Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Viernes, 20 setiembre 2019
Informe Especial


La palabra de César Lévano sigue invicta

Conocí como otros miles que admiraron a César Lévano. Así, a secas tal cual era su seudónimo. En realidad se llamaba Dante. Puedo afirmar que tenía tres casas: Aquella en el barrio bajopontino, donde formó su hogar al lado de su entrañable Natalia Casas, la sala de redacción de los medios en los cuales trabajó sin horario y el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde dejó huellas profundas sobre sus experiencias periodísticas. Podría agregar una más: La cárcel, de la cual fue huésped en diversas oportunidades, por defender su derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de palabra.

De esta última experiencia, en unos de esos tantos diálogos con los que me privilegió, escuché de sus labios que, estar en prisión, no tiene más significado que el de una estadía penosa, pero al mismo tiempo, digna si se trata de un sacrificio por causas nobles, como la de preservar en alto los más caros ideales. Estoy seguro que por eso escribió en verso: “A prisión y tortura me llevaron, allí vi el diamante de los héroes, purificados por tortura o muerte. Si llamas a la puerta de mi casa, no preguntes por mí, que yo no estoy. Sigue el camino de la luz nocturna, si es que quieres llegar por donde voy”.

La identidad de César con la clase trabajadora desde niño hasta llegar a los 92 años, es indiscutible. En tal sentido, se mantenía muy bien informado de cuanto afectaba a quien vive de un salario o de otros medios de trabajo informal, en un mundo sustancialmente globalizado e interdependiente. Eso lo llevó a advertir los alcances de la imposición del capitalismo salvaje, el mismo que, ha permitido las presiones del poder económico para controlar sin limitaciones a los asalariados, fragilizar los sindicatos en todos los continentes e imponer brutales intervencionismos en los países del sur.

Otro de los temas que trataba de manera pausada, pero con pasión, era el relacionado al rol actual de los medios de comunicación al servicio del progreso de los pueblos. ¿Están cumpliendo su labor para el desarrollo de la dignidad? ¿Esa tarea hondamente social, permite formar ciudadanos verdaderamente humanos?, recuerdo haberle preguntado entre muchas inquietudes. Su respuesta se repetía: “este nuevo universo, que los seres humanos y los pueblos alcanzan por obra de los medios de comunicación social, podría quedar como algo raro y extraño, hasta diría inútil, si la prensa, la televisión, la radio, la Internet, no se despojan de complejos o de intereses mezquinos, y en cambio, optan por engrandecer su juicio editorial y lo ponen al servicio de los oprimidos, de los marginados”.

César Lévano La Rosa, ha desaparecido físicamente. Sin embargo, sus enseñanzas siguen de pie. Fue un maestro por encima de todo. Predicó sobre la recta conciencia en el uso de los medios de comunicación social. Defendió hasta el minuto final la urgencia de un mundo mejor para el proletariado. Por eso, como bien ha dicho la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, gremio de los trabajadores de prensa, de la cual fue socio honorario, vivirá siempre en el recuerdo. Su palabra está invicta.

Roberto Mejía Alarcón

 
La censura impide saber cuántos periodistas presos hay en China

TAIPEI.- Informar sobre el acoso que sufren los periodistas en China nunca fue fácil. Pero en los últimos tiempos es más difícil, lo que sugiere que empeoran las condiciones de trabajo en la prensa.

Por lo menos 47 periodistas estaban presos en China cuando el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) hizo el censo de cárceles en 2018, y estoy investigando por lo menos una decena de casos, pero se hace difícil confirmar la información.

La razón es que las autoridades de forma deliberada impiden que la información vea la luz y se están volviendo muy buenos en eso.

Entre los casos que investigo se encuentra la detención de 45 colaboradores de Bitter Winter, un sitio de noticias religiosas y de derechos humanos, detenidos e interrogados por informar sobre campamentos secretos en Xinjiang.

