Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Viernes, 19 julio 2019
Informe Especial


¿Reforma política ahora?

La Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra afirma que trabaja a todo vapor. Y que en su mesa no están solo los proyectos que Martín Vizcarra entregó hace más de un mes, para concretar la reforma política propuesta por la Comisión Tuesta, que son muchos más un gran número de iniciativas de abrumadora complejidad.

Para analizar si la reforma política será o no posible hay que tomar en cuenta el factor tiempo. El Presidente y el Premier reclaman nuevas normas para ser aplicadas en el 2021 y atención urgente a su propuesta porque no es posible modificar las reglas electorales un año antes de los comicios. Por tanto todo cambio deberá hacerse como máximo en menos de un año, es decir antes de abril 2020.

El tiempo manda y hablamos de cuatro reformas constitucionales, entre ellas la de la inmunidad parlamentaria, que deberían aprobarse en la presente legislatura si se quieren vigentes para las próximas elecciones generales.

Difícil muy difícil. Estamos nuevamente en pleno conflicto de poderes. Mientras el presidente Vizcarra exige públicamente al Congreso priorizar los proyectos que entregó hace más de un mes, su titular Daniel Salaverry, responde que trabajarán sus propias propuestas con especialistas de alto nivel y asambleas al interior del país para conocer la opinión de la población.

No hablan el mismo idioma. Los proyectos del Ejecutivo han sido colocados en la categoría de insumo junto a la información que recogerán en las cuatro macro regiones a fin de que la renovación normativa de la política salga de la ciudadanía.

Nuevamente la apelación al pueblo pero esta vez convocado por el Congreso, para opinar sobre la representación, el voto preferencial o la bicameralidad. Ese mismo pueblo que ya tuvo su momento en el referéndum de Diciembre del cual salieron directivas que los legisladores deberían tener en cuenta.

Pero no será así. Según Salaverry la información que pudieran obtener la pondrán a consideración de líderes de opinión de diferentes sectores. Un trámite largo y lento que no se parece al de una reforma sino al de arrastrar voluntades sin posibilidades de concreción, legitimada o no por la población.

Quedarán en el camino la muy importante bicameralidad o la posible elección parlamentaria en la segunda vuelta. El mismo Fernando Tuesta considera muy difícil que los planteamientos de su Comisión sean aprobados para el 2021 si no hay previo acuerdo con el gobierno. Pero la confluencia está lejana, ni prioridad ni debate, los esfuerzos de ambos poderes no van por la misma vía.

No extraña la situación porque el Congreso se ve más preocupado por la embestida judicial por Lava Jato y sus consecuencias contra los políticos y los partidos que en discutir la reforma política. Y esta vez las presiones del Ejecutivo no tendrán el mismo efecto. Ya el Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, ha descartado la cuestión de confianza. Si esto es así alguien en el entorno de Martín Vizcarra y de Daniel Salaverry debería decirles que vale más dialogar que imponer. Y que para lograr la reforma política funcionaría mejor el poder blando de persuadir que el poder duro de golpear.

María del Pilar Tello

 
La probada insolvencia de nuestra “democracia”

Una reciente encuesta de la Universidad del Desarrollo, difundida por el propio diario El Mercurio (21 de abril), ha dejado al desnudo las debilidades de nuestro sistema institucional. Si por “democracia” se ha entendido el gobierno del pueblo y por el pueblo, lo cierto es que hoy en Chile los ciudadanos prácticamente no reconocen poder alguno sobre las decisiones de la política. De allí, entonces, los altos niveles de abstención electoral y la falta de representatividad popular de quienes son escogidos para integrar el Gobierno, el Parlamento y las municipalidades.

Ante la pregunta sobre cuáles cree usted que son las instituciones que más influencia tienen en las decisiones gubernamentales, un 44 por ciento de los encuestados cree que son las empresas las que más inciden en tal sentido, seguido de quienes le asignan a los medios de comunicación ser también muy decisivos al aspecto. Los mismos partidos oficialistas solo contribuirían un siete por ciento en la toma de decisiones y, después de ello, los sindicatos, las FFAA, las iglesias y la ciudadanía no pasan de ejercer un cuatro por ciento de influjo.

Llama la atención también en este sondeo que más 55 por ciento de los encuestados piense que no tiene ninguna influencia en lo que hacen las autoridades, con lo que se consolida la pobre matriz republicana de nuestro orden político institucional. De allí, además, que en el Chile de hoy exista un 45 por ciento de personas que le interese muy poco o nada la política, en contraste con la cifra del 12 por ciento que todavía le importa mucho.

