3. Esta frase ha estado omnipresente en Ecuador desde el 26 de marzo, cuando los tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio fueron secuestrados cerca de la frontera con Colombia.

El 13 de abril, tras varias semanas llenas de confusión e información contradictoria, las autoridades ecuatorianas confirmaron que los tres habían muerto, probablemente a mano de sus captores, una disidencia del grupo guerrillero colombiano FARC.

La pérdida de estas tres personas –el joven reportero Javier Ortega, el veterano fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra– ha destrozado al gremio periodístico ecuatoriano, donde los actos de violencia física contra periodistas son raros. Desde que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) comenzó a documentar casos de periodistas caídos en el ejercicio de la profesión, en 1992, solamente dos periodistas ecuatorianos habín muerto por motivo de su labor informativa, el más reciente en 2012.

En discurso pronunciado el 13 de abril y en el cual confirmó la muerte de los integrantes del equipo de El Comercio, el presidente Lenín Moreno rindió homenaje al sacrificio de los periodistas y exhortó a los medios de comunicación y a la sociedad ecuatoriana a ejercer su derecho a la libertad de expresión para criticar la respuesta del Gobierno.

Viniendo de Moreno, el vicepresidente del país durante la gestión del ex mandatario Rafael Correa, quien pasó una década convirtiendo a Ecuador en uno de los climas mediáticos más represivos de las Américas, tales palabras fueron particularmente significativas.

Durante la gestión de Correa, las empresas de medios fueron diezmadas y los periodistas fueron silenciados mediante la intimidación. Correa utilizaba sus intervenciones semanales por radio y TV para atacar a los medios, criticar a periodistas individuales y deslegitimar a los medios de prensa mucho antes de que la frase “fake news” ingresara al léxico mundial. Correa fustigaba a todo el que consideraba crítico, y recurría a los ataques personales y a demandas exorbitantes concebidas para llevar a la quiebra a medios de prensa.

Esta amenaza constante dejó ansiosos y miedosos a los periodistas independientes ecuatorianos. Los periodistas dejaron sus empleos o se autocensuraron para protegerse. El ejemplo dado por la Presidencia se esparció a los gobiernos locales y regionales, donde los funcionarios se sentían envalentonados para perseguir a los periodistas por su trabajo periodístico, que consideraban como un atentado a su reputación.

“Aprendimos a jugar a filo de la línea”, declaró Alexis Serrano, periodista de la sección de Política del periódico La Hora.

“No sabes a qué [respuesta] te podrías exponer cuando haces un reportaje”, expresó Carolina Mella, la presentadora del programa Visión 360 de Ecuavisa, un canal noticioso privado que era uno de los principales blancos de la ira de Correa.

Desde que Moreno asumió el poder hace casi un año, ha habido un cambio claro en la retórica oficial. Moreno se ha distanciado del legado de Correa y ha prometido mejorar la relación del Gobierno con los medios de comunicación, ha sostenido encuentros con periodistas y le ha ordenado a su administración aprobar reformas jurídicas para mejorar el clima de libertad de prensa en todo el país.

Los periodistas afirman que el cambio de tono les ha permitido respirar con un poco más de libertad por primera vez en muchos años.

“Hay un mejoramiento del clima, con una cese de agresiones contra los medios”, declaró César Ricaurte, director de la organización ecuatoriana defensora de la libertad de prensa Fundamedios, a una delegación del CPJ que visitó Ecuador en marzo. “Es un momento de romance entre la prensa y el Gobierno, la prensa ha sido mucho más favorable a Moreno”.

Pero es probable que este romance sea breve si las autoridades no se toman medidas para respaldar la retórica. El daño provocado por una década de guerra abierta contra los medios no se puede reparar en un año, y muchas de las políticas más destructivas se han incorporado a la ley ecuatoriana, lo cual no se puede cambiar con unas pocas oportunidades para aparecer juntos en fotos.

Puede que el elemento más hostil de la estructura jurídica creada por Correa sea la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, a menudo llamada Ley Mordaza. Esta ley convirtió a Ecuador en uno de los países más represivos de los medios en el mundo hispanohablante, gracias a restricciones concebidas para silenciar o desmantelar sectores completos de los medios.