Así como denuncias de que la policía detuvo el 14 de diciembre en Tianjin a una mujer que denunció un brote de fiebre porcina africana en su cuenta de WeChat por el cargo de “propagar rumores”, de que en Xinjiang detuvo a por lo menos 30 editores uigures entre 2016 y 2018 que trabajaban para cadenas de televisión y diarios locales, y el caso de una mujer que transmitió en vivo el allanamiento de su apartamento y cómo se la llevaron en agosto, mientras un oficial le preguntaba: “¿qué dijo en Internet?”.

La información era tan escasa en esos últimos casos, que el CPJ fue incapaz de confirmar quiénes eran los periodistas y si todavía estaban detenidos al momento del censo. Asegurándose de que haya poca o ninguna información de esos últimos casos, las autoridades chinas impiden la cobertura de los hechos y el hacerse cargo de sus acciones.

Al investigar esos y otros casos, identifiqué por lo menos cinco métodos utilizados en China para evitar que se informe sobre las detenciones de periodistas.

Sellar de registros judiciales

La legislación china obliga a la justicia que haga públicos los veredictos en los sitios web de los tribunales, mientras no contengan “secretos de Estado”. Pero no pude encontrar nada sobre los periodistas que figuraban en el censo de cárceles; y en otros casos bajo investigación, incluso sobre periodistas acusados de “provocar peleas y problemas”.

Ding Lingjie, editor of Minsheng Guancha (Observador de Derechos Civiles y Fuentes de ingresos) es uno de de los varios periodistas detenidos por ese cargo, cuyos registros debieron hacerse públicos.

Como testimonio de la opacidad del sistema de justicia china, cabe decir que solo seis fallos de 2018 están publicados en el sitio web del Tribunal del Pueblo Beijing Shijingshan, que maneja el caso de Ding.

No hay datos disponibles del último año, pero el sistema de justicia de Beijing se hizo cargo de más de 5.600 casos desde el 1 de enero, lo que da una idea de la escala del número que maneja. En diciembre, en una audiencia a puertas cerradas, la justicia condenó a Ding a un año y ocho meses de cárcel, según informes de prensa.

Las autoridades impiden físicamente a los abogados que lean los documentos de sus clientes. El 13 de febrero, Zhang Zanning, representante de Huang Qi, fundador del sitio de noticias de derechos humanos 64 Tianwang, no pudo ver a su cliente y le impidieron el acceso a las actas judiciales porque “el juez estaba de vacaciones”.

Un día después, cuando Zhang regresó al centro de detención, las autoridades le volvieron a poner trabas sin darle ningún motivo y le dijeron que su estudio de abogados ya no llevaba el caso, según Radio Asia Libre y la propia declaración de Zhang en Minsheng Guancha.

En otro ejemplo, el estatal Diario del Pueblo denunció el 10 de septiembre que las autoridades de Shaanxi detuvieron a 96 personas en un mes por “fabricar noticias” y por “chantaje noticioso”.

A pesar de rastrear veredictos públicos sobre Juicios En Línea de China, un servicio de acceso público que permite a los usuarios revisar fallos, órdenes, documentos de mediación y notificaciones, me fue incapaz de encontrar registros vinculados a esas detenciones.

Censurar la cobertura de noticias

Las autoridades chinas mandan instrucciones a los medios de prensa impidiéndoles cubrir un juicio o la detención de periodistas.

Cuando el Tribunal del Pueblo Intermedio de Mianyang hizo el juicio de Huang, los medios chinos recibieron una orden del gobierno de no “informar, republicar ni comentar sin un arreglo previo” sobre ese caso, según el diario China Digital Times, una organización de medios con sede en California que informa sobre noticias sin censura en este país.

En los casos no vinculados a la política ni a los derechos humanos, las autoridades permiten informar un poco, pero a menudo redactan detalles clave, como el nombre y el delito.

Por ejemplo, la detención de personas en Shaanxi el año pasado, a quienes las autoridades tildaron de “falsos periodistas”. Entonces detuvieron a 96 personas y clausuraron cinco cuentas de redes sociales, 15 canales locales y 45 aplicaciones por presuntamente propagar rumores e información política ilegal, según versiones de prensa.

