Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Viernes, 25 mayo 2018


CIDH: Estados deben proteger a defensores de DDHH de represalias y hostigamientos

Es fundamental reconocer el rol que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen, y es necesario generar garantías para que sean protegidos de eventuales represalias y hostigamientos, dijo Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Es fundamental reconocer el rol que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen en los procesos de denuncia de actos de corrupción, y es necesario generar garantías para que sean protegidos de represalias, de hostigamientos”, indicó en diálogo con Ideeleradio.

“Es necesario generar garantías para que puedan ejercer sus legítimos derechos a la protesta social y más que eso, que los Estados estructuren administrativamente mecanismos nacionales de protección de defensores y defensoras de derechos humanos”, puntualizó.

Uso del Sistema Interamericano

Sostuvo, en líneas generales, que cada vez más se tienen que generar mejores herramientas para el uso del Sistema Interamericano a favor de la protección de los denunciantes de delitos de corrupción.

“El Sistema Interamericano a su vez ya hizo su parte con el sistema de medidas cautelares, con el uso de nuestros comunicados para generar atención de grupos que están siendo hostigados, por medio de nuestras solicitudes de información al Estado para expresar que estamos atentos a determinadas situaciones concretas”, indicó.

“No voy a comentar ningún caso en específico, pero creo que cada una de las situaciones dispone a partir de los instrumentos interamericanos y las comisiones a toda la región y los países que tienen a su disposición para accionar el Sistema Interamericano”, explicó.

Diferenciar situaciones

El secretario ejecutivo de la CIDH dijo, del mismo modo, que los sistemas de justicia, en el ejercicio de su independencia, deben identificar y diferenciar los casos que lleguen a analizar.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos piensa que se debe cuidar para que todo el sistema de justicia, en el ejercicio de su independencia, sepa identificar cuando hay efectivamente un cometimiento de una ilicitud o cuando hay simplemente el ejercicio libre del derecho de las personas para exigir respuestas estatales para las denuncias de corrupción que están puestas”, refirió.

“Así que hay que tener cuidado de diferenciar cada una de esas situaciones donde hay una manipulación o una persecución, que muchas veces puede ocurrir incluso por los propios autores estatales, por las propias autoridades públicas. Esa sensibilidad de percepción sobre cada una de esas situaciones es algo que cada caso particular es capaz de ofrecer”, aseveró.

El rol de la sociedad civil

Finalmente, dijo que es importante el rol de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil respecto a la posibilidad de establecer una diferenciación.

“Por eso es que el rol de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en esos procesos es fundamental, porque ahí podemos identificar a quienes tienen acciones históricamente para incidir en nuestras agendas y otros tipos de aprovechamiento del sistema para desviar sus finalidades fundamentales que es proteger a la gente que legítimamente está luchando por una sociedad más ética”, puntualizó.

 
EEUU: Batalla sobre el veto migratorio de Trump llega al Tribunal Supremo

WASHINGTON.- La batalla sobre el veto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega la próxima semana al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si el mandatario se extralimitó en sus poderes y si trató de discriminar a los ciudadanos de países musulmanes.

El miércoles el Tribunal Supremo celebrará una audiencia para estudiar el caso, aunque no emitirá una sentencia hasta junio.

En cuestión está la legalidad de la tercera versión del veto migratorio, diseñado para obstaculizar indefinidamente la entrada a EE.UU. de los nacionales de seis países de mayoría musulmana (Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen) y que incluye restricciones para los ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte.

Todo comenzó en la campaña para las elecciones de 2016, cuando un matrimonio radicalizado perpetró un atentado en San Bernardino (California) y Trump aprovechó para prometer un "bloqueo completo y total" a la entrada de musulmanes a Estados Unidos, con el fin de detener el terrorismo yihadista.

"Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana", afirmó Trump entonces.

Solo una semana después de llegar al poder, Trump proclamó mediante una orden ejecutiva su primer veto, titulado: "Protegiendo a la nación de la entrada de terroristas extranjeros".

El decreto entró en vigor de manera inmediata y desató el caos en todo el mundo: familias que no pudieron embarcar en sus vuelos a Estados Unidos, manifestaciones masivas en los aeropuertos y abogados acampados en las terminales de llegadas para asesorar a aquellos que eran retenidos en aduanas.

Como resultado de esa orden, 700 viajeros fueron detenidos en los aeropuertos y 60.000 visados fueron revocados temporalmente, según datos del Departamento de Estado.

Ese primer veto acabó bloqueado en los tribunales y, ante la dificultad de defenderlo ante la Justicia, Trump proclamó el 6 de marzo de 2017 una nueva versión, que fijaba una restricción de 120 días para los refugiados y de 90 días para los nacionales de seis países (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).

Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo, que permitió al Gobierno restringir la entrada de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.

Las restricciones eran temporales y, cuando expiraron en septiembre de 2017, Trump proclamó su tercer veto, que incluyó por primera vez a dos países sin mayoría musulmana: Corea del Norte y Venezuela, donde las restricciones solo afectaron a algunos funcionarios y su "familia inmediata".

