Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Viernes, 5 junio 2020
Informe Especial


América Latina tiene bajas sus defensas ante la pandemia

CARACAS.- Los sistemas de salud en América Latina, ya deficitarios en su capacidad de atender a la población, especialmente a las capas pobres, encaran con debilidad y en grave riesgo la propagación de la pandemia covid-19.

El bajo gasto en salud y la relativa escasez de camas en los hospitales son indicadores de que la mayoría de los Estados de la región no garantizan el acceso universal a esos servicios y se arriesgan a ser desbordados por la ola del coronavirus.

“Aún en sistemas de salud organizados y robustos los retos de una pandemia son muy rápidos, y mayores en los débiles como los de buena parte de América Latina. En epidemiología, si usted va a la cola de la epidemia, va a sufrir estragos”, observó a IPS el exministro de Salud de Venezuela (1997-1999), José Félix Oletta.

De los 630 millones de latinoamericanos y caribeños, 30 por ciento no tiene acceso regular a servicios de salud, principalmente por razones geográficas o de ingreso, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), filial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra calza con las de la pobreza según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que da cuenta de 185 millones de pobres, con más de 10 por ciento, 68 millones de personas, viviendo en pobreza extrema.

El promedio regional de gasto en salud está bajo cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB) y apenas 2,2 por ciento es gasto de los gobiernos centrales, según cifras de Cepal y OPS.

Los gobiernos de la región se comprometieron en 2014 a elevar sus gastos en salud al menos a seis por ciento de su PIB, pero solo Cuba (10,6 %), Costa Rica (6,8 %) y Uruguay (6,1 %) han alcanzado esa meta.

Los países más industrializados gastan ocho por ciento del PIB en salud, entre 3000 y 4000 dólares por habitante al año, frente a unos 1000 dólares por persona en América Latina. En Argentina, Chile, Cuba y Uruguay se gasta alrededor de 2000 dólares por persona, pero menos de 400 en Haití, Honduras o Venezuela.

El gasto de bolsillo (el directo que hacen las personas al requerir un servicio) es bajo en Cuba, Costa Rica o Uruguay, (10 a 20 por ciento) y muy alto en otros como Venezuela (63 por ciento), Guatemala (54) o República Dominicana (45 por ciento).

Esos pagos directos que hacen las personas ilustran la insuficiencia de la oferta de salud pública, así como de la seguridad social o de los seguros privados, y el hecho de que las personas más pobres quedan como las más vulnerables pues a veces ni buscan atención, al considerar que no podrán pagarla.

Otro indicador es la cantidad de camas disponibles en los hospitales, aun sin medir la calidad de la infraestructura, dotación o eficiencia en esos establecimientos: el promedio regional es de 27 por cada 10 000 habitantes. Una porción, a veces muy pequeña, son camas para cuidados intensivos.

Pero además “no es suficiente tener hospitales y centros de salud. Deben combinar correctamente recursos humanos, infraestructura y equipamiento, medicinas y otras tecnologías sanitarias, para ofrecer atención de calidad», ha dicho la directora de la OPS, Carissa Etienne.

Si progresa en la región la actual pandemia covid-19, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela son “los países latinoamericanos que conllevan más riesgos”, según la OPS.

IPS ahondó en la situación de cuatro países para mostrar las diferentes debilidades y fortalezas de los sistemas sanitarios en la región.

Brasil, persistencia de la desigualdad

El país más grande de la región, con 211 millones de habitantes, desarrolló en las últimas tres décadas un Sistema Único de salud pública, con programas como Más Médicos, Farmacias Populares y Salud de Familia, éste último para que localmente un equipo de médico, enfermero y auxiliares atienda hasta 3000 personas.

Más Médicos empleó hasta 18 000 galenos, más de la mitad cubanos, en barrios y pueblos apartados del Brasil profundo, pero se achicó desde diciembre de 2018 con la ruptura política entre Brasilia y La Habana que implicó el abrupto retorno a la isla de miles de profesionales.

Se ahonda la brecha social, pues la salud pública, con 44 por ciento de las camas hospitalarias, debe atender a 75 por ciento de los habitantes, mientras que las clínicas privadas tienen más de la mitad de las camas para 25 por ciento de la población.

En 2009 Brasil contaba 18,7 camas por cada 10 000 habitantes, mermadas a 17,2 en 2017, la mitad en cuatro de sus 27 estados, en el sureste más rico. Tiene 47 000 camas de cuidados intensivos, pero por cada una en el sistema público -ya ocupadas en 90 por ciento- hay 4,6 en el sector privado de salud.

Brasil “no está preparado para enfrentar la epidemia del coronavirus, no tanto por falta de recursos, sino por su mala distribución, mucha desigualdad en el acceso a los servicios, mala gestión y falta de equidad,”, dijo a IPS el epidemiólogo Eduardo Costa, asesor de cooperación internacional de la Escuela Nacional de Salud Pública.

Cuba, medicina para exportar

El sistema de salud cubano, que se presenta por el gobierno socialista como uno de los logros de su revolución, es todo público y de acceso gratuito para su población de 11,2 millones, con 90 médicos por cada 10 000 habitantes, según cifras oficiales.