Pero solo unas referencias vagas aparecieron en los medios o en el sitio web de la Administración Provincial de Radio y Televisión de Shaanxi. Las escasas noticias no daban nombres, lo que tornó casi imposible la tarea de verificar las 96 detenciones.

Bloquear IP y VPN extranjeros

El año pasado, las autoridades prohibieron el uso no autorizado de redes privadas virtuales (VPN), un servicio del que dependen muchas personas en China para burlar el infame Gran Cortafuegos de China.

En octubre, las compañías que ofrecieron servicios VPN dijeron que detectaron una mayor frecuencia de autoridades tratando de bloquear VPN, lo que instaló la sospecha de que el gobierno desplegó censores en el terreno para trabajar contra ellos.

Cuando llamé a la Administración del Ciberespacio de China para que hicieran algún comentario, un funcionario respondió que no tenía información al respecto y se negó a redirigir mi llamada.

En enero, experimenté problemas de conectividad cuando navegaba por sitios de Internet chinos, incluso en Baidu, y sitios de oficinas públicas y plataformas sociales como Weibo, de Taiwán, donde vivo. El acceso fue bloqueado totalmente y solo lo recuperé cuando cambié a otros dispositivos y usé otra dirección IP (Protocolo de Internet).

La experiencia sugiere que las autoridades no solo intentan controlar el uso de Internet en el territorio chino, sino también tratan de mantener intacta la llamada “soberanía de Internet” al negar búsquedas desde exterior.

Cortar las líneas telefónicas de las comisarías

Después de que el uso de “campamentos de reeducación” para detener a un millón de personas de la minoría uigur concentró la atención internacional en 2017, se hizo más difícil contactar a las oficinas de seguridad pública en Xinjiang para confirmar o pedir comentarios por al respecto. La policía y los funcionarios ya no respondían las llamadas y varias listas de números ya no estaba conectadas.

Xu Xiaoli, esposa del premiado fotoperiodista Lu Guang, desaparecido en esa región en noviembre, se encontró con la misma situación. En Twitter, dijo que cuando trató de contactarse con la policía de Xinjiang para saber del paradero de su esposo, “ninguno de los números funcionaba”.

En las raras ocasiones en que doy con un funcionario, se niegan a responder a mis preguntas. En septiembre, intenté contactar a la Oficina de Seguridad Pública de Urumqi para preguntar por el académico y bloguero Ilham Tohti y sus estudiantes, y no me respondían hasta que una funcionaria atendió.

En cuanto me presenté, colgó. Volví a llamar y respondió la misma funcionaria, pero esta vez me gritó, al parecer en pánico y me dijo que no volviera a llamar más.

Intimidar a abogados, familiares y amigos

Las autoridades chinas también amenaza a familiares, amigos y abogados. Las autoridades detuvieron a Pu Wenqing, madre del periodista Huang, detenido en un centro secreto durante casi dos meses, sin tener contacto con amigos ni activistas, denunció la prensa.

Aun tras su liberación el 21 de enero, la policía la llamó y le ordenó que no publicara nada en Internet, según Radio Asia Libre. El agente que la llamó le dijo que acataba órdenes de la seguridad del Estado para controlar el tráfico en Internet sobre el caso de Huang. Pu sigue vigilada, me dijo un voluntario de 64 Huang.

Mientras Pu estaba detenida, el Departamento de Justicia de Guangdong descalificó al abogado de Huang, Liu Zhengqing por “usar un lenguaje que pone en peligro la seguridad del Estado y calumnia a otros”, según varios informes.

El anterior abogado de Huang, Sui Muqing fue descalificado por “utilizar palabras ofensivas y poco civilizadas” y otros malos comportamientos, mientras representa a un colega, y por llevar un celular para sacar fotografías de un activista de derechos humanos al que representaba en un centro de detención, según versiones de prensa y la cuenta de Twitter de Sui.

Y tanto Sui como Liu han denunciado el caso de Huang.

Hablaron con los medios y publicaban actualizaciones de forma regular en las plataformas de redes sociales y sitios web de derechos humanos.