“Prácticamente tuvimos que trabajar con la ley en la mano, por supuesto eso genera la autocensura”, manifestó Milton Pérez, productor ejecutivo de noticias del canal de televisión Teleamazonas.

Además, el Gobierno de Correa también creó un organismo, la Superintendencia de Información y Telecomunicaciones, o Supercom, para vigilar la observancia de la ley. La Supercom actuaba como juez y parte, aplicando sanciones e imponiendo absurdas multas que servían de advertencias dirigidas a otros periodistas.

Ahora la Supercom ha perdido su poder en gran medida, ha emitido una cantidad muy inferior de citaciones y ha carecido de titular desde que su anterior director, Carlos Ochoa, caído en desgracia, fuera cesado del cargo en marzo. Por otra parte, el Poder Judicial ha comenzado a emitir fallos a favor de la libertad de prensa, y recientemente desestimó las acusaciones presentadas contra los conocidos periodistas Martín Pallares y Fernando Villavicencio , quienes hacían frente a querellas por difamación derivadas de la época de Correa.

De todos modos, la ley sigue siendo una amenaza mientras continúe vigente. Durante nuestra visita a Ecuador, muchos periodistas se refirieron a la ley como una “pistola cargada”, quieta por el momento, pero tan peligrosa como siempre.

“Mientras la ley exista, es totalmente intimidatoria”, declaró César Pérez, subdirector del diario El Universo.

La Constitución ecuatoriana exige una ley de comunicación nacional, y por ello el Gobierno ha declarado que no puede eliminarla, pero ha prometido reformarla. En un encuentro sostenido con el CPJ en marzo, el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, prometió implementar reformas antes del fin el año. El Gobierno también ha invitado a los expertos internacionales David Kaye y Edison Lanza, relatores especiales para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, respectivamente, a visitar el país y asegurar que las reformas propuestas cumplan con las normas internacionales.

Estas promesas muestran la voluntad de desmantelar las peores partes de una época oscura, cuando las personas temían expresarse, escribir o incluso dibujar caricaturas políticas . Si Moreno de veras quiere erradicar la corrupción, debe entender que no lo puede hacer sin una prensa libre e independiente.

Ahora que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la trágica pérdida del equipo periodístico de El Comercio ha puesto en primer plano la cuestión de la libertad de prensa en el diálogo público nacional, pero lo cierto es que los periodistas ecuatorianos han estado bajo asedio durante años.

Ahora resplandecen rayos de luz por entre las grietas de la estructura que Correa creó, pero hará falta voluntad política y el compromiso del Gobierno, y el apoyo de todos los sectores de la sociedad, para asegurar que Ecuador pueda volver a construir una prensa verdaderamente libre y, mediante ello, una democracia fuerte.

Natalie Southwick

CPJ Americas Researcher

 
Mujeres periodistas lanzan Press Forward contra el acoso sexual en redacciones

Lo que comenzó como una conversación en una página de Facebook se convirtió en un movimiento nacional contra el acoso sexual en las redacciones. Un equipo de 13 periodistas fundó la organización Press Forward y la presentó en público el 13 de marzo pasado, en un evento en el National Press Club de Washington.

El grupo se conectó e intercambió experiencias en las redes sociales a principios de septiembre de 2017, en plena efervescencia del movimiento #MeToo".

"Algunas de las integrantes buscaban una suerte de grupo de apoyo", cuenta la londinense Dianna Burgess, una de las fundadoras de la organización. "Pero todas sentíamos que era realmente necesario hacer algo positivo a partir de las experiencias negativas que habíamos vivido”.

Aunque el grupo de fundadoras es diverso en edad, etnia, sexualidad y lugar de residencia, se unieron por su experiencia en los medios y por el deseo de impulsar cambios, dice Burgess.

Otra miembro del grupo, Eleanor McManus, trabajó más de 10 años en CNN, desde que tenía 22 años. Cuando el historial de acoso de Mark Halperin llegó a las primeras planas, ella compartió públicamente su experiencia, pero siempre quiso hacer más.

"Nos dimos cuenta de que éramos un grupo de periodistas y productoras talentosas que salían al terreno para hacer una diferencia, para ayudar a contar una historia", explica McManus. "Unidas podemos ayudar a futuras periodistas”.

Las fundadoras dejaron de encontrarse en Facebook para hacer una lluvia de ideas sobre su futuro proyecto. Se comunicaron vía email, redes y llamadas online para planificar el siguiente paso.