Las cifras son ciertamente dramáticas si se las compara con otros países en que el ejercicio ciudadano es relevante y la política mantiene el interés de la población, aunque la decepción respecto de sus actores parece ser un fenómeno muy universal y creciente. Lejos hemos quedado de ese fervor ciudadano que se expresaba en los primeros comicios de la pos dictadura. Algo que hoy recién preocupa a las clases dirigentes y desde el Servicio Electoral se gastan recursos para estimular el sufragio en un país en que el derecho a voto es voluntario.

Hay países considerados democráticos en que la concurrencia a las urnas no es muy masiva o suele ser fluctuante entre una y otra elección. Sin embargo, los ciudadanos de todas maneras sienten que están representados por sus gobiernos y parlamentos. Además de asignarle alguna capacidad y dignidad a los diversos partidos y líderes políticos y sociales. En contraste con ello, la misma encuesta que comentamos ratifica aquellos que es ya vox populi: la desconfianza general que existe respecto de la llamada “clase política.

En efecto, apenas un 12 por ciento de nuestra población cree que sus diputados y senadores se esfuerzan por cumplir las promesas que le hicieron al electorado, mientras que más de un 66 por ciento piensa que nuestros legisladores no procuran hacer lo que más le conviene al país. Toda una realidad que en los hechos nos resta autoridad moral para darles lecciones de democracia a los otros países de nuestro entorno regional. La constatación de cifras que se hacen despreciables, además, frente a los estándares democráticos de muchos países del mundo.

Es acertado asegurar también, a la luz de este sondeo, que el gobierno actual parece más de los empresarios que de los trabajadores; digitados mucho más por las instituciones patronales que por los partidos políticos, las agrupaciones laborales y de la vida civil. Una realidad que debe ser de suyo indicativa de los niveles de corrupción que a diario se alcanzan en los más distintos campos, así como de la impunidad que favorece a las colusiones empresariales y políticas.

Si se añaden a los resultados de esta encuesta los múltiples indicadores de la percepción social que existen frente a nuestra pretendida democracia, podrán sacar, por supuesto, el aumento de la inseguridad y el desarrollo de la delincuencia común. El hecho de que la violencia se haya hecho ya el pan de cada día y se instale como el alimento sustancial de los noticiarios de la televisión y radio, como de los titulares de la prensa y de las redes sociales.

La desconfianza que hoy, por añadidura, sabemos que existe respecto de la probidad de nuestros tribunales y de la idoneidad de las mismas instituciones intelectuales y religiosas estimula en las víctimas la necesidad de hacerse justicia por su propia mano, además de evadir o eludir las disposiciones tributarias y hasta las leyes del tránsito, cuando se descubren los más voluminosos fraudes fiscales en las propias policías y los militares. Conmociona en tal sentido que un país que se proclamaba probo, casi incorrupto, hoy iguale o supere a tantos otros en esta lacra. Incluso en lo que toca a los abusos cometidos por sacerdotes y obispos, nos da la impresión que Chile, en relación a su tamaño, es el que ha demostrado una de las peores condiciones.

Tampoco parece ser muy encomiable que en relación a su actividad laboral el 45 por ciento de los empleados estime que el trabajo es solo una manera de ganar dinero. Que tantos chilenos tengan como incentivo solo obtener plata ejerciendo sus empleos, por lo que debemos desprender que la mayoría trabaja insatisfecha en un país en que el salario es mínimo o muy precario para la amplísima mayoría de los trabajadores. Y que debiéramos felicitarnos de que muchos compatriotas e inmigrantes se asuman como vendedores ambulantes antes de llegar a delinquir para generarse su sustento. Junto con tener que defenderse de la represión policial que los apalea y les confisca sus mercancías, mientras los micro traficantes, por ejemplo, se desenvuelven con mucha más seguridad.

Juan Pablo Cárdenas Squella/ Fuente: barometrolatinoamericano.blogspot.com

 
No hay mal que dure cien años

La magnitud de los problemas políticos y sus consecuencias en el mundo económico y, sobre todo, en el campo social, está desarrollando un estado de ánimo cargado de pesimismo entre la población ciudadana. Podría afirmarse que le está costando mucho tomar plena conciencia de tales problemas, a tal punto que no ve en el futuro inmediato la solución de los mismos.

Es evidente que se necesita a estas alturas la realización de un diagnostico cualitativo, que nos permita conocer en su raíz las causas de los problemas  que cada vez son más patentes. Al respecto habría que citar el caso de la corrupción prácticamente generalizada en la clase política, con hechos judicializados nunca antes vistos. Y habría que sumar los referentes a la desocupación, empobrecimiento, la inseguridad ciudadana, la anemia y otros graves problemas de salud, dentro de un largo etc.