Me enteré a fines de 2018 que abogados con los cuales había hablado se negaban a realizar declaraciones sobre periodistas detenidos que representaban. Y por lo menos dos dijeron al CPJ que no podían hablar por temor a las represalias.

A pesar de los intentos de las autoridades de censurar y silenciar a la prensa, los periodistas siguen informando sobre cuestiones sociales importantes, aun si significa que pueden quedar detenidos. Y el CPJ sigue investigando y denunciando sus casos.

ipsnoticias.net/Iris Hsu

 
El cambio climático complica la erradicación del hambre

El cambio climático causado por las actividades humanas supone una amenaza cada vez mayor para la agricultura, que también es una fuente de ingresos para más de 40 por ciento de la población mundial.

La gran variabilidad climática causa inundaciones repentinas, sequías, olas de calor, tifones, los que, por ejemplo tienen consecuencias fatales como los deslizamientos de terreno.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se propuso erradicar el hambre extrema y la malnutrición para 2030.

En entrevista con IPS, Hans R. Herren, presidente del Millennium Institute, con sede en Washington, indicó que la agricultura sigue siendo el sector que más empleo genera en el mundo, y más “cuando hablamos de todo el sistema de alimentos, desde la producción al consumo”.

También vale notar, precisó, que los empleados del sistema alimentario son los menos ganan, junto con los agricultores, y muchos en la preparación de alimentos están entre los que menos ganan y los más pobres de la sociedad.

“Tenemos un problema estructural en la agricultura, con numerosos bloqueos (como explicita el informe del Grupo Internacional de Expertos sobre Sistema de Alimentación Sostenible titulado “De la Uniformidad a la Diversidad”, de 2016), que dificultan la transformación del sistema de alimentación y permitiría una mayor equidad, así como una alimentación de mejor calidad y mayor accesibilidad en todas partes del mundo”, observó.

Es importante teniendo en cuenta que el cambio climático es un gran desafío para la producción agrícola en todas partes del mundo, con un creciente impacto en áreas que ya tienen escasez de alimentos en muchas zonas subtropicales y tropicales, explicó Herren, también presidente y fundador de Fundación Biovisión para el Desarrollo Ecológico.

La ONU también reconoce que se necesitan cambios significativos en el sistema alimentario y agrícola si queremos dar de comer a todas las personas hambrientas.

IPS: ¿La meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de erradicar el hambre para 2030 es factible?

HANS HERREN: Sí, el objetivo número dos es factible para 2030, el plazo dado para lograr los ODS.

Pero no se logrará si seguimos invirtiendo en proyectos de corto plazo, que pueden impulsar la producción a corto plazo, pero que lo ponen en riesgo en el mediano y largo plazo al destruir los suelos, perder la diversidad biológica y arruinar a los agricultores al hacerlos dependientes de insumos externos e insumos estatales.

Hay suficientes alimentos para dar de comer a la población mundial de 2050, proyectada en 9.000 millones de personas.

Ya producimos suficiente, el problema no es tanto la cantidad sino el acceso. Producimos demasiado y desperdiciamos mucho en el mundo rico, mientras que en los países en transición, se desatiende a los agricultores.

Ha sido más fácil para los gobiernos importar alimentos subsidiados más baratos que ayudar a sus agricultores a producir los alimentos necesarios.

Tengo 30 años de experiencia en África y sé que los agricultores pueden producir suficientes alimentos de calidad y asequibles para todos. Eso con apoyo en investigación y desarrollo, acceso a mercados y también más inversiones en infraestructura y la cadena de valor alimentaria.

Las inversiones permitirán crear empleos de calidad, elevar los ingresos y apoyar el desarrollo económico y social.

Con buenas prácticas agrícolas, como la agroecología, no el enfoque de la revolución verde que todavía promueve la Fundación Gates, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Banco Mundial y otras agencias de desarrollo, se podría impulsar el cambio necesario para que la agricultura sea el motor del crecimiento, la solución, y no el problema en materia de cambio climático, a la vez que se colabora con la salud y la prosperidad de los habitantes de países en transición.