La organización anunció su formación el mismo día en que Time Magazine nombró a “the silence breakers” como personalidad del año, lo que inspiró mucho interés y apoyo a Press Forward.

Sin embargo, para las integrantes era importante establecer metas y estrategias claras antes de que otras personas se involucraran. "Queríamos organizar una propuesta que tuviera verdadero sentido", dice Burgess.

En marzo ya tenían una misión claramente definida: "Crear un ambiente de trabajo seguro y elevar el valor de las mujeres en el entorno laboral, comenzando por las redacciones".

Muchas de las integrantes se conocieron por primera vez en el evento de lanzamiento, que contó con oradores, anuncios y mesas redondas. Los panelistas incluyeron fundadores y miembros de su junta asesora, como Ted Koppel, Jake Tapper y Sara Just.

Aunque algunos de los comentarios de los panelistas fueron provocadores, Burgess cree que se puede estar en desacuerdo mientras se trabaja para lograr el mismo objetivo.

La estrategia de Press Forward se divide en cuatro ejes principales: el diseño de capacitaciones innovadoras para tomar conciencia sobre el acoso sexual, la realización de evaluaciones sobre la cultura de la redacción, la creación de un modelo para promover cambios y la definición de estándares para alentar mejores prácticas.

A través de mesas redondas, eventos educativos y divulgaciones en escuelas de periodismo, Press Forward también espera educar y capacitar a staffs de periodistas –desde directores hasta pasantes– sobre cómo enfrentar los problemas a medida que surgen. Para ello trabajarán junto al Instituto Poynter.

"La mayoría de los medios ni siquiera ofrecen capacitaciones sobre acoso sexual", observa Kelly McBride, vicepresidenta del Instituto Poynter. "De los entrenamientos que existen, la mayoría parece ineficaz. Queremos desarrollar una formación que esté enraizada en los valores centrales del periodismo. En lugar de decirle a las personas que se porten bien, queremos enseñar a los líderes a construir redacciones más equitativas".

Burgess cuenta que la iniciativa más ambiciosa de Press Forward será realizar un gran estudio de seis meses en las redacciones de todo Estados Unidos con el fin de comprender mejor la cultura que se vive allí y hacer recomendaciones basadas en datos.

"Se necesita más investigación sobre el estatus de las periodistas y las condiciones en las que trabajan", sostiene Elisa Lees Muñoz, directora ejecutiva de la International Women's Media Foundation (IWMF), que se ha asociado con Press Forward en la iniciativa. "Sin datos ni cifras que respalden la evidencia anecdótica que hemos escuchado a lo largo de los años, resulta difícil difundir el impacto del problema y proponer soluciones".

Press Forward actualmente acepta donaciones, pero todavía busca más fondos. Hasta ahora, todo el trabajo ha sido voluntario, y los próximos proyectos, como la contratación de expertos para realizar el estudio, requieren un ingreso constante.

A McManus le preocupa que el movimiento contra el acoso en el entorno laboral pierda impulso, pero continúan programando eventos para mantener viva la discusión.

Próximamente harán mesas redondas en Washington y Nueva York, y ya han hecho apariciones en universidades. Además, comparten recursos a través de su sitio web y de las redes sociales.

"Realmente solo se trata de cambiar el punto de partida", dice Burgess. "Sé que suena simple y básico, pero ¿y si el punto de partida fuese que una mujer con un problema pueda acudir a alguien en quien confíe, y que ese alguien le crea?

/ijnet.org/es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las “noticias falsas” ponen en riesgo a la libertad de prensa

NACIONES UNIDAS.- Cuando a un dirigente político de otra época le preguntaron sobre los “principales diarios” de su país, respondió: “No tenemos ninguno porque todos son engañosos”.

Hace unas dos décadas, quizá fue un comentario irónico, pero se hizo realidad con la aprobación de una ley que condena a seis años de cárcel a periodistas culpables de propagar “noticias falsas”.

La norma considera noticias falsas a “cualquier noticia, información, datos e informes que sean total o parcialmente falsos, ya sea en forma de artículos, imágenes o grabaciones o cualquier otra forma, capaces de sugerir palabras o ideas”.

