Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Lunes, 27 enero 2020


ANP: Periodistas de seis provincias denunciaron restricciones en cobertura electoral

Los periodistas de Ica, Ilo, Chincha, Trujillo, Piura y Cusco desarrollaron con dificultades la cobertura de las elecciones congresales extraordinarias.

Esto fue registrado por el Observatorio Electoral de Periodistas que activó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) durante la jornada electoral de este 26 de enero.

Desde las 7 de la mañana, el observatorio inició funciones registrando los primeros incidentes que fueron reportados desde Ilo y Trujillo, lugares en que periodistas fueron impedidos de ingresar a los centros de sufragio.

Los siguientes reportes llegaron desde Piura, Ica y Chincha, donde también los periodistas fueron impedidos de ingresar a los locales de votación por agentes del orden, pese a estar debidamente acreditados y conocer el alcance de sus funciones en la cobertura electoral.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) contactó con un funcionario la máxima autoridad en la organización y ejecución de procesos electorales, que en un primer momento derivó el esclarecimiento de los hechos con la Fiscalía de Prevención del Delito. La Fiscalía se contactó con la ANP para descartar que existiera alguna orden en ese sentido.

Por último, en Cusco, un observador de la Asociación Civil Transparencia obligó a los periodistas a retirarse de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), considerado el local electoral más importante de la ciudad.

En Abancay, la ODPE dispuso un área de prensa en el patio del centro de votación desde dónde se pudo registrar el desarrollo del proceso; pero no dejaron que se realicen estas acciones en las aulas donde están ubicadas las mesas de sufragio, puesto que está restringido por la normativa de la ONPE. Asimismo, estos funcionarios recomendaron que las entrevistas a los personajes público se realicen fuera del local de votación.

http://www.cronicaviva.com.pe/asociacion-nacional-de-periodistas-del-peru-actos-en-memoria-de-martires-de-uchuraccay/

Por otra parte, las provincias de Tumbes, Chimbote, Huaura, Puno, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Pomabamba, La Oroya y Otuzco indicaron al Observatorio Electoral de Periodistas que el trabajo de cobertura durante las elecciones fue normal y sin dificultades.

Mientras tanto, en la capital, el proceso electoral se desarrolló sin problemas en las coberturas, lo que demuestra, una vez más, que los lugares en que se presentan más riesgos para el ejercicio del periodismo son las provincias del país.

Lugares de incidencia

Los locales de votación en que sucedieron las restricciones en Ilo fueron los colegios Alberto Conde Vásquez y Daniel Becerra Ocampo, mientras, en Trujillo fueron el colegio Santa Rosa y la Gran Unidad Escolar José Faustino Carrión.

En Piura, la prensa fue impedida de ingresar a los colegios San Miguel, Jorge Basadre, Magdalena Seminario De Leedor y José Inclán.

Los locales en Ica donde hubo obstrucción a la prensa fueron el colegio José Toribio Polos y el Instituto Tecnológico Catalina. Mientras, en Chincha, fueron los colegios John F. Kennedy, Sebastián Barranca y José Carlos Mariátegui.

Y en Cusco el lugar de incidencia fue el local de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

¿Por qué impidieron el acceso a periodistas?

Ante estos hechos suscitados en el desarrollo de la jornada electoral, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) manifiesta el rechazo a toda forma de impedir el cumplimiento de su labor informativa a los hombres y mujeres de prensa.

Asimismo, expresa su extrañeza por la falta de respuestas de parte del Estado, ya que los hechos y evidencias demuestran que el impedimento de acceso a periodistas es real. Entonces ¿Por qué se impidió que ingresen los periodistas a los locales de votación? ¿Quién lo impidió? ¿Quién dio la orden?

Al cerrar de este informe, la ANP ha recibido el pronunciamiento del Ministerio Público de los distritos fiscales de Ica y de Cusco, sobre este último documento, la ANP rechaza la utilización de términos que denigran a un periodista, afiliado a nuestro gremio, tratándolo de “supuesto hombre de prensa” y desconociendo que el ejercicio del periodismo está regulado por la ley Nro. 26937, fundada en el artículo 2 inciso 4 de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 
Ecuador: Inhabilitación de emisora agita debate de libertad de expresión

QUITO.- La inhabilitación de frecuencia a una emisora pública de oposición en Ecuador, que había sido acusada de instigación en la ola de disturbios del pasado octubre, ha provocado críticas en círculos correístas y preocupación de defensores de la libertad de prensa y del relator especial de la CIDH, Edison Lanza.