Aunque no hay datos precisos de cuántas de sus 47 000 camas son de cuidados intensivos –y hay quejas en la población por demoras para ingresar a cirugías no urgentes-, el ministro de Salud, José Ángel Portal, dijo que la isla dispone de 274 camas para atender a pacientes graves por coronavirus y prevé agregar otras 200.

Un programa bandera de Cuba es el de sus misiones de cooperación médica internacional, iniciado en 1963 y que ha llevado a 407 000 médicos, técnicos y auxiliares a 164 países, bajo las modalidades de cooperación gratuita a países pobres, de gastos compartidos a otras naciones y como fuente de ingresos en algunos casos.

Los ingresos anuales por este rubro  -29 000 médicos laboraron durante 2019 en 65 países- pasan de 6000 millones de dólares. Para la pandemia covid-19 Cuba apresta 14 brigadas médicas con 600 integrantes, de los cuales más de la mitad son mujeres.

Chile preparado, aunque nunca es suficiente

Para la población chilena, de 18,7 millones de habitantes, la cobertura de salud es pública para 14 millones, privada para tres millones, y tienen un sistema aparte 400 000 integrantes de las Fuerzas Armadas, según normas establecidas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que la democracia no ha modificado, al igual que otros sectores neurálgicos, como la educación.

Todos los trabajadores aportan obligatoriamente el siete por ciento de su salario a la institución de salud que decidan. Quienes se atienden en el sector público sufren largas esperas, que pueden ser de semanas o meses para obtener una hora de consulta y hasta más de un año para una cirugía.

Esas falencias nutrieron las protestas que durante meses protagonizaron los chilenos desde el 18 de octubre de 2019 y que se apaciguaron ante el compromiso de reformar la Constitución, herencia de la dictadura.

Chile tiene 22 camas hospitalarias por cada 10 000 habitantes, en total cerca de 32 000 con 3300 para emergencias, las que el gobierno busca llevar a 5200 para enfrentar la covid-19.

Nelly Alvarado, docente de la Universidad Diego Portales y especialista en salud pública, dijo a IPS que “la capacidad sanitaria nunca va a ser suficiente ante una situación inesperada que viene del resto del mundo”.

Precisó que las camas de cuidados críticos “nunca han sido abundantes ni en Chile ni en el mundo. Son costosas y de altísima complejidad, porque se requiere junto a ella equipamiento sofisticado y personal especializado”.

Venezuela, al borde del colapso

Las estadísticas oficiales de salud desaparecieron de Venezuela a lo largo de la década y en su lugar estudios de organizaciones no gubernamentales coinciden en señalar que el sistema asistencial está al borde del colapso y que el país se encuentra en una situación de “emergencia humanitaria compleja”.

Venezuela, con unos 30 millones de personas, está en el fondo de las tablas regionales en cuanto a gasto en salud y disposición de camas hospitalarias. La oenegé Médicos por la Salud informó que durante 2019 hubo fallas de electricidad en 63 por ciento de 40 grandes hospitales que vigila, y de suministro de agua en 78 por ciento.

Barrio Adentro, programa iniciado en 2003 y que llevó miles de médicos cubanos a sectores populares, casi ha desaparecido y la mayoría de sus locales han cerrado.

“Estamos de últimos en una lista de la OPS sobre la preparación de 33 países del hemisferio para enfrentar la covid-19”, dijo Oletta, “y la pandemia llega tras retrocesos en campañas de vacunación y de contención de enfermedades prevenibles que han resurgido, como la malaria, el sarampión y la tuberculosis”.

La crisis de salud es parte del desplome general de los servicios básicos que desde hace cinco años acompaña la recesión económica y desde hace tres la hiperinflación, animando el éxodo de casi cinco de los 32 millones de habitantes de Venezuela. Entre quienes emigraron se cuentan más de 22 000 médicos, según sus gremios.

América Latina, rezagada en su atención e inversión a la salud, debería atender el llamado de María Neira, directora de salud pública en la OMS: “Algo que todos hemos olvidado es que de la inversión en salud pública no hay que arrepentirse, siempre será una inversión rentable”.

Humberto Márquez (IPS)

 
Lo que fue y lo que no pudo ser

Las metamemorias de Alan García Pérez constituyen un relato interesante de las aventuras y desventuras de quien, siendo muy joven, alcanzó el honor de llevar sobre el pecho la banda presidencial y, tiempo después, a pesar de sus amargas experiencias políticas, volver a ostentar tan alta distinción y todo por la decisión democrática y voluntaria de la ciudadanía.