El informe “Agriculture at a Crossroads” (agricultura en la encrucijada), dirigido por él, entre otros, sugiere una transformación desde un modelo de agricultura convencional e industrial hacia una agroecología orgánica, la permacultura y otras formas de cultivo sostenible, pero hay frenos que lo impiden.

IPS: El informe anual del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición señala al cambio climático como un elemento clave detrás del aumento del hambre en el mundo. ¿Cuánto daño pueden causar las condiciones climáticas extremas en la alimentación y la agricultura en el futuro?

HH: El cambio climático es la amenaza más importante a la producción de alimentos, y es necesario mitigarlo y adaptarse. La agricultura puede ser un elemento clave de la mitigación, al secuestrar el carbono bajo el suelo, pero solo es posible mediante la agricultura orgánica o agroecológica.

Esas formas de agricultura generan resiliencia en el sistema porque son diversas, tienen en cuenta el suelo y están en armonía con el ambiente. No utilizan insumos externos basados en las energías fósiles, y en el peor de los casos el cambio climático es neutral, y en el mejor, es positivo, cuando se practica con toda la ciencia que ya se ha desarrollado para apoyarlo.

Ignorar el cambio climático y su impacto en la producción agrícola, al seguir promoviendo el modelo de revolución verde, con fertilizantes sintéticos, pesticidas y organismos genéticamente modificados es criminal, sabiendo que existen alternativas y son viables.

IPS: ¿Han sido suficientes las inversiones en infraestructura y tecnología para mejorar la productividad agrícola, en particular en los países en desarrollo y en especial en África? Si no, ¿por qué falta?

HH: No, faltan inversiones estatales en investigación y desarrollo, y lo mismo ocurre, de hecho, en el llamado mundo rico. Necesitamos reinventar el sistema agrícola y alimentario y la infraestructura de extensión, que sigue estancada en el paradigma de la revolución verde, de resolver todos los problemas con químicos y el mejoramiento vegetal, como los OGM.

La agricultura es muy dependiente de factores ecológicos locales, por lo que la investigación también debe hacerse de cerca y con los agricultores, un cambio en que se hace la investigación y el desarrollo.

Es principalmente el papel del gobierno, con algún apoyo del sector privado para garantizar que la buena ciencia y sin patentes esté disponible para los agricultores, y no al revés como ocurre ahora, con agencias de desarrollo y grandes fundaciones decidiendo qué es bueno para ellos.

IPS: Se dice que en el futuro los alimentos podrían ser casi medicinales, al promoverse hábitos de alimentación sanos como la dieta mediterránea concentrada en nueces, frutas, aceite de oliva y verduras, para luchar contra enfermedades como la obesidad y la diabetes. ¿Será posible?

HH: Lo que necesitamos es un sistema de producción saludable, que produzca alimentos saludables, sin residuos y ricos en nutrientes, que solo pueden venir de alimentos producidos de forma orgánica y agroecológica.

La mayoría de los alimentos producidos con métodos de la revolución verde, que incluyen todos los pesticidas y fertilizantes sintéticos para cultivos, hormonas de crecimiento y antibióticos en la producción animal no son saludables, están en el origen del cáncer y de enfermedades crónicas que se convierten en una pesada carga para los gobiernos, ya quebrados, en distintas partes del mundo, con costos de salud fuera de control.

Por ello, y también por la salud del planeta urge un cambio en el sistema de alimentación. Es posible hacer el cambio, podemos producir suficientes alimentos de calidad en cualquier parte del planeta para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia, como dijo Mahatma Gandhi, con razón.

www.ipsnoticias.net/Thalif Deen

 
Corrupción y mediocridad, males que hay que combatir

En los últimos días la ciudadanía viene tomando conocimiento de una serie de hechos que hablan muy mal del comportamiento de algunos personajes del mundo político. A pesar que sus actos lindan con el delito, o son tales a la luz de la ley, los responsables tratan de minimizar la gravedad de los mismos o buscan el apoyo cómplice de otros para salvarse de la sanción punitiva a la que se han hecho merecedores.