¿Cuáles son las soluciones que tiene la ciudadanía ante este drama, que tiende a agudizarse? La respuesta no está  en los colectivos políticos, y casi inexistentes y sin cuadros calificados para el análisis que se requiere. Tampoco en los poderes del Estado. El Ejecutivo pone entusiasmo y ganas de mejorar la gobernabilidad. Pero, los problemas sobrepasan la capacidad de superarlos. El Legislativo se encuentra completamente desacreditado. Tanto que hay sectores ciudadanos que prefieren una renovación total de las diferentes bancadas, bancadas que por cierto no llegan ni siquiera a superar sus pugnas intestinas. El Judicial afronta dificultades para una buena administración de justicia, al margen de la actitud ejemplar de algunos fiscales y algunos jueces. No resulta extraño, por tal razón, que entre el pueblo de menos recursos se le cite como un poder en donde la justicia no solo es ciega, también es muda y, además, con frecuencia prevaricadora.

La magnitud y profundidad de nuestros problemas económicos y sociales son objeto de opiniones con frecuencia  discrepantes. Esto llega inclusive al cinismo entre algunos con poder económico y que marcan la agenda del poder político. ¿Diga usted presidente, quiénes son los poderosos? Preguntan mediáticamente, tratando de hacerle perder el equilibrio gubernamental, a quien tiene abierta una pugna contra la corrupción, sabiendo que ellos mismos están entre esos poderosos que, en diferentes tonos, pretenden la flexibilización de las leyes sancionadoras que castigan a quienes han delinquido, sean o no de cuello duro.

Me sumo a quienes consideran que este pesimismo, tal desorientación, en tiempos razonables, llegarán a su fin. Dicen que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. No hay duda que el camino de la democracia es amplio y seguro. En ese andar, sin embargo, resulta necesario que haya disposición a asumir los sacrificios indispensables, no solamente los de carácter económico, sino también sacrificios respecto a nuestras creencias, que a veces es preciso abandonar para fijar un objetivo de paz y justicia. Es preciso, entonces que los intereses políticos de partido, sean superados y redefinidos, para darle una nueva dinámica y otra visión tendientes a la solución de los problemas, repito, políticos económicos y sociales.

Roberto Mejía Alarcón

 
El aseguramiento: un derecho irrenunciable

La imagen del trabajador informal lo hemos asociado, por diversas razones, solo con los comerciantes ambulantes. Son los que vemos en las cercanías de los centros comerciales, en los terminales de buses interprovinciales y algunos que suben a los buses ofreciendo diversos productos, especialmente golosinas. En fin, en todas las calles de Lima y otras ciudades.

En algunos casos, son considerados una manifestación de la mendicidad pública, y esto, en base a los que percibe como ingresos, más que por la venta de caramelos o baratijas, por el discurso y el tono con que piden que “colaboremos”.

Pero los trabajadores informales no sólo son los vendedores ambulantes. En un Seminario Taller realizado en la ciudad de Trujillo por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, dimos una rápida mirada de las condiciones laborales de los periodistas que trabajan en provincias, y, el resultado fue preocupante: la gran mayoría forma parte de este grupo que se encuentra en la economía informal.

El ejercicio del periodismo, según detallaron los asistentes al Seminario Taller, se hace de manera tal, que los periodistas no cobran un salario de parte del medio en el que trabajan, ya que se utiliza la figura del concesionario que “compra el espacio” que puede ser una o dos horas diarias o una vez a la semana.

Los periodistas a cargo de producir el programa informativo, de hecho, no están en planillas. Y, por tanto, carecen de todas las bondades del aseguramiento que dispone la ley: un salario, aunque sea el mínimo vital; seguro de salud, que le cubra en caso de verse afectado en su economía por alguna enfermedad contraída mientras está en el periodo laboral; seis días de trabajo y uno de descanso, todos pagados; cesantía, cuando sus capacidades físicas ya no le permiten seguir trabajando.

Es más. Las condiciones en las que trabajan los periodistas lo expone a riesgos diversos. Por ejemplo, cuando cubre un enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas del orden, es posible que pueda ser impactado por un proyectil, golpeado en medio de la trifulca, y a veces detenido. El uso del chaleco de periodista, en algunos casos abre las puertas para acceder a la información y en otros las cierra violentamente.

Aparte de los enfrentamientos sociales, hay otros peligros para el periodista, frente a los que está desprotegido. Cubrir un accidente de tránsito, un desastre natural en busca del ángulo perfecto si se quiere una imagen o un video, puede causar desde un accidente hasta una tragedia.