Entre líneas, de otro lado, la narración nos revela algunos secretos, no muy bien guardados, sobre sus preferencias para relevarlo como candidatos presidenciales, según el humor que tenía en aquellos instantes o las circunstancias que le rodeaban. Los tres están vivos y gozan de buena salud, hasta donde se sabe, tratando de obtener esa primacía. Jorge del Castillo Gálvez, Javier Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder Bedoya, con diferente edad cronológica y experiencia política, son quienes son citados por el desaparecido líder aprista. El problema se da en estos nuevos tiempos y con fracasos repetidos en las justas electorales, si ellos estarán en capacidad, primero, de ponerse de acuerdo en medio de las grandes discordias que existen al interior del viejo partido fundado por Haya de la Torre y, de otro lado, con posibilidades reales de enfrentar   los retos a futuro, cuando los electores le han dado la espalda, al parecer de manera definitiva. Lo ocurrido en la última consulta popular no releva de mayores comentarios. El APRA no está presente, en el nuevo Congreso de la República.

García Pérez advierte en su libro esta tragedia electoral, pero no por ello deja de repetir el viejo grito “el APRA nunca muere”. Le anima el optimismo, pero se percibe también algo de desaliento y por eso señala, “seguramente somos menos que 1945, 1985 o que en 2006”.

Los recuerdos y las promesas se multiplican en esta obra postrera, con ofrecimientos, inclusive, que tienen mucho de sarcasmo, como ocurre cuando explica la razón de su suicidio y que, en uno de sus párrafos finales, deja como heredad luctuosa su cadáver a sus adversarios. No calla su desprecio hacia estos, a quienes hicieron lo posible e imposible por manchar su dignidad. Cierto o verdad, la justicia y la historia lo dirán, pero lo real es que tal cadáver nunca quedó en manos de los adversarios, pues el cuerpo yacente fue incinerado en un crematorio limeño y las cenizas entregadas a sus deudos.

El autor más allá de sus propias creencias personales, no deja de reconocer a Haya de la Torre como un inmenso líder; extrovertido, vital, orador sin par, también un ideólogo, según él “el más grande que en términos teóricos ha dado América Latina. Su contestación al capitalismo y comunismo, su reivindicación de la justicia con libertad, y su anticipada y audaz propuesta de integración continental lo ubicarán en el más alto sitial”. Pero a renglón seguido señala que “todo ello no lo habilitaba para la táctica política, en la que otros muy inferiores intelectualmente, son diestros y actúan con mayor astucia”. García Pérez interpreta a Francois Bourricaud, profesor de la Sorbona, y hace suya la consideración de que Haya no pasaba de ser un ideólogo y un conductor religioso.

Resulta complejo entender lo dicho, más aún cuando las evocaciones hablan de todo lo que hizo Haya de la Torre, por llevar a su partido al poder político, que significa ostentar la primera magistratura de la Nación. Privaciones de la libertad personal, persecuciones, exilios, intentos de asesinato y una vida llena de peligros constantes de un personaje público que supo de sufrimientos e incomprensiones, no permiten encontrar una total coincidencia, cuando el mismo García Pérez reconoce que Haya de la Torre “debió pensar que al ofrecer un cambio integral del mundo, había despertado enormes ilusiones y que los ilusionados, al confrontar lo imposible, podían concluir, como muchos lo hicieron que los había traicionado. Ellos, además, debían explicar su propia frustración, culpándolo a él en vez de asumirlo colectivamente”.

La narración no está exenta de las confesiones propias de su personalidad y hace un apunte de lo que muchos calificaron como  el ego colosal. Confiesa que ello comenzó siendo un profesional de 27 años y aunque califica todo de una leyenda sobre su vanidad intelectual, reconoce que, seguramente, al calor de las discusiones, tuvo mucho de cierto. Eso, mezclado, en los años siguientes con su poco respeto “por los grandes dueños del dinero, vendedores de productos con poca formación, y tal vez debido a mi orgullo del Perú como madre patria de Sudamerica y mi estatura, que en su mejor momento fue de 1.93 metros, difundieron la leyenda que un embajador norteamericano sintetizaría  en su Wikileaks como un “ego colosal”, quizás porque nunca tuve ante su embajada ningún temor reverencial.

En las metamemorias de Alan García hay mucho por leer y meditar, más aún cuando está tarea le corresponde a quienes son o se consideran políticos. Todo nos lleva a la conclusión que en nuestro país hay experiencias y ausencias de conocimientos, desde los primeros tiempos republicanos. Resulta difícil encontrarle el verdadero sentido a la práctica y a la vida en democracia, a la organización y al rol que deben cumplir los partidos políticos y de la misma gobernabilidad, esto último para coadyuvar al desarrollo del país y sacarlo de su condición de “tercermundista”. Pecados hay y muy graves a lo largo de la historia. Existen y están de pie los mismos males de hace más de doscientos años, entre ellos la corrupción, el uso del poder político, para obtener riquezas mal habidas, la discriminación y el olvido en lo social y en lo económico, la demagogia y la frustración de millones de personas que, como en la hora presente, se encuentran desorientadas y sin abrigo, ante epidemias como la infección del Coronavirus. Quienes han hecho política y otros que empiezan a hacerlo, al parecer no entienden que pandemias, como la señalada, no se remedian simplemente lavándose las manos. Hay que tener presente que en el Perú hay enormes colectividades humanas, en cada una de las tres regiones naturales, en donde resulta imposible contar con agua y jabón, simplemente porque la ausencia de los más elementales servicios sanitarios, como el suministro de agua potable, no existen.