Los episodios protagonizados por el congresista Edwin Donayre Gotzch, sancionado judicialmente por peculado en agravio del Estado; el del también congresista Roberto Vieira Portugal, acusado de exigir una coima a cambio de un trámite en el Ministerio de la Producción; el del igualmente congresista Héctor Becerril Rodríguez, a quien una empresa constructora lo ha denunciado por exigir un soborno a cambio de obras públicas; en cada caso con pruebas de por medio, forman parte de esta triste historia de corrupción que impera en el país.

Hay muchos más, tan es así que el emblemático proceso investigativo conocido como “Caso Lava Jato”, que involucra a expresidentes, entre ellos Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y la siempre derrotada excandidata presidencial, Keiko Fujimori, es la demostración de una de las causas más dolorosas que tienen postrada la posibilidad de desarrollo social y económico del país. La corrupción tiene su propia historia. Es de larga data, desde inicios de la vida republicana, pero ahora llega a niveles que antes se ocultaban, debido a la fuerza del poder político manipulada por el poder económico.

Los personajes de estos hechos están recurriendo a una serie de maniobras para librarse de la carcelería. Cuentan al respecto con la asesoría de abogados hábiles para demostrar lo indemostrable, utilizan la amenaza oral e inclusive métodos más peligrosos en perjuicio de los administradores de justicia, agravian a los periodistas que ponen al descubierto sus malos pasos. La reciente agresión al fiscal José Domingo Pérez por huestes keikistas, la denuncia del periodista Gustavo Gorriti, director del portal IDL-Reporteros, a quien tratan de silenciar, la actitud del congresista César Segura, presidente de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, acusado de blindar a Héctor Becerril y al fiscal Pedro Chávarry, revelan la actitud extremista de quienes hacen gala de cinismo y de franca identidad con la corrupción.

No es la primera vez que se denuncia esta calamidad. La hipocresía es la reina de tal comportamiento. Como ya se ha calificado, la hipocresía se ha convertido en un arte para amordazar la dignidad. Mediante ella se silencia el escrúpulo de los seres incapaces de resistir a la tentación del mal. Más aún, coincidimos en precisar que el estiércol que estimula el desarrollo de la corrupción, viene afinando la capacidad de mentir. Los sentimientos por los valores y los principios no existen. El rufianismo, la indignidad, forman parte de su actuación diaria. Olvidan, sin embargo, que en estos tiempos hay mayor posibilidad de una prensa libre y de una ciudadanía en capacidad de combatirlos. Llegará el momento en que no podrán utilizar el salvoconducto que les brindan sus cómplices, para burlar el peso de la justicia.

 
Una Venezuela aún más precaria emerge de 100 horas sin luz

CARACAS.- Un apagón de hasta 100 horas en la mayor parte de su territorio convirtió a Venezuela en un país aún más precario, al agravar el desplome de servicios esenciales para la vida y la incertidumbre sobre su rumbo político, marcada por el inédito enfrentamiento entre dos “presidentes legítimos”.

El 7 de marzo “unos minutos antes de las cinco de la tarde se fue la luz. Nos asomamos a la puerta y al balcón y comprendimos que era mucho más que el vecindario. Luego supimos que era todo el país y corrimos a recoger un poco de agua”, contó a IPS la maestra jubilada Elena Vásquez, que vive en Lídice, un barrio populoso del oeste de Caracas.

Todo el país: unas ciudades y regiones por 72 horas, otras 96, algunas más de 100 y aún en algunos sectores hasta este viernes 15. Sin electricidad cayeron los servicios de agua potable, el metro y los trenes, terminales, aeropuertos,  puertos, bancos, Internet, telefonía, radio, televisión, alumbrado público, expendio de combustible y servicios hospitalarios.

También cerraron las tiendas, fábricas, escuelas y oficinas, que ya venían de un largo asueto por el carnaval, alargado por el presidente Nicolás Maduro. De hecho, durante la primera quincena de marzo ha habido tres días laborables.