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó el término en reiteradas ocasiones, incluso para negar hechos y datos verificables, algunos países en desarrollo siguieron su ejemplo de pretender silenciar a la prensa.

Trump es un “mentiroso serial”, según el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, y sus mentiras buscan denigrar a los periodistas cuyas coberturas y denuncias desestima por ser “noticias falsas”.

“Muchos gobiernos asiáticos, como Malasia, Singapur y Filipinas, se sumaron al carro de las ‘noticias falsas’ tirado por el presidente Trump”, observó Steven Butler, coordinador de programa para Asia del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

“Los gobiernos que desean suprimir la libertad de expresión saben que el presidente de Estados Unidos les dará carta blanca, con lo que no contaban antes. La ciudadanía de esos países necesita encontrar su propia forma de defender la libertad de prensa”, añadió.

A principios de este mes, India amenazó con castigar a periodistas por propagar “noticias falsas”. Pero en menos de 48 horas, el gobierno lo pensó mejor y anuló el anuncio sin explicación.

Norman Solomon, director ejecutivo del Instituto de Precisión Pública, con sede en Washington, y uno de los fundadores y coordinador de RootsAction.org, dijo a IPS que los demagogos poderosos odian la libertad de prensa y quieren reducir o aplastar a cualquier medio independiente que se le quiera poner en el camino.

“Las denuncias de ‘noticias falsas’ de Trump representan una nueva expresión de técnicas centenarias para responsabilizar al mensajero de las noticias no deseadas”, añadió.

Los gobiernos, como las grandes corporaciones, están en el negocio de la gestión de noticias, apuntó, y señaló “utilizan megáfonos poderosos y una variedad de elementos para lograr una cobertura favorable y suprimir o desacreditar las coberturas no favorables”.

En algunos casos, la represión adopta la forma de amenazas, de allanamientos, procesamientos y encarcelamientos. En los países más democráticos, la represión puede tomar la forma de incentivo de “poder blando”, zanahorias económicas, campañas de relaciones públicas masivas y una avalancha de propaganda sin tregua.

En medio de todo eso, los periodistas deben hacer frente al desafío de buscar los hechos y las verdades subyacentes, sin importar a donde los lleve, arguyó.

En algunos países, los obstáculos generan miedo de ir a prisión o hasta de morir, mientras en otros, es de perjudicar su carrera o perder el trabajo, acotó Solomon.

En la columna “La Guerra de Trump contra la verdad”, publicado a principios de este mes, The New York Times señala que cuando el presidente tilda de “noticia falsa” a cada información que no le gusta , también incentiva a otros dirigentes políticos, en especial a quienes no deben preocuparse por las leyes de libre expresión o por un sistema de justicia independiente, a sofocar con más agresividad a la prensa.

“Saben que la condena internacional por sus acciones será mínima porque uno de los más importantes defensores de los estándares de la libertad de prensa, el gobierno de Estados Unidos, está encabezado por un hombre que trata de desacreditarla”, explicó.

Las “noticias falsas” son un verdadero problema, más por ser una acusación que mata el debate serio que por ser una categoría de noticias en sí misma, indicó Ian Williams, autor de “UNtold: The Real Story of the United Nations in Peace and War” (“La ONU nunca contada: La verdadera historia de la Organización de las Naciones Unidas en la paz y en la guerra”).

En general, señaló Williams, los grandes medios se destacan más por lo que ignoran que por sus mentiras, y a menudo revelan sus colores.

En particular, los medios estadounidenses dependen de las fuentes gubernamentales y a menudo confían en ellas de forma ingenua, aunque el comportamiento de Trump podría estar cambiando eso.

Por todas sus fallas, los grandes medios tienen competencia y temen que les ganen sus rivales.

Por otro lado, eso significa que tienen una mentalidad de rebaño, por lo que de forma colectiva y sin cuestionamientos se creyó el argumento de las armas de destrucción masiva en Iraq y el escándalo espúreo de “petróleo por alimentos”, explicó Williams, un analista que escribió para varios medios como The Independent, New York Observer, The Financial Times y The Guardian.

“Pero confío en ellos antes que en Fox, en los tabloides de Murdoch y en Breitbart, y por encima de todas las agencias de noticias de estados autoritarios, donde un editor podría perder su trabajo y posiblemente su cabeza por no respetar las órdenes”, explicó.