Roberto Mejía Alarcón

 

 
La vieja desinformación en tiempos de nuevo virus

NUEVA YORK.- Un mes después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase al coronavirus como una emergencia de salud, la campaña ahora es por contener la desinformación que se propaga a una escala mayor que la enfermedad, la mayoría de las veces por intereses malintencionados.

El jueves 27, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reiteró que el Covid-19, el nombre oficial del virus, no es todavía una pandemia y demandó precaución en el tratamiento de la enfermedad y de su propagación por todos los continentes, aunque con baja tasa de mortalidad.

«Todavía no estamos en una pandemia, pero existe un claro riesgo allí y la oportunidad para evitarlo se está reduciendo», dijo, y agregó que los gobiernos deben hacer todo lo posible para detener la transmisión y hacerlo ahora.

También expresó su preocupación por los países del Sur en desarrollo que «carecen de la capacidad» para abordar la escala masiva del contagio.

Guterres instó con firmeza a las personas a evitar la estigmatización del nuevo virus y a «tener un enfoque de derechos humanos en la forma de combatir esta enfermedad».

Sin embargo, a medida que los funcionarios de salud de todo el mundo continúan preparándose para afrontar al virus, contra el que no hay un medicamento o vacuna específica todavía, hay otro aspecto de la crisis que debe abordarse: la campaña de desinformación sobre su propagación, sobre todo mediante Internet.

David P. Fidler, miembro principal de seguridad cibernética y salud mundial dentro del grupo de expertos del no gubernamental Consejo de Relaciones Exteriores, con base en Estados Unidos y actuación internacional, detalló el tema de la información errónea y el daño que causa durante una emergencia de salud como esta.

Fidler escribió en 2019 sobre el impacto entonces de la desinformación en torno al brote del ébola que sirve ahora para el Covid-19.

«La desinformación amenaza la salud porque mina la confianza en la ciencia, cuestiona las motivaciones de los profesionales de la salud, politiza las actividades de salud y crea problemas para las respuestas a los desafíos de la enfermedad», dijo.

Continuó explicando que tiene raíces históricas: a menudo, las enfermedades contagiosas están asociadas o vinculadas por error a inmigrantes o a un país extranjero para perpetuar los sentimientos xenófobos.

«Difundir información errónea sobre enfermedades fue una táctica de campañas de desinformación de los gobiernos antes de la era de las redes sociales», aseguró el científico.

Fidler concedió una entrevista exclusiva a IPS para dialogar sobre la desinformación que se expande con más rapidez que el virus sobre el covid-19 y como ella puede exacerbar la crisis sanitaria y social entorno a la enfermedad, que de hecho ha generado hasta ahora menos mortalidad de la que cada año produce la gripe común.

IPS: Por lo general, durante una crisis como esta (o en el pasado con los virus del ébola o el sars) ¿cuál es el principal desafío para contener la desinformación que envuelve a la enfermedad?

DAVID P. FIDLER: En brotes anteriores, dos factores generalmente convergieron para producir problemas a partir de la información y la desinformación: la incertidumbre sobre el brote por parte de los funcionarios de salud nacionales e internacionales que se esfuerzan por abordar la enfermedad, y la falta de confianza en la población en la información proporcionada por fuentes oficiales.

Estos factores aparecieron en brotes de enfermedades antes del advenimiento de las redes sociales, y la escala e intensidad de la información y la información errónea que circulan en las plataformas de las redes sociales exacerba los dos factores mencionados anteriormente.

Además, la facilidad con que se puede difundir y amplificar la información errónea en las redes sociales se ha convertido en otro factor más que los funcionarios de salud pública deben abordar al tratar los brotes. Las redes sociales incluso dificultan la comunicación de información precisa. He visto en Twitter una cacofonía de información inadecuada compartida, que frustra a los especialistas que intentan identificar y compartir la información más reciente e idónea sobre Covid-19.

IPS: ¿Qué impulsa la desinformación en una un escenario de una epidemia como esta?

DF: En el pasado, las personas con agendas políticas explotaban el miedo que crean los brotes graves para producir y difundir información errónea. Tal información errónea en esencia busca convertir el brote en un arma para otros fines políticos. En la era de las redes sociales, esta «armamentización» de los brotes virales con fines políticos se ha industrializado, por falta de un término mejor, por actores estatales y no estatales que explotan el potencial de las redes sociales para difundir la desinformación a gran escala y a gran velocidad. Es algo nunca antes visto, especialmente en el contexto de la salud pública.

IPS: En su opinión, ¿cuál es actualmente el mayor malentendido sobre el coronavirus?

DF: Estamos viendo, creo, una «triple carga» en el espacio de información sobre el Covid-19. Primero, los funcionarios de salud, a nivel nacional e internacional, están luchando por comunicar la información sobre el nuevo virus sobre el que se desconocen muchas cosas.

Sin embargo, a nivel internacional, la OMS ha empeorado el clima de información al elogiar la respuesta de China a pesar de que gran parte de lo que China ha hecho al combatir el brote en su territorio no es consistente con las recomendaciones de la OMS sobre el brote o el énfasis de la OMS en el pasado sobre respuestas a otros brotes, que no restringen innecesariamente el comercio, los viajes y los derechos humanos. Creo que la credibilidad de la OMS ha sufrido un gran golpe.

A nivel nacional, vemos, por ejemplo, el circo actual en el gobierno de Estados Unidos sobre la comunicación a la población estadounidense sobre el brote, e imagino que otros gobiernos nacionales también están luchando para que el «mensaje» sea correcto.

Lo que me sorprende, después de haber estudiado brotes durante casi tres décadas, es que este problema de comunicación continúa desconcertando a los funcionarios de salud nacionales e internacionales casi todas las veces, por lo que aparentemente la llamada «lección aprendida» en realidad no es cierta y nunca se aprende.

En segundo lugar, estamos viendo que el arma de la desinformación con el brote tiene diferentes propósitos políticos. Para mí, este brote es diferente en el sentido de que el armamento se ha conectado con el cambio en la geopolítica, con el surgimiento de China y las preocupaciones sobre el creciente poder e influencia de China que agudizan y amplían las críticas a la respuesta de China al brote. Aquí, a diferencia del ébola en África, tenemos el brote enredado con la creciente crudeza de la política de equilibrio de poder entre Estados Unidos y China.

En tercer lugar, tenemos el efecto de las redes sociales donde los actores estatales y no estatales están difundiendo la información errónea de manera amplia y rápida en un contexto en el que ningún gobierno u organización internacional tiene respuestas políticas efectivas para abordar este problema.

IPS: ¿Cuál es su recomendación a los diferentes sectores implicados para que cumplan su función de controlar que no se propague la desinformación?

DF: Señores formuladores de políticas: las piedras de toque de la comunicación efectiva durante los brotes se han estudiado y publicado con frecuencia (en las crisis). Por lo tanto, siga el manual de instrucciones, incluida la disponibilidad de la información más actualizada con gran frecuencia en los medios de comunicación, de manera accesible para las personas. Incorpore un componente de asesoramiento en comunicación sobre las medidas que las personas deban adoptar para protegerse a sí mismas y a sus familias. Aclare los datos y repita una y otra vez a medida que evolucione el brote. El entorno de información/desinformación es más competitivo ahora debido a las redes sociales, pero los principios básicos de la comunicación efectiva en un contexto de crisis (por un brote) siguen siendo válidos, incluso más cuanto más ruido.

IPS: Y en caso de la gente y de sectores de la sociedad, ¿cómo se puede hacer un aporte contra la desinformación?

DF: En las instituciones como escuelas y lugares de trabajo: sus líderes deben monitorear la información que emiten los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (en el caso de este país, u otros similares en cada nación) y traducir esa información en pasos y planes prácticos para el ambiente escolar y para otros específicos en el lugar de trabajo. Una vez más, hay que ser rápido, frecuente y de fácil comprensión a la hora de usar y dar la información.

En el caso de las personas: No confíe únicamente en las redes sociales para obtener información sobre el brote del Covid-19 y cómo podría afectarlo a usted y a su familia. Visite una y otra vez la información provista por las fuentes oficiales y adapte esa información a sus circunstancias individuales y familiares.

Con el fin de responder a la preocupación de la gente y contrarrestar la desinformación, la OMS lanzó su iniciativa EPI-WIN, que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios información oportuna y precisa, al mismo tiempo que controla la llamada “infodemia”, que la organización describe como ‘cantidad excesiva de información sobre un problema que hace difícil de identificar una solución’.

T: MF (IPS)/Por Samira Sadeque

 
El coronavirus amenaza al comercio mundial

GINEBRA.- El crecimiento del volumen del comercio mundial seguirá debilitándose en el comienzo de 2020 y un nuevo componente, el efecto de la enfermedad del coronavirus (Covid-19), se sumará a los factores que determinan la celeridad con que la economía global pueda recuperarse, vaticina la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El último informe periódico de la OMC, el Barómetro del Comercio de Bienes, divulgó este lunes 17 los datos recogidos en diciembre de 2019, cuando el fiel que registra las variaciones del volumen del comercio se detuvo en 95,5, inferior a la lectura de 96,6 obtenida en noviembre y en ambos casos por debajo del punto de referencia, 100, que utiliza el índice.

En esa señal se apoya la OMC para adelantar que el crecimiento seguirá siendo débil este año. Y a continuación pronostica que la lenta partida de 2020 puede agravarse en los meses siguientes por las amenazas en la sanidad mundial y otros episodios internacionales recientes que hasta ahora no habían aparecido entre los datos que históricamente se emplean para medir la marcha del comercio global.

Con anterioridad, las estadísticas de la OMC habían señalado que los volúmenes de comercio de mercancías registrados en el tercer cuatrimestre de 2019 cayeron 0,2 por ciento con relación al mismo período de 2018.

En la comparación anual de los indicadores de crecimiento correspondientes al cuarto cuatrimestre aparece una leve recuperación, pero las últimas lecturas del Barómetro no proveen indicación alguna de recuperación sostenible, observó la institución.

La OMC arriesga el vaticinio de que en la comparación anual el crecimiento del comercio puede caer otra vez en el primer cuatrimestre de 2020, aunque las estadísticas oficiales solo podrán confirmarlo en junio.

El descenso del Barómetro a partir de noviembre de 2019 ha sido causado por las declinaciones en los índices de embarques de contenedores (94,8) y de materias primas agrícolas (90,9), mientras se estancaba (en 100) el índice de productos del sector automotor.

Otros indicadores, como órdenes de exportación (98,5), carga aérea (94,6) y componentes electrónicos (92,8), se encuentran por debajo del punto de referencia, pero parecen haberse estabilizado y se espera que aumenten en los próximos meses.

De cualquier manera, todos los componentes del Barómetro serán influenciados por el efecto económico del Covid-19 y por la eficacia de los esfuerzos por tratar y contener ese mal, sentenció la OMC.

En ese caso, la eventual expansión de la epidemia, descubierta en China a fines de 2019, se sumaría a los demás “episodios” que mantienen en la incertidumbre a la OMC y al comercio mundial como son, entre otros, las consecuencias colaterales de la guerra arancelaria declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la ascendente potencia asiática y las contingencias que depara la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

El brote del virus Covid-19 fue detectado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. Las primeras reacciones y preocupaciones se orientaron a aislar el virus, atender a los pacientes y establecer medidas de prevención.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus,  declaró el 30 de enero el estado sanitario de alerta internacional. Ya para esa fecha fuentes oficiosas de orígenes diversos comenzaron a poner sobre aviso de los riesgos colaterales que la epidemia acarrea a las actividades humanas y en particular a la economía.

Por lo pronto, la reputada economista estadounidense Ives Smith, observó en  la entrega del 17 de febrero del blog Naked Capitalism (capitalismo desnudo), que los tenedores de acciones bursátiles de su país “están alegremente despreocupados acerca de la posibilidad de que la economía china salga dañada del brote de coronavirus”.

En contraste, apuntó la editora del blog, varios artículos coincidentes de medios de comunicación de gran difusión sostuvieron que las perspectivas negativas para China son más probables y graves de lo que cree la opinión generalizada.

“Hay que reconocer que el mercado de bonos está trastornado y que los productos básicos, en gran medida supeditados a las operaciones chinas, ya están tambaleando”, afirmó Smith.

“Nos concentramos en China pues la preocupación económica inmediata es cómo el avance de la enfermedad y los esfuerzos por controlarla perjudicaran a sus ciudadanos y a sus empresas de manera directa a Occidente (la alteración de las cadenas de abastecimiento, la pérdida de existencias críticas, daños a empresas que hacen muchos negocios en y con China) y de manera indirecta (un golpe a la demanda global)”, reseñó la economista.

El artículo de Naked Capitalism recuerda que la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo (SARS, en inglés), que apareció en China entre 2002 y 2003, fue más fácil de controlar porque entonces el país era más pobre y en consecuencia la población china viajaba menos.

Cita también al columnista Cary Huang, del South China Morning Post, quien apunta que en la actualidad China tiene 288 millones de trabajadores migrantes internos, que representan un tercio de la fuerza de trabajo del país con una población total de más de 1400 millones de habitantes.

“Muchos que viajaron a sus viviendas rurales para las fiestas (de la extensa celebración del Año Nuevo Chino) se sentirán imposibilitados o remisos a regresar a sus trabajos en las ciudades”, deduce el autor.

Edición: Estrella Gutiérrez/ Por Gustavo Capdevila (IPS).

 
Fiscalía filtra y prensa publica, impunidad ante un feminicidio en México

MÉXICO.- La fotografía de la última víctima conocida de feminicidio en México, Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja, según su propia confesión, en que este  mutiló el cadáver de forma abominable. Es una fotografía en primer plano de lo que queda del cadáver. Y está en la portada de dos diarios.

Uno de ellos, el diario Pásala,  publicó la fotografía de la Ingrid desollada con el título “La Culpa la Tuvo Cupido”, en alusión al himno feminista de Las Tesis. En la misma portada se exhibe una mujer en bikini.

Imágenes abiertas a todo público -niños incluidos– desde los puestos de periódico, las redes sociales o Google.

“Muchas veces las filtraciones vienen del propio personal de la Procuraduría (fiscalía)”, explica Sayuri Herrera, abogada especialista en feminicidios.

“A veces, son los encargados de la carpeta, a veces los peritos que tuvieron acceso al expediente o los policías de investigación que pueden acceder a ellas. En ocasiones, se filtra la información a partir de contactos e incluso se vende”, añade.

¿Pueden los medios de comunicación ser acusados por esta decisión editorial?

“Por lo menos, si ameritaría una demanda por daño moral”, advierte Sayuri Herrera. “Podría proceder por hacer este tipo de filtraciones contra la dignidad de Ingrid tanto como víctima,  como con la familia”, añade.

Eso por lo que hace a medios de comunicación, “pero además las responsabilidades administrativas e incluso penales en que incurrieron los servidores públicos, tanto fiscalía como policía”, precisa Sayuri Herrera.

¿Qué ganan al publicar sangre?

En el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, en el que se capturó al presunto feminicida, la abogada Verónica Bérber menciona el único fin de publicar tanto las fotografías como el video de la declaración es alimentar el morbo.

La filtración de esas imágenes, que eran absolutamente innecesarias y morbosas, de ninguna manera aportan al esclarecimiento de los hechos. Es únicamente morbo, alimentar el morbo de la sociedad. La filtración del video del supuesto feminicida no tiene ninguna validez legal para el proceso. Ni fue asesorado por un defensor ni estuvo presente su defensor, por ende, no tiene ningún valor probatorio. Fue para alimentar el morbo social, solamente para eso”, subraya la abogada.

La filtración de «las confesiones»

A pesar del que el crimen sucedió el 9 de febrero por la noche, en las redes sociales se pudo percibir la indignación por el feminicidio después de las publicaciones. Al mismo tiempo se difundió un video donde un policía de la Ciudad de México interroga al detenido dentro de una patrulla y antes de llegar al Ministerio Público, hecho que podría armar a la defensa del acusado.

Práctica antigua, administración nueva

Desde administraciones anteriores, un rasgo característico de la fiscalía capitalina ha sido la filtración a la prensa.

Por ejemplo, un de los casos más conocidos fue el del multihomicidio de la Narvarte. En julio de 2015, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y el periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril fueron asesinados.

En ese entonces, muchos medios publicaron fotos y versiones de la escena del multihumicidio. Incluso el diario Metro (perteneciente a Grupo Reforma) difundió el nombre de un testigo clave de la investigación.

El diario La Razón publicó diversas versiones de los hechos, todas falsas. Entre ellas, que los asesinatos sucedieron mientras había una fiesta y que los perpetradores y las víctimas se conocían. Acusando así a las víctimas de su propio asesinato.

Organizaciones como Artículo 19 señalaron que las la fiscalía capitalina pretendía desviar la atención con información con las filtraciones a la prensa. En 2017 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación al respecto.

Ese mismo año, Lesvy Berlín Rivera Osorio, una joven de 22 años, fue asesinada por su novio en Ciudad Universitaria. De nuevo, hubo filtraciones, revictimización. Y por supuesto, hubo protestas.

CDHDF recomendó castigar filtraciones

La comisión recomendó que “se aperturen investigaciones relativas a responsabilidades administrativas y/o penales de personas servidoras públicas por la filtración de información”.

La fiscalía aceptó la recomendación, pero sigue sin  controlar la filtración de fotografías y de información a la prensa de crímenes cometidos en la capital mexicana.

Se acumulan escándalos… y recomendaciones

Uno de los casos más alarmantes es el señalado en la recomendación 09/2019 donde se señala a la Secretaría de Seguridad Pública y a la fiscalía capitalina como responsables de violar los derechos de 57 mujeres víctimas de la violencia entre los años 2016 y 2019 por parte de las autoridades. En al menos 20 de esos casos hubo filtraciones a la prensa.

De las 23 recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México durante  2019, 18 tienen como destinataria a la policía de la Ciudad de México y a la fiscalía local. En varios de los casos el organismo señala la “falta de diligencia y  aplicación de perspectiva de genero”, además del “enfoque diferenciado en los casos de crímenes contra mujeres”, “hostigamiento laboral” y “filtración de información en casos de feminicidio”.

Impunidad es garantía de continuidad

Bérber, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, explica que mientras no haya sanciones las filtraciones seguirán.

“Este tipo de casos no deben quedar impunes. Debe mandarse un mensaje a estas autoridades que incurren en este tipo de acciones de que son totalmente sancionables y reprochables”.

La defensora  añade que la capacitación a los funcionarios públicos es esencial, tanto al primer respondiente como al propio Ministerio Público encargado de la investigación. La capacitación debe llegar a todo el aparato de justicia.

En 2019, la fiscalía otra vez

Durante agosto del 2019 una serie de manifestaciones estallaron en la Ciudad de México. En distintos casos, dos adolescentes denunciaron violación por parte de policías. Las autoridades, de nuevo, filtraron sus datos a la prensa. Una de las demandas tras este caso fue parar las filtraciones por parte de funcionarios públicos a medios. En esas fechas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se comprometió a sancionarlas.

“El tema es la falta de cumplimiento en los compromisos. Ese es el meollo. No es que no se haya planteado la problemática, más bien es la falta de cumplimiento por parte de las autoridades”, responde la abogada Bérber, especialista en derechos humanos.

Tenemos que hablar de la prensa

Ante el tratamiento mediático que se da, Bérber cree importante que se visibilice este fenómeno. Que sí, es necesario señalar que los feminicidios se cometen con una saña mucho mayor a la que podría cometerse cualquier privación de la vida de un hombre. Pero que las filtraciones son absolutamente innecesarias y denigrantes por lo que pueden emprenderse acciones legales en contra de quienes vulneraron así a la asesinada Escamilla y a su familia.

“La prensa debe tener esa ética profesional de saber qué no publicar y cuándo no publicarlo y lo saben perfectamente. No es algo que estemos cayendo en una novedad, muy por el contrario, lo hacen con todo el dolo del mundo porque no ha habido consecuencias”, afirma.

Lo que viene, explica, es que se haga una investigación seria para proceder a la sanción. Y resalta la importancia de esta consecuencia:

“La sanción manda un mensaje a la sociedad y a las autoridades de que estas conductas no van a ser toleradas. Al final la fiscalía está mandando un mensaje totalmente contrario a lo que se busca, es decir vamos a privilegiar el mensaje político que es: verdad y justicia», añade.

No más MachiNews

En un comunicado, la colectiva de Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) hizo un llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México a investigar, lo más pronto posible, cómo se permitieron las filtraciones de Escamilla.

Además condenaron la publicación de fotografías en los medios ¡Pásala! y La Prensa del feminicidio de Ingrid Escamilla:

“Colegas, ¡ya basta! dejen de usar nuestros cuerpos desnudos, sexualizados y/o mutilados para sus contenidos.”

El mensaje no es inocente

Para las PUM la manera en la que los medios abordan la violencia de género es relevante porque contribuye al entendimiento y al posicionamiento de la sociedad respecto del problema, y también a la creación de respuestas y soluciones:

“Si, por ejemplo, los medios fallan en nombrar correctamente el fenómeno, es decir, usan los términos “crimen pasional” o “problema doméstico” en lugar de feminicidio, entonces contribuyen a la errónea percepción de que un feminicidio es un problema individual en lugar de social, y a la creencia de que la violencia contra la mujer no es un delito grave y que las mujeres son culpables o parcialmente responsables de lo que les pase, por eso es tan importante la perspectiva de género”, afirma el colectivo.

PUM ve en los medios de comunicación actores principales para la creación de una realidad a través de la producción de noticias. Estas noticias tienen un peso en la percepción social del crimen y la violencia, en los actores involucrados en dichos delitos (víctimas y victimarios) y en las posibles soluciones a los problemas, ya sea el presionar o no por una respuesta o solución.

“En el caso de la violencia contra la mujer y el feminicidio, los medios de comunicación ayuda a perpetuar la violencia de género porque genera discursos misóginos o (son) una plataforma para difundir esos discursos. El poder de los medios es tal que no sólo influye en la opinión pública, sino que decide qué problemas sociales existen y cuáles no”, asegura.

En cuanto a la perspectiva de género, PUM menciona que en la mayoría de los medios no existe y por ende legitimizan las prácticas discriminatorias en contra de la mujer al adoptar una visión exclusivamente masculina:

“Para los medios, los hombres que son agresivos, dominantes y abusan de sus parejas hacen simplemente lo que se espera de ellos. Mientras que las mujeres que no encajan en el estereotipo de mujer buena y sumisa son consideradas responsables de su propio abuso. Esto, a pesar de que la llamada violencia de pareja es un problema de salud reconocido, y a pesar de que el feminicidio es una causa persistente de muerte para las mujeres”, denuncia PUM.

-¿Por qué siguen existiendo estas prácticas de vender la violencia y reírse de ella?

“La mayoría de los periódicos que informan sobre casos de feminicidios lo hacen en sus secciones policiales. En dichas secciones, los productos que se publican son los llamados artículos de nota roja. Los artículos de nota roja se centran en eventos en los que hay violencia implícita, pero que son inusuales o rompen con el código moral de la sociedad o las leyes.

Por tanto, esta sección está llena de artículos de eventos como siniestros, accidentes, crímenes como robos, violaciones y asesinatos. La nota roja es problemática porque su objetivo es impresionar y entretener, no informar.

No es el género periodístico correcto para cubrir feminicidios, y nunca tendrá cabida para la perspectiva de género. La razón por la que la nota roja “funciona” para los medios es porque la información es vista como mercancía en lugar de como un bien público, y explotar la crueldad es particularmente rentable, responden.

Conavim y el Inmujeres también reaccionan

Por su parte la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) publicó un comunicado en contra de las publicaciones de las filtraciones en los medios.

El Instituto Nacional de las Mujeres hizo un llamado a “generar contenidos y coberturas informativas éticas y responsables” y exhortó a la prensa a trabajar con rigor y profesionalismo.

En su comunicado, el Instituto recordó a los medios de comunicación que deben aplicar los compromisos asumidos en el Convenio por la Igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación (firmado en 2016 por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión). Así como el Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas.

Por último, convocaron a construir una estrategia para analizar y reformular sanciones a los medios.

“Cuando en el ejercicio mediático atente contra los derechos, la dignidad y la integridad de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas”, dijo el Instituto.

También se recalcó que estas medidas no atentan contra la libertad de expresión. Por el contrario, son acciones que “pretenden garantizar la protección jurídica de las víctimas y sus derechos humanos”, sentenció.

José Ignacio De Alba (ipsnoticias.net).

 
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Créditos: Eylen Jalilíe