Más de una semana después todavía urbanizaciones enteras de Caracas no recibían el fluido eléctrico y el servicio era intermitente en áreas urbanas y rurales del centro y occidente del país.

La primera noche fue de expectación y relativa calma, pero la segunda comenzaron saqueos en varias ciudades y luego, con la luz del día, en Maracaibo (noroeste), segunda urbe del país, fueron saqueados más de 400 comercios y depósitos. Las refriegas y contención de los desmanes en la región noroeste dejaron seis fallecidos de bala, según reportes desde el lugar.

¿Qué pasó? Falló el sistema interconectado nacional, basado en el complejo hidroeléctrico de Guri (sureste), con capacidad nominal para generar 15.400 Megavatios/hora, y en 15.000 Mwh que debería aportar el parque térmico, buena parte del cual está fuera de servicio.

Desde hace varios años no hay cifras oficiales sobre cuánto realmente generan esas instalaciones, ni sobre la demanda nacional, que a comienzos de la década se acercaba a 20.000 Mwh y ahora debería ser muy inferior, por la contracción de 50 por ciento en el producto interno bruto y la migración de más de tres  millones de venezolanos desde 2013.

El apagón “fue producto de un ciberataque desde Houston y Chicago, ordenado por el Comando Sur” de las fuerzas militares estadounidenses, dijo Maduro.

“Mike Pompeo (secretario de Estado en Washington) y el gobierno de Estados Unidos están detrás del ataque electrónico y electromagnético” al centro de control de Guri, agregó Maduro. Le habrían seguido sabotajes a líneas de transmisión hacia el centro del país.

Pero Juan Guaidó, presidente encargado según la Asamblea Nacional (parlamento unicameral en manos de la oposición), la cual declaró a Maduro “usurpador”, sostuvo que el apagón “no fue causado por un sabotaje sino por la desinversión y mala gestión” en el sistema eléctrico, y añadió que “esta crisis se acaba con el fin de la usurpación”.

Ha sido el capítulo más reciente en el duelo de poderes Maduro-Guaidó, iniciado el 23 de enero. Ambos se reivindican como legítimos mandatarios, y aunque el izquierdista Maduro es quien efectivamente ejerce el poder ejecutivo, el centrista Guaidó es reconocido como “presidente legítimo” por más de 50 gobiernos y tiene abierto apoyo de Washington.

Servicios negados

Pero también fue el capítulo más reciente de las penurias y denegación de derechos que padecen los 31 millones de venezolanos. Fuera de Caracas, son comunes los apagones y el racionamiento.

“Ahora todo el país sabe lo que padecemos quienes desde hace años de repente nos quedamos sin luz durante 10 o 15 horas seguidas”, dijo a IPS al cabo de la oscura semana Anthony Paredes, empleado de comercio en la tórrida ciudad petrolera de Cabimas, a orillas del occidental lago de Maracaibo.

Los Paredes -10 personas, tres generaciones- cocinan rápidamente cuanto tienen en el refrigerador, compran bolsas de hielo, racionan su consumo de agua, y en su casa de una planta distribuyen velas y duermen a ras del suelo para hacer más soportable el calor.

El siguiente drama para los habitantes de las ciudades es el agua: acudir con todo tipo de envases a lugares públicos donde hay el líquido, contratar un costoso camión cisterna, o subir las escaleras de un edificio de 20 pisos cargando dos bidones de 18 litros es parte de la realidad cotidiana de amplios sectores.

También pagar a precios de especulación por un botellón de agua o una bolsa de hielo, más cara paradójicamente donde vive la gente más vulnerable, como los barrios populosos y encaramados en los cerros que rodean en valle de Caracas.

Tercer drama: Venezuela tiene una hiperinflación que, a falta de cifras oficiales, el parlamento opositor calcula, anualizada febrero 2018-febrero 2019, en 2.295.981 por ciento, récord, ya desde hace un año, en la historia de las Américas. El Fondo Monetario Internacional pronosticó que la inflación del año será de ¡10 millones por ciento!