El caso atañe a la emisora pública Radio Pichincha Universal, dependiente de la Prefectura donde se ubica la capital, Quito, y que desde 2019 está en manos de Paola Pabón, una política adepta al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017).

El jueves, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones, notificó a la emisora la próxima "extinción del título habilitante del servicio de radiodifusión sonora" y ordenó que se proceda al nombramiento de un "interventor".

La decisión, aún apelable, se sustenta en un intento anterior de inhabilitación por violación de un artículo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que alude a infracciones como "la prestación de servicios en contra de la seguridad nacional", entre otras.

Una infracción que supuestamente cometió el medio, bajo la dirección del periodista abiertamente crítico con el Gobierno Orlando Pérez, durante los disturbios que vivió el país en octubre de 2019.

En ese contexto el programa radial de esa emisora, "La Oreja", presuntamente instigó -según Arcotel- a "la paralización de servicios públicos".

En ese momento, cuando miles de indígenas, sindicalistas y opositores tenían tomadas las calles de Quito, el Gobierno ordenó la suspensión de emisiones y allanó la sede de la emisora, aunque a finales de ese mes una medida cautelar la devolvió al aire.

La nueva decisión de inhabilitación ha sido calificado por Pabón y su entorno como "un atropello a los derechos de la libertad de expresión y opinión" y aseguran que recurrirán a la justicia.

"Interpondremos una acción de protección con petición de medidas cautelares e informaremos a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", aseguró la prefecta, quien estuvo detenida 71 días -entre el 14 de octubre y el 24 de diciembre- por supuesta instigación de las movilizaciones populares y rebelión, junto a otros dos partidarios de Correa.

Las quejas han sido airadas en todo el espectro correísta, que paradójicamente en esta ocasión claman por que Moreno cumpla con su compromiso de preservar la libertad de expresión y opinión.

El mandatario prometió a los medios de comunicación y organismos defensores de la libertad de prensa que revertía las políticas seguidas por su antecesor, contenidas en una polémica Ley de Comunicación (LOC) de 2013 que era considerada una "mordaza" a la libertad de expresión.

En febrero de 2019, con apoyo de organizaciones y relatores internacionales, Moreno cumplió su promesa y reformó la LOC, si bien no con todo el alcance que le exigían gremios periodísticos.

Hoy, tras conocer el caso de Radio Pichincha, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), que alentó esas reformas, advirtió al Gobierno contra el cierre de la emisora.

"Fundamedios rechaza el cierre de un medio de comunicación pues considera que así se limita el espacio democrático y se restringe la libertad de expresión. Fiel a sus principios y a su posición histórica, la organización pide a las autoridades que, de manera urgente, reviertan la resolución que afecta a esta emisora pública", sostuvo en un comunicado.

En unas declaraciones a Efe, su director César Ricaurte, reiteró su "condena sin matices al cierre de Radio Pichincha Universal, y menos aún citando medidas o legislación derivada de una supuesta afectación a la seguridad".

"Eso no es propio de un Gobierno que se pretende democrático y que respeta plenamente las libertades", insistió sin "avalar las acciones, opiniones y comentarios" vertidas en esa emisora.

Hizo notar que se trata "de un medio público" y que en este caso "es el Estado tomando medidas contra otro órgano del Estado".

A las críticas también se ha sumado el relator especial de la CIDH para Libertad de Expresión, el uruguayo Edison Lanza.

"La revocación y cierre de un medio es medida de mayor gravedad. Seguimos con preocupación la resolución de Arcotel respecto a Pichincha Universal. Hemos recibido información del Estado Ecuador. La Relatoría analiza los fundamentos. Solicitamos mantener medidas protección judicial", escribió Lanza redes sociales.

Por el momento ningún miembro del Gobierno se ha pronunciado sobre la decisión de la entidad reguladora o sobre las incesantes críticas que ha generado la resolución, sobre todo de parte de periodistas que ven en el cierre de la emisora un nuevo "retroceso" tras la reforma de la LOC.

EFE

 
Concurso premiará coberturas sobre religión

Periodistas que cubran asuntos religiosos pueden participar en este concurso.

Los premios de la Religion Newswriters Association (RNA) a la Excelencia en el Periodismo sobre Religión reconocen a periodistas de publicaciones estudiantiles, medios impresos, televisivos, radiales y online, así como a autores de libros sobre religión.