De nuevo, fue el Tribunal Supremo el que permitió el pasado diciembre la implementación de esa tercera versión del veto.

La medida impide la entrada a EE.UU. de los nacionales de cinco países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Siria, Yemen y Libia) que ya habían sido incluidos anteriormente.

Trump metió también a Chad, de mayoría musulmana, pero este mismo mes la Casa Blanca anunció su salida de la "lista negra" debido a las mejoras en seguridad del país africano.

Después de un largo camino, ahora le toca al Supremo resolver dos cuestiones: ¿Tiene el presidente poder para proclamar medidas migratorias o le corresponde al Congreso? ¿Viola el Gobierno la cláusula de la Constitución que protege la libertad religiosa al dirigir su veto contra ciudadanos musulmanes?

El Ejecutivo es el que ha acudido al Tribunal Supremo para que resuelva estas polémicas y falle a su favor, estableciendo que por motivos de seguridad el presidente tiene el poder de restringir la entrada a EE.UU. de los nacionales de aquellos países que no comparten suficiente información con Washington.

"Suspender la entrada de los individuos de esos países ha puesto presión sobre sus gobiernos para que cambien su comportamiento", argumentan en su escrito los abogados del Ejecutivo.

El miércoles el Gobierno tendrá que enfrentarse a los demandantes, liderados por el estado de Hawái y por el egipcio Ismail Elshikh, el imán de la Asociación Musulmana de Hawái que vio cómo el primer veto impedía a su suegra, originaria de Siria, viajar a Estados Unidos para conocer a dos de sus nietos.

EFE

 
FIP: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, luchando contra la información falsa

Todo el mundo necesita información fiable y formas con las que poder luchar contra la información errónea, y eso requiere una protección total de los derechos morales de autor, han expresado las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP y FEP) para conmemorar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor el 23 de abril.

Una gran parte de las discusiones se centran en combatir la desinformación y las “noticias falsas”, pero hasta ahora no existe una gran discusión ni legislación de cómo mejorar las prácticas en los medios para poder defender mejor el trabajo periodístico y los derechos morales de autor.

Esta lógica de ‘copiar y pegar’ de las noticias online, nuestras publicaciones pueden ser alteradas y reproducidas en más lugares sin que el autor pueda oponerse a estas prácticas”, ha declarado Anthony Bellanger, secretario general de la FIP. “También nos encontramos con publicaciones que no están firmadas, lo que hace que sea muy difícil poder comprobar la autenticidad de la fuente y decidir si son fiables o no”.

Los derechos de autor de los periodistas incluyen los derechos económicos (que se les pague por el uso de los artículos) y los derechos morales (que los autores tengan el derecho de ser nombrados como el autor original y de poder oponerse cuando su trabajo esté siendo modificado).

“Hoy en día, nos encontramos en una situación en la que el público está debatiendo las noticias falsas pero no se cerciora del origen de los trabajos periodísticos que se encuentran en internet ni de su autenticidad. Esto es una gran parte del problema”, ha expresado por su parte Mogens Blicher Bjerregård, presidente de la FEP.

La FIP y la FEP han hecho un llamado a un movimiento mundial para pedir que se verifique la autenticidad de los trabajos periodísticos con el autor original y urgen a los medios a convertirlo en una práctica común en las redacciones.

 
ANP apuesta por la comunicación intercultural

Dos importantes actividades formativas, y de reflexión en favor de los comunicadores sociales de la Amazonía peruana desarrolló la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), próxima a cumplir 90 años de fructífera laboral gremial.

El viernes 20 se realizó el foro Comunicación Intercultural y Agenda Indígena: Experiencia de comunicaamazonia, mientras el sábado 21 se desarrolló el seminario Políticas sociales y periodismo en una visión intercultural y de derechos humanos.

“Hoy segundo día de actividad formativa con los voceros indígenas, comunicadores nativos y periodistas de San Martín. Hablando de comunicación intercultural y agenda indígena. Presentamos plataforma Comunicamazonia, exposición fotográfica y testimonios del proceso formativo en habilidades periodísticas a comunicadores nativos”, destacó la ANP en su cuenta de Facebook.

“Desde hace más de un año la ANP tiene una real apuesta por la comunicación intercultural. Hoy y mañana en nuestra sede central presentamos la experiencia Comunica Amazonía (@comunicamazonia), un medio de comunicación que le da voz a las comunidades indígenas de la Amazonía. Voceros indígenas y periodistas urbanos de la región San Martín se dan cita en nuestra sede gremial para reflexionar sobre la mirada que debe dar el periodismo a la realidad de los pueblos indígenas”, agrega el gremio de la prensa en la red social.

El presidente de la ANP, Doctor Roberto Mejía Alarcón, destacó el encuentro con los voceros indígenas, comunicadores nativos y periodistas de San Martín al inaugurar las actividades de formación y reflexión.

Participó también la secretaria general de la ANP, Zuliana Lainez Otero, en compañía de otros dirigentes del gremio de la prensa, comunicadores sociales y estudiantes de periodismo.

Foto Crónica Viva/Joel Alonzo

 
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