Y observó que la BBC a veces critica al gobierno, Sana y Russia Today, nunca.

“Y también desconfío de periodistas ‘independientes’, que tienen permiso y ayuda para ingresar a estados totalitarios para que puedan contar la ‘verdad’ y denunciar las mentiras de los grandes medios”, apuntó.

Con respecto a si la ONU es confiable, señaló: “En su mayor parte sí, porque hay tantas filtraciones que cuando se corrigen informes, se filtra y hay 193 misiones verificando su preferencia y asegurándose de hacer correcciones”, explicó Williams, también excorresponsal de The Nation en la ONU.

Solomon explicó que en cada sociedad existe la necesidad vital de búsqueda de verdad que puede hacer que la democracia sea real, como el consentimiento informado de los gobernados.

En este momento, en Estados Unidos, en Rusia y en China, hay muchas otras naciones, hay personas en lo alto de las estructuras económica y política deseosas de mantener la sumisión desinformada de los gobernados.

“No importa cuán diferentes sean los sistemas sociales, políticos y de medios, los periodistas deben hacer frente al desafío de superar la censura manifiesta o solapada del gobierno, de las corporaciones y de las personas ricas”, declaró Solomon.

Las “‘noticias falsas’ surgieron como un tema global de preocupación y existe el riesgo de que los esfuerzos realizados para frenarlas puedan llevar a la censura, la eliminación del pensamiento crítico y de otros enfoques contrarios a los derechos humanos”, reza una declaración del relator especial de la ONU para la libertad de expresión y de opinión, David Kaye, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos.

“En su Declaración Conjunta, identificamos principios generales que deben aplicarse a todos los esfuerzos para hacer frente a este asunto”, reza el documento divulgado en marzo.

La declaración identifica los estándares de derechos humanos aplicables, fomenta la promoción de la diversidad y la pluralidad de los medios y subraya los papeles particulares de los intermediarios digitales, así como de periodistas y medios de prensa.

IPS/ Traducción: Verónica Firme

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIDH: Estados deben proteger a defensores de DDHH de represalias y hostigamientos

Es fundamental reconocer el rol que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen, y es necesario generar garantías para que sean protegidos de eventuales represalias y hostigamientos, dijo Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Es fundamental reconocer el rol que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen en los procesos de denuncia de actos de corrupción, y es necesario generar garantías para que sean protegidos de represalias, de hostigamientos”, indicó en diálogo con Ideeleradio.

“Es necesario generar garantías para que puedan ejercer sus legítimos derechos a la protesta social y más que eso, que los Estados estructuren administrativamente mecanismos nacionales de protección de defensores y defensoras de derechos humanos”, puntualizó.

Uso del Sistema Interamericano

Sostuvo, en líneas generales, que cada vez más se tienen que generar mejores herramientas para el uso del Sistema Interamericano a favor de la protección de los denunciantes de delitos de corrupción.

“El Sistema Interamericano a su vez ya hizo su parte con el sistema de medidas cautelares, con el uso de nuestros comunicados para generar atención de grupos que están siendo hostigados, por medio de nuestras solicitudes de información al Estado para expresar que estamos atentos a determinadas situaciones concretas”, indicó.

“No voy a comentar ningún caso en específico, pero creo que cada una de las situaciones dispone a partir de los instrumentos interamericanos y las comisiones a toda la región y los países que tienen a su disposición para accionar el Sistema Interamericano”, explicó.

Diferenciar situaciones

El secretario ejecutivo de la CIDH dijo, del mismo modo, que los sistemas de justicia, en el ejercicio de su independencia, deben identificar y diferenciar los casos que lleguen a analizar.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos piensa que se debe cuidar para que todo el sistema de justicia, en el ejercicio de su independencia, sepa identificar cuando hay efectivamente un cometimiento de una ilicitud o cuando hay simplemente el ejercicio libre del derecho de las personas para exigir respuestas estatales para las denuncias de corrupción que están puestas”, refirió.

“Así que hay que tener cuidado de diferenciar cada una de esas situaciones donde hay una manipulación o una persecución, que muchas veces puede ocurrir incluso por los propios autores estatales, por las propias autoridades públicas. Esa sensibilidad de percepción sobre cada una de esas situaciones es algo que cada caso particular es capaz de ofrecer”, aseveró.