El concurso otorgará 20 reconocimientos en seis categorías y más de US$10.000 en premios. Los trabajos deben haber sido publicados o emitidos en inglés durante 2019.

La cuota de inscripción varía entre US$50 y US$120. Asociarse a la RNA puede ahorrarle a los aspirantes hasta US$75.

Se podrá participar hasta el 2 de marzo. Quienes participen en la categoría estudiantil podrán participar hasta el 1 de mayo.

ijnet.org/es

 
Cepal: Desigualdad es causa estructural del malestar en América Latina

La desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región. Por ello, necesitamos avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en el Foro Económico Mundial 2020 que culminó este viernes 24 en Davos, Suiza.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó durante la semana en diversas sesiones del Foro global, en las que abordó el origen y la persistencia de la desigualdad en los países de la región, así como el impacto que, asociada al bajo crecimiento, esta tiene en el desarrollo, la innovación, la inclusión y la productividad.

También subrayó la importancia de la inversión pública y privada para potenciar la diversificación productiva, la infraestructura y la integración regional.

“Las protestas en la región tienen un hilo común que es la desigualdad y pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social. A partir de las movilizaciones hemos visto cómo algunos gobiernos han accedido a avanzar en mejoras estructurales a bienes públicos esenciales, como salud, educación, pensiones y transporte”, afirmó Alicia Bárcena durante una intervención en la sesión sobre Cómo convertir la protesta en progreso (How to Turn Protest into Progress), celebrada el jueves 23 en Davos.

Junto a la secretaria ejecutiva de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), participaron en el panel Craig Francourt, de Global Shaper, Victoria Hub; Micah White, activista y cocreador de Occupy Wall Street, y William F. Browder, director general de Hermitage Capital Management. La sesión fue moderada por James Harding, cofundador y editor de Tortoise Media.

Durante su intervención, Bárcena subrayó que hay un desencanto social que se manifiesta principalmente en los más jóvenes de la región, debido a que se generaron expectativas que no han sido cumplidas.

Asimismo, destacó la importancia del respeto por los derechos humanos y el derecho a la protesta, y llamó a construir nuevos pactos sociales con miras a garantizar el bien público.

“Muchos países no contemplan el derecho a la protesta. En las Naciones Unidas defendemos los derechos humanos, la igualdad, la justicia y las voces de los que no tienen voz”, señaló.

La máxima representante de la Cepal participó también en una sesión titulada América Latina: Respondiendo a las nuevas expectativas (Latin America: Responding to New Expectations) donde enfatizó que la gran fábrica de la desigualdad en la región es la enorme heterogeneidad estructural.

Por ello, dijo, es urgente avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen acceso a protección social y a bienes públicos de calidad, como salud y educación, vivienda y transporte.

Alicia Bárcena advirtió sobre el crecimiento de los estratos de ingresos medios en la región, que continúan experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos.

“El 76,8% de la población de la región pertenece a los estratos de ingresos bajo y medio-bajo, que vive con un ingreso inferior a tres líneas de pobreza”, alertó.

Precisó que a 2017, más de la mitad de la población adulta (52%) de los estratos medios no había completado 12 años de escolaridad, mientras que el 36,6% tenía ocupaciones con un alto riesgo de informalidad y precariedad. Además, el 44,7% de las personas económicamente activas de los estratos medios no están afiliados o no cotizan en un sistema de pensiones.

“Es urgente avanzar hacia una cultura de la igualdad en la región a través de políticas universales de inclusión social y laboral que contribuyan a aumentar las capacidades humanas, la productividad y el crecimiento económico, a la vez que instalan una cultura de derechos y de ciudadanía social”, concluyó.

Las actividades de la Secretaria Ejecutiva de la Cepal en el Foro Económico Mundial 2020 incluyeron una serie de reuniones bilaterales y otras actividades públicas y privadas.

En varias de ellas, Alicia Bárcena abordó los alcances del Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, una propuesta innovadora que busca crear un espacio de desarrollo sostenible estimulando el crecimiento económico, promoviendo el acceso universal a los derechos sociales, impulsando la resiliencia al cambio climático y garantizando los derechos durante todo el ciclo migratorio.

Este artículo fue publicado originalmente por la Cepal.

(IPS) Crédito:FEM

 
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