Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Domingo, 19 mayo 2019


ANP denuncia utilización de vía penal para silenciar a comunicador en Arequipa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denuncia que, una vez más, se apela a la vía penal para castigar a un periodista por su labor informativa. El alcalde provincial de Islay, Edgar Augusto Rivera Cervera, ha querellado al comunicador social Luis Carlos Chipana Mamani, de radio Capital de Mollendo y radio Líder de Cocachacra.

Chipana Mamani viene dando cobertura a las actividades públicas de la autoridad edil desde que inició su gestión municipal en enero del presente año. Esta querella no es la única acción en su contra. En los primeros meses del año, al término de una sesión de consejo municipal, el comunicador social cuestionó el aumento de sueldo del alcalde y sus regidores. En aquella ocasión fue retirado a la fuerza del recinto público e impedido de volver a ingresar.

Según explicó Chipana a la ANP, a inicios de marzo fue víctima de agresión física. Dos hombres desconocidos lo golpearon mientras esperaba un taxi. Los agresores, después de atacarlo, le enseñaron un cuchillo de forma amenazante y le dijeron: “deja al alcalde provincial de Islay”.

Asimismo, dijo que al igual que estos, otros incidentes han impulsado a Chipana Mamani a disminuir su actividad radial a fin de resguardar su integridad y la de su familia.

A pesar de que su caso ha sido difundido en medios de comunicación de alcance nacional, el alcalde provincial de Islay y sus seguidores han continuado con el hostigamiento al hombre de prensa, al extremo de interponerle una querella por difamación notificada el último 3 de mayo, irónicamente Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Para la ANP este hecho es inadmisible porque representa un claro atentado contra la libertad de prensa. Asimismo, pide al Juzgado Penal Unipersonal de Islay que considere en el proceso los cuestionamientos al alcalde provincial, Edgar Rivera, y sopese que según la doctrina internacional los funcionarios públicos por razón de su quehacer están más expuestos a la crítica.

De igual forma, la ANP recuerda a las autoridades que una parte fundamental del periodismo es la investigación a entidades y personajes que administran la cosa pública y que las querellas contra periodistas y comunicadores sociales en el país se vienen utilizando -más que para resarcir honor- con la insana intención de amordazar el trabajo periodístico, guste o no, indispensable para afirmar nuestra frágil democracia.

 
Falleció Walter Yarasca Quispe de la ANP Huamanga

Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero Walter Yarasca Quispe de la ANP Huamanga.

Nos unimos al dolor de su familia y expresamos nuestras sentidas condolencias en estos momentos difíciles.

 
ANP condena abuso de autoridad contra trabajador de diario en Arequipa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condena la actuación de agentes de la Policía Nacional del Perú y la asesora de la Municipalidad Provincial de Arequipa, María Antonieta Torres Espejo, quienes en un evidente abuso de autoridad retuvieron y condujeron a la comisaria de dicha circunscripción al jefe de circulación del diario “Los Andes” de Arequipa, Fernando Aquino Aste.

El hecho se suscitó el último jueves 9 de mayo cuando el jefe de circulación del diario, junto a dos trabajadores más, se encontraba repartiendo gratuitamente los ejemplares del matutino en cuya portada figuraba como titular principal “Acusan que asesora de Candia direcciona contratos”, en alusión a la mencionada funcionaria del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia.

En esas circunstancias aparece la asesora aludida en el titular, quien comenzó a acusar al jefe de distribución de difamarla. Ante esto, Aquino enrumba en dirección a su centro de labores, pero, unas cuadras antes de llegar, el personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa le intercepta.

María Antonieta Torres llega hasta el lugar y comienza a decir que está prohibido distribuir ese diario, al mismo tiempo que llama a la policía. Los agentes de la Policía Nacional del Perú llegan en pocos minutos a su llamado y obedecen a su pedido de detención.

Los policías solicitan el Documento Nacional de Identidad de Aquino ante lo que él se resiste, pero, a su insistencia, accede a entregarles, acto seguido, es llevado a la Comisaría de Santa Martha (cercado de Arequipa).

