Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Jueves, 9 febrero 2012

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Portada Noticias Internacionales


OEA: Asamblea General debatirá la libertad de prensa

La libertad de prensa será uno de los temas que se debatirá en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizará en Cochabamba, Bolivia, del 3 al 5 de junio próximos.

La Asamblea General deberá aprobar o reprobar el paquete del sistema interamericano de derechos humanos propuesto en días pasados.

Los planteamientos  "limitarían y neutralizarían" la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el trabajo de la Relatoría para la Libertad de Expresión, señaló Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)  al Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

El paquete, presentado el miércoles 25 de enero, "trata de recomendaciones que hablan de “fortalecer” el sistema interamericano, pero en realidad son contrarias a la protección de un derecho fundamental. Puede limitar seriamente la capacidad de investigación y de denuncia" de la relatoría, según Lauría.

Limitaciones

Si bien las propuestas apuntan, en teoría, a fortalecer la transparencia y el rigor jurídico del sistema interamericano de derechos humanos, igual "más de 60 ONG y representantes de la sociedad civil han planteado que los cambios redundarían negativamente en la efectividad y autonomía de la relatoría", señala el informe que divulga el Centro Knight.

Las reformas están "promovidas por un grupo de trabajo creado por los gobiernos de Ecuador y Venezuela", indica el informe al especificar que las limitaciones a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA pasa por las restricciones presupuestarias.

En la actualidad la Relatoría para la Libertad de Expresión recibe el triple de los recursos que el resto, entonces la propuesta de reforma pide "igualdad", pero, además "se le prohibiría buscar fondos externos", con lo cual "la relatoría vería su presupuesto muy mermado".

Entre las propuestas también "se plantea que (la relatoría)  siga un código de conducta que podría impedir que publique sus tradicionales comunicados —muchos de ellos criticando las acciones de Ecuador y Venezuela contra la libre expresión".

Además  "se sugiere que el informe anual de la relatoría sea breve y referido a toda la región, no separado por país".

La Relatoría fue creada en 1997,  y desde entonces "ha realizado un importante trabajo en la región de defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información; de protección de periodistas",  detalla el informe.

Esta instancia también ha actuado "a favor de la despenalización de la opinión y el desacato; en contra de la impunidad en los crímenes contra reporteros, y de promoción del pluralismo informativo".

"Esto ha sido un trabajo de más de 10 años, pero se busca neutralizar su trabajo y limitar su influencia", asegura Lauría del CPJ.

Defensa

"La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA tiene más que nunca razón de ser", dijeron en un comunicado conjunto Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Aunque hay preocupación, Lauría destacó que en la sesión del Consejo Permanente de la OEA no hubo un apoyo unánime a las recomendaciones de Ecuador sobre la relatoría y que, al contrario, países como Uruguay, Costa Rica y Panamá apoyaron fuertemente el actual trabajo de la CIDH y sus órganos.

En tanto que México y Colombia "tuvieron una reacción calificada de ambigua". La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, por ejemplo, criticó que el representante del gobierno colombiano denominara a las posibles reformas de "positivas" y no defendiera explícitamente el papel jugado por la relatoría en la garantía de la libertad de expresión en el continente.

La Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Cultura y Comunicación Social (FELATRACCS) también se ha pronunciado en ese sentido.

 
Honduras: Presidente ratifica que impondrá “Ley Mordaza”

Periodistas hondureños ven con preocupación que el presidente Porfirio Lobo confirmara que de todas maneras enviará al Congreso Nacional el decreto ejecutivo para regular la libertad de expresión en ese país.

“Será pronto. Tenemos un evento en febrero con una fundación chilena llamada Cedepo; es sobre este tema de los medios de información. Después de este seminario, en el que vienen expertos internacionales con los que trataremos el tema, elaboraremos el decreto, en base a las conclusiones. Este, proyecto, finalmente, será enviado al Congreso”, indicó.

El gobernante reiteró su interés en regular la libertad de expresión horas después de que la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, afirmara lo contrario y señalara que el gobierno no intenta coartar la libertad de expresión en el país.