Pero el dinero en efectivo escasea y los billetes son de baja denominación. Aún compras pequeñas como un café y un emparedado se pagan usualmente con tarjetas de débito o crédito. Sin electricidad no hay conexión a bancos, y los comercios reclaman bolívares en efectivo o dólares, aunque solo unos pocos privilegiados disponen de divisas.

Se cancelaron vuelos y viajes en autobuses interurbanos. Para comunicarse con familiares en el exterior, muchos caraqueños acudieron a calles y autopistas en frente de oficinas de telefonía para poder tener señal en sus móviles, cargados con las baterías de los automóviles. Se formaron largas colas de vehículos ante las pocas estaciones de servicio dotadas de plantas propias para vender combustible.

La situación de salud fue un drama aparte. Desde pacientes diabéticos buscando apoyo para refrigerar sus dosis de insulina hasta el cierre técnico de clínicas. La organización Médicos por la Salud reportó al menos 26 fallecidos durante el apagón, incluidos neonatos, en hospitales públicos donde no se pudo proveer de electricidad a equipos indispensables.

La falla eléctrica solo agravó situaciones arrastradas por el sistema sanitario. Un estudio de Médicos por la Salud mostró que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 perecieron, en los 40 principales hospitales del país, 1.557 personas que debieron ser atendidos con equipos imprescindibles pero que estaban averiados, o con medicinas inexistentes en esos centros.

La información y los periodistas resultaron otras víctimas. Muchos medios quedaron sin capacidad para informar, mientras periodistas locales y extranjeros en diferentes partes del país fueron agredidos, amedrentados o detenidos por autoridades o grupos adeptos a Maduro, por difundir información en choque con la versión oficial, según testimonios y verificadas denuncias gremiales.

El caso más resaltante fue el del periodista y experto en ciberciudadania Luis Carlos Díaz, detenido por la policía política durante 24 horas y ahora bajo libertad condicional, por supuestos vínculos entre el alegado sabotaje y sus aportes sobre como sortear el “blackout (censura)” en el ciberespacio, frecuentemente denunciada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Desde enero, fueron detenidos 39 periodistas, indicó este viernes 15 el No gubernamental Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).

Vuelta a la política

El politólogo Luis Salamanca, docente en la caraqueña Universidad Central, dijo a IPS que “es preocupante que Venezuela entre en una fase de colapso total, porque existe una situación social y política explosiva”.

Los analistas se pasean por escenarios de explosión e implosión en la sociedad, con temores porque se desencadene una ola de violencia incontrolable, en un país donde ya hay una sangría cotidiana de homicidios que convierten al país e uno de los más violentos del continente.

Maduro pidió ayuda de Rusia, China, Irán y Cuba para investigar lo que calificó como atentado terrorista, advirtió que “la oposición está jugando sucio, por lo que debe haber justicia”, y la Fiscalía General abrió una investigación a Guaidó “por su presunta implicación en el sabotaje al sistema eléctrico nacional”.

El parlamento, por su parte, decretó un estado de alarma por el apagón y Guaidó incluyó allí la orden de no enviar más petróleo a Cuba (unos 30.000 barriles de 159 litros por día, en condiciones subsidiadas) para ahorrar combustible a fin de atender la emergencia eléctrica.

Guaidó y la oposición carecen de mecanismos para bloquear los cargamentos que van a Cuba, pero el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, advirtió a compañías navieras y empresas de seguros que deben tomar nota de esa orden.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en enero y Washington promueve que Maduro deje la presidencia y sea reemplazado por Guaidó. Los últimos diplomáticos estadounidenses abandonaron Caracas este jueves 14 y Guaidó anunció que seguirán las medidas de presión para llevar a buen término su propuesta de “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

La crisis institucional, encarnada en una bicefalia presidencial, comenzó el 10 de enero, al asumir Maduro un segundo sexenio, tras unas elecciones que la oposición, Washington y la Unión Europea consideran fraudulentas, a lo que se sumó la proclamación de Guaidó como mandatario encargado el 23 de enero.

ipsnoticias.net/Por Humberto Márquez

 
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Créditos: Eylen Jalilíe