Frente a esta realidad, que es la de miles de peruanos, periodistas o no, queda el derecho a exigir que el aseguramiento en todos los casos sea universal. Por supuesto, no se puede limitar sólo al de salud, sino que debe abarcar el de desempleo y de cesantía. Como indica Naciones Unidas, tener un trabajo digno, que garantice la realización física, intelectual y anímica del trabajador.

La construcción de una mejor sociedad, solidaria, donde se respeten los derechos de las personas, el trabajo sea digno y permita la realización plena del trabajador, con democracia sea real que defienda y promueva todas las libertades, es una responsabilidad social de los periodistas, indicó en esa misma reunión el Presidente de la ANP Roberto Mejía Alarcón.

¿Es mucho pedir a los periodistas un compromiso de esta naturaleza? Es posiblemente para muchos una utopía. Y están en lo cierto, pero las utopías de van construyendo y permite ir alcanzado algunas metas, pequeña algunas y otras de mayor trascendencia. Lo importante, es, parafraseando a Machado, hacer el camino, echándose a andar.

Julio Abril

 
El acoso a una conocida periodista revela la desprotección a mujeres en Perú

El acoso a la periodista Melissa Peschiera, una presentadora de televisión muy conocida en Perú, ha puesto en evidencia la desprotección de las mujeres que denuncian estos casos en el país, donde pese a que es un delito tipificado desde septiembre 2018, en la práctica, no se da seguridad a las víctimas.

Tal es el caso de Peschiera, que desde 2016 se convirtió en la obsesión de un hombre al que acusó ante las autoridades de acosarla en persona, enviarle cartas, hacerle llamadas telefónicas y mandarle constantes mensajes por redes sociales, en los que le declara su amor y admiración.

"Empezó de menos a más, primero cartas, luego consiguió el teléfono. Yo me lo encontré dos o tres veces afuera de mi casa, y desde ahí tuve que limitar mis salidas y las de mis hijos", declaró la periodista a Efe.

El hombre continuó con este acoso hasta que Peschiera decidió enfrentarlo en abril de 2018 y avisar a la Policía, que lo detuvo, pero a los dos días fue liberado, a pesar de una demanda por intento de secuestro y seguimiento.

En junio de 2018, el Poder Judicial ordenó medidas de protección para la periodista que, en la práctica, se limitaron a imponerle al agresor la restricción de mantenerse a una determinada distancia de ella, pero sin ningún control de su cumplimiento.

"No son medidas de protección, depende más de la voluntad de él de no acercarse a mí a menos de 10 metros, o no escribirme; más que de mi propia voluntad o de mi propia seguridad", apuntó Peschiera, para quien estas medidas han hecho que ahora el caso sea "más intenso, más agresivo, más insistente y más violento".

Cuando la periodista hizo su denuncia, el acoso aún no era considerado un delito en Perú, por lo que cuando fue tipificado por el Congreso, en marzo pasado presentó una demanda por acoso sexual.

La ley peruana establece que es acosador sexual "el que vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual".

Dispone, por ese motivo, "una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación".

"Ante la ineficacia de la Justicia, mi acosador ahora se ha empoderado, me llama más, me escribe más mensajes", anotó Peschiera, quien agrega que este caso la tiene "psicológicamente jaqueada".

Según datos del Ministerio de la Mujer, solo entre enero y marzo de este año se han registrado 155 denuncias por acoso sexual, mientras que en 2018 se registraron 487, con la mayoría de las víctimas niñas y adolescentes (51 %).

En ese sentido, la abogada Cynthia Silva, asociada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), señaló a Efe que la desprotección de las mujeres se debe a diversas fallas en la administración de Justicia, que ven este delito como "leve, menor, de relevancia y gravedad mínima".

Silva agregó que, ante una desobediencia tan expresa a las órdenes judiciales, las autoridades deberían proceder de inmediato, y no esperar un proceso que toma hasta dos años, en la mayoría de casos leves, y muchas veces son archivados.

"Cuando hay una medida de riesgo muy grave, severa, se debe priorizar la atención a nivel penal, para que haya una sanción efectiva, y se desincentive al agresor", acotó la abogada.

La gran incidencia de violencia contra la mujer en Perú llevó en julio pasado al presidente Martín Vizcarra a comprometer a su Gobierno en la lucha contra la violencia machista, lo que incluyó un aumento de presupuesto para afrontar ese flagelo.

No obstante, para los defensores de los derechos humanos y organizaciones feministas, los esfuerzos del Estado peruano "aún se muestran invertebrados", por lo que la violencia machista se mantiene latente y los casos de feminicidios reportados en lo que va de este año ya son 53 y en 2018 sumaron 148.

EFE

 
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Créditos: Eylen Jalilíe