“Dejo claro que en ningún momento se busca coartar la libertad de expresión. Se interpretó mal al Presidente. Al inicio, él habló de que no se debe coartar ese derecho y que debe prevalecer la objetividad e imparcialidad”, dijo la funcionaria.

Las palabras del mandatario desataron preocupación en el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que llamó a periodistas y medios de comunicación a estar alertas ante las pretensiones del Poder Ejecutivo.

Juan Ramón Mairena, presidente del CPH, dijo que cualquier decreto sobre la libertad de expresión que sea enviado al Congreso Nacional antes debe ser socializado con los medios de comunicación, sino pierde validez.

“Esperamos ver la iniciativa que enviará el Presidente para dar más criterios y ver qué anda buscando. Esperamos que lo que él anda buscando sea mejorar la manera de manejar la imagen de Honduras en el ámbito internacional”.

El exfiscal general Edmundo Orellana dijo: “Ya eso es Ley Mordaza. Con esa ley, aunque el Presidente no lo pretenda, al final se tendrá como objetivo acciones que van a querer anular, asfixiar la libertad de prensa, de pensamiento, y eso no se puede permitir”.

El aspirante presidencial liberal dijo que sería un error del Gobierno mandar al Congreso Nacional un proyecto de ley encaminado a regular la libertad de prensa.

En su discurso con motivo de la instalación de la tercera legislatura del Congreso Nacional, el gobernante dijo que la libertad de prensa “no es para beneficio personal de nadie. En el nombre de la libertad de expresión nadie puede defender sus intereses particulares”.

Dirigiéndose a los diputados, dijo: “Ustedes deben poner los controles necesarios para que el ejercicio sea así, totalmente libre de cualquier influencia e interés particular, porque eso sinceramente no es libertad de expresión, eso se llama expresión al servicio de intereses particulares y eso no puede ser y alístense que ahí les voy a mandar un decreto sobre eso, ahí se los mando”.

“Esa ley, aunque el Presidente no lo pretenda, al final de cuentas va a tener como objetivo que van a querer anular, asfixiar la libertad de prensa”.

Lobo “debe entender que si un medio de comunicación se excede, o un periodista se excede, para eso están los tribunales, hay querellas como calumnias, injurias que se pueden plantear. Pretender controlar a la prensa desde los estrados políticos es un error”.

El periodista Rómulo Matamoros dijo en su espacio radial de la HRN que sería contradictorio que el presidente Lobo, después de haber aprobado varios decretos en defensa de la libertad de expresión, cuando estuvo a cargo del Congreso, ahora promueva iniciativas que atentan contra la libertad expresión y de prensa.

 
ONU y OEA llaman a proteger libertad de expresión

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, y el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, instaron a Estados Unidos a proteger enérgicamente la libertad de expresión en Internet.

Los relatores especiales recordaron que las leyes que regulan Internet deben tener en cuenta sus características especiales como herramienta única de transformación, que permite a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, además de otros derechos humanos.

Los relatores especiales han observado atentamente los debates relativos a los dos proyectos de ley sobre piratería en Internet que están siendo tratados en el Congreso de Estados Unidos: la Ley contra la Piratería en Línea (Stop Online Piracy Act - SOPA) y la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual (PROTECT IP Act). Si bien estas normas tienen el objetivo legítimo de procurar proteger los derechos de propiedad intelectual, existen serias preocupaciones con respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión.

Concretamente, algunas versiones de los proyectos de ley podrían silenciar expresiones que son absolutamente lícitas, por ejemplo, al crear un procedimiento extrajudicial de "notificación y rescisión", al exigir a los sitios web que controlen el contenido generado por sus usuarios, para identificar violaciones de los derechos de autor, y al permitir que la totalidad de un sitio web pueda verse afectada aun cuando solo una pequeña proporción de sus contenidos se consideren ilícitos. Los relatores especiales consideran positivo que en los últimos días algunos líderes del Congreso hubieren manifestado su intención de suspender el debate sobre la ley "SOPA" para profundizar el análisis y lograr un mayor consenso, mientras que el Gobierno del Presidente Obama anunció que "no apoyará leyes que reduzcan la libertad de expresión, aumenten los riesgos para la ciber-seguridad o frustren la capacidad dinámica e innovadora de la red global de Internet".

En junio de 2011, los relatores especiales de la ONU y la CIDH, de manera conjunta con sus colegas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, emitieron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. Esta Declaración Conjunta señala que si bien la libertad de expresión, incluso a través de Internet, no tiene carácter absoluto, deben formularse enfoques específicos para responder a contenidos ilícitos que, al mismo tiempo, reconozcan las características singulares de Internet y su capacidad de promover el goce de la libertad de expresión. La Declaración señala que no se debe exigir a los intermediarios controlar el contenido generado por usuarios y enfatiza la necesidad de protegerlos respecto de cualquier responsabilidad, siempre que no intervengan específicamente en los contenidos o cuando se nieguen a cumplir una orden judicial que exija su eliminación. La Declaración expresa, además, que la competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados donde tales causas presenten impactos directos y genuinos.

Asimismo, toda limitación a la libertad de expresión, incluyendo aquellas que afectan la expresión en Internet, debe establecerse por ley de manera clara y precisa, debe ser proporcionada a los fines legítimos perseguidos y debe basarse en una decisión judicial fruto de un proceso contradictorio. En este sentido, la legislación sobre Internet no debe incluir definiciones amplias y vagas, ni afectar de manera desproporcionada a sitios web y servicios legítimos.

Los relatores especiales de la ONU y la CIDH instan a Estados Unidos a cumplir las normas internacionales sobre libertad de expresión, incluyendo aquellas reflejadas en la mencionada Declaración Conjunta, que procura fomentar el acceso universal a Internet y, a la vez, preservar su rol como medio revolucionario para el intercambio participativo de información y la creación colectiva de contenidos. Al considerar las normas internas y los tratados internacionales como el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), los Estados deberían tener presente que si bien la libertad de expresión puede ser restringida para conseguir objetivos legítimos, como la prevención de delitos o la protección de los derechos de los demás, tales limitaciones deben ser redactadas de manera clara y precisa y afectar en el menor grado posible el derecho a la libertad de expresión. Cualquier medida que afecte las expresiones que circulan en Internet, debería concebirse con la finalidad específica de preservar la capacidad singular de este medio para promover la libertad de expresión a través del intercambio libre de información e ideas en forma instantánea y a bajo costo, sin consideración de fronteras.

 
41 periodistas asesinados en América Latina

América Latina permanece como la región del mundo más peligrosa para los informadores pues una cuarentena de víctimas en 2011 corresponde al 42 por ciento de los 103 periodistas que en ese periodo murieron por violencia en el orbe sostiene un Informe preparado por la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP). En 2010 la misma entidad registró 40 reporteros asesinados en seis países en tanto que ese drama se extendió el año pasado a 13 naciones desde México hasta Perú y Bolivia por el sur.

Reporteros y camarógrafos enfrentaron una gama de amenazas, algunos trabajaban cuando golpeó un desastre natural o cuando estallaron bombas, pero casi todos los periodistas que murieron cubrían casos de corrupción y otras actividades ilegales.

América Latina fue la región más mortal para el trabajo periodístico, de manera particular Brasil, Honduras y México, confirmando una tendencia de la violencia cada vez mayor contra los trabajadores de los medios de comunicación.

La gravedad y permanencia de los ataques mortales en contra de los profesionales de las noticias replantea, con extrema urgencia, la necesidad de adoptar medidas de protección para ellos, un tema que viene considerándose desde los años setenta del siglo pasado en una época con la participación de Naciones Unidas vía Unesco.

Durante una treintena de años la problemática fue analizada por las organizaciones internacionales y regionales de periodistas. Hubo diagnóstico, se propuso soluciones diversas, pero el propósito de la protección fracasó siempre por la férrea oposición de los empresarios de los medios de comunicación que alegaron el absurdo de que cualquier resguardo para la vida de los reporteros significaba una…intervención estatal.

Nómina de los caídos

BOLIVIA

-David Niño de Guzmán, el 19-4-11


BRASIL

-Luciano de Leite Pedrosa, 9.4-11

-Valerio Nacimiento, 3-5-11

-Edinaldo Figueira, 15-6.11

-Auro Ida, 22-7-11

-Valderiel Canuto Leandro, 1-9-11

-Gelson Domingos, 6-11-011


COLOMBIA

-Luis Eduardo Gómez, 30-6-11


EL SALVADOR

-Alberto Hurtado, 25-4-11


GUATEMALA

-Yenis Roberto Ordóñez, mayo 011


HAITI

-Louis-Charles Jean Richard, 9-2-11


HONDURAS

-Adam Benitez, 30-6-11

-Henry Suazo, sin fecha precisa,por disparos.

-Héctor Francisco Medina Polanco, 4-5-11

-Luis Mendoza, 19-9-11

-Medardo Flores,10-9-11

-Luz Marina Paz, 6-12-11

-Nery Jeremías Orellana, 4-7-11

MEXICO

-Miguel Angel López Velasco, 20-6-11

-Agustina Solano, esposa del anterior- Misma fecha

-Miguel López Solano 21 años, hijo de los nombrados.

-Paulo Ruelas Barraza, 3-6-11

-José Luis Cerda Meléndez, marzo 011

-Luis Ruiz Carrillo, 24-3-11

-Juan Roberto Gómez, 24-3-11

-Noel López Olguin, junio 011

-Marcela Yarce, 2-9-11

-Rocío González Trápaga, 2-9-11

-Yolanda Ordaz de la Cruz, 26-7-11

-Humberto Millán Salazar, 25-8-11

-María Elizabeth Macías Castro, 24-9-11 (decapitada)

-Luis Ramírez, marzo 011

-Angel Castillo Corona, julio 011

-Gabriel Fonseca Hernández, 18-9-11


PERU

-Julio Castillo Narváez, 3-5-11

-Pedro A. Flores Silva, 8-9-11

-José Oquendo Reyes, 14-9-11


PANAMA

-Darío Fernández, 6-9-11


PARAGUAY

-Medardo A. Romero Chávez, 3-3-11


REPULICA DOMINICANA

-José Agustín Silvestre, 2-8-11


VENEZUELA

-Wilfredo Iván Ojeda, junio/011


Impunidad

Si en Honduras los homicidios perpetrados contra reporteros poseen una evidente tónica política pues ocurren bajo la presidencia de Porfirio Lobo quien sucedió al derrocado presidente legal Manuel Zelaya, en México los mayores responsables son los delincuentes mafiosos. Al mismo tiempo en ninguna de esas naciones se constata una intervención adecuada de los poderes Ejecutivo o Judicial.

Asimismo, emerge como obvio que los atentados en contra de órganos informativos y por cierto los asesinatos conforman el más serio obstáculo para la libertad de expresión. El comentarista mexicano Salvador Camarena apuntaba en septiembre pasado que “la mordaza de terror que los cárteles criminales han impuesto en regiones costeras de México logrando silenciar periódicos, radios y televisiones, están llegando también a las webs y a las redes sociales”.

Camarena agregó que la situación de los periodistas en México es crítica. Tamaulipas, territorio disputado por diferentes cárteles, no es el único Estado donde los medios de comunicación han reducido al mínimo su cobertura sobre el crimen organizado. En situación similar de obligado silencio están periodistas de Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Veracruz.

Atentados

En otros territorios se detectaron en 2011 manifiestos obstáculos a las tareas periodísticas, como es el caso de Chile donde gobiernan hoy los herederos políticos del fallecido dictador Augusto Pinochet.

En octubre pasado, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Exterior en Chile expresó al gobiernos su “profunda preocupación por los continuos ataques a la libertad de expresión perpetrados por Carabineros (policía militar) en los dos últimos años” difundió EFE.