Ya en la dependencia policial, la funcionaria comienza a reclamar a Aquino Aste acusándolo de difamarla y pidiendo su encarcelamiento. Sin embargo, tras la intervención del asesor legal del diario, el jefe de circulación pudo recuperar su documento y evitar una eventual detención arbitraria.

Pese a todo esto, la asesora municipal advirtió que procederá con una denuncia contra Aquino por difamación.

La ANP recuerda que ningún ciudadano puede ser detenido sin encontrarse con orden de captura o cometiendo delito flagrante. Por ello exige una inmediata acción del Inspectoría Nacional de la Policía para que sancione a los efectivos que cometieron un evidente abuso de autoridad. Al mismo tiempo demanda acciones del titular de la Municipalidad Provincial de Arequipa ante la reprochable conducta de una asesora que opta por responder con prepotencia a una investigación periodística, teniendo canales constitucionales -como la rectificación- si siente que lo revelado es inexacto.

Asimismo, rechazamos las advertencias de María Antonieta Torres Espejo de recurrir a la vía penal como respuesta a la labor periodística, en un claro intento de amedrentamiento.

Finalmente, la ANP reafirma su compromiso por velar que la libertad de prensa sea respetada como sustento del Estado de Derecho.

 
¿Reforma política ahora?

La Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra afirma que trabaja a todo vapor. Y que en su mesa no están solo los proyectos que Martín Vizcarra entregó hace más de un mes, para concretar la reforma política propuesta por la Comisión Tuesta, que son muchos más un gran número de iniciativas de abrumadora complejidad.

Para analizar si la reforma política será o no posible hay que tomar en cuenta el factor tiempo. El Presidente y el Premier reclaman nuevas normas para ser aplicadas en el 2021 y atención urgente a su propuesta porque no es posible modificar las reglas electorales un año antes de los comicios. Por tanto todo cambio deberá hacerse como máximo en menos de un año, es decir antes de abril 2020.

El tiempo manda y hablamos de cuatro reformas constitucionales, entre ellas la de la inmunidad parlamentaria, que deberían aprobarse en la presente legislatura si se quieren vigentes para las próximas elecciones generales.

Difícil muy difícil. Estamos nuevamente en pleno conflicto de poderes. Mientras el presidente Vizcarra exige públicamente al Congreso priorizar los proyectos que entregó hace más de un mes, su titular Daniel Salaverry, responde que trabajarán sus propias propuestas con especialistas de alto nivel y asambleas al interior del país para conocer la opinión de la población.

No hablan el mismo idioma. Los proyectos del Ejecutivo han sido colocados en la categoría de insumo junto a la información que recogerán en las cuatro macro regiones a fin de que la renovación normativa de la política salga de la ciudadanía.

Nuevamente la apelación al pueblo pero esta vez convocado por el Congreso, para opinar sobre la representación, el voto preferencial o la bicameralidad. Ese mismo pueblo que ya tuvo su momento en el referéndum de Diciembre del cual salieron directivas que los legisladores deberían tener en cuenta.

Pero no será así. Según Salaverry la información que pudieran obtener la pondrán a consideración de líderes de opinión de diferentes sectores. Un trámite largo y lento que no se parece al de una reforma sino al de arrastrar voluntades sin posibilidades de concreción, legitimada o no por la población.

Quedarán en el camino la muy importante bicameralidad o la posible elección parlamentaria en la segunda vuelta. El mismo Fernando Tuesta considera muy difícil que los planteamientos de su Comisión sean aprobados para el 2021 si no hay previo acuerdo con el gobierno. Pero la confluencia está lejana, ni prioridad ni debate, los esfuerzos de ambos poderes no van por la misma vía.

No extraña la situación porque el Congreso se ve más preocupado por la embestida judicial por Lava Jato y sus consecuencias contra los políticos y los partidos que en discutir la reforma política. Y esta vez las presiones del Ejecutivo no tendrán el mismo efecto. Ya el Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, ha descartado la cuestión de confianza. Si esto es así alguien en el entorno de Martín Vizcarra y de Daniel Salaverry debería decirles que vale más dialogar que imponer. Y que para lograr la reforma política funcionaría mejor el poder blando de persuadir que el poder duro de golpear.

María del Pilar Tello

 
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