El rol de la sociedad civil

Finalmente, dijo que es importante el rol de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil respecto a la posibilidad de establecer una diferenciación.

“Por eso es que el rol de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en esos procesos es fundamental, porque ahí podemos identificar a quienes tienen acciones históricamente para incidir en nuestras agendas y otros tipos de aprovechamiento del sistema para desviar sus finalidades fundamentales que es proteger a la gente que legítimamente está luchando por una sociedad más ética”, puntualizó.

 
EEUU: Batalla sobre el veto migratorio de Trump llega al Tribunal Supremo

WASHINGTON.- La batalla sobre el veto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega la próxima semana al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si el mandatario se extralimitó en sus poderes y si trató de discriminar a los ciudadanos de países musulmanes.

El miércoles el Tribunal Supremo celebrará una audiencia para estudiar el caso, aunque no emitirá una sentencia hasta junio.

En cuestión está la legalidad de la tercera versión del veto migratorio, diseñado para obstaculizar indefinidamente la entrada a EE.UU. de los nacionales de seis países de mayoría musulmana (Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen) y que incluye restricciones para los ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte.

Todo comenzó en la campaña para las elecciones de 2016, cuando un matrimonio radicalizado perpetró un atentado en San Bernardino (California) y Trump aprovechó para prometer un "bloqueo completo y total" a la entrada de musulmanes a Estados Unidos, con el fin de detener el terrorismo yihadista.

"Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana", afirmó Trump entonces.

Solo una semana después de llegar al poder, Trump proclamó mediante una orden ejecutiva su primer veto, titulado: "Protegiendo a la nación de la entrada de terroristas extranjeros".

El decreto entró en vigor de manera inmediata y desató el caos en todo el mundo: familias que no pudieron embarcar en sus vuelos a Estados Unidos, manifestaciones masivas en los aeropuertos y abogados acampados en las terminales de llegadas para asesorar a aquellos que eran retenidos en aduanas.

Como resultado de esa orden, 700 viajeros fueron detenidos en los aeropuertos y 60.000 visados fueron revocados temporalmente, según datos del Departamento de Estado.

Ese primer veto acabó bloqueado en los tribunales y, ante la dificultad de defenderlo ante la Justicia, Trump proclamó el 6 de marzo de 2017 una nueva versión, que fijaba una restricción de 120 días para los refugiados y de 90 días para los nacionales de seis países (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).

Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo, que permitió al Gobierno restringir la entrada de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.

Las restricciones eran temporales y, cuando expiraron en septiembre de 2017, Trump proclamó su tercer veto, que incluyó por primera vez a dos países sin mayoría musulmana: Corea del Norte y Venezuela, donde las restricciones solo afectaron a algunos funcionarios y su "familia inmediata".

De nuevo, fue el Tribunal Supremo el que permitió el pasado diciembre la implementación de esa tercera versión del veto.

La medida impide la entrada a EE.UU. de los nacionales de cinco países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Siria, Yemen y Libia) que ya habían sido incluidos anteriormente.

Trump metió también a Chad, de mayoría musulmana, pero este mismo mes la Casa Blanca anunció su salida de la "lista negra" debido a las mejoras en seguridad del país africano.

Después de un largo camino, ahora le toca al Supremo resolver dos cuestiones: ¿Tiene el presidente poder para proclamar medidas migratorias o le corresponde al Congreso? ¿Viola el Gobierno la cláusula de la Constitución que protege la libertad religiosa al dirigir su veto contra ciudadanos musulmanes?

El Ejecutivo es el que ha acudido al Tribunal Supremo para que resuelva estas polémicas y falle a su favor, estableciendo que por motivos de seguridad el presidente tiene el poder de restringir la entrada a EE.UU. de los nacionales de aquellos países que no comparten suficiente información con Washington.

"Suspender la entrada de los individuos de esos países ha puesto presión sobre sus gobiernos para que cambien su comportamiento", argumentan en su escrito los abogados del Ejecutivo.

El miércoles el Gobierno tendrá que enfrentarse a los demandantes, liderados por el estado de Hawái y por el egipcio Ismail Elshikh, el imán de la Asociación Musulmana de Hawái que vio cómo el primer veto impedía a su suegra, originaria de Siria, viajar a Estados Unidos para conocer a dos de sus nietos.

EFE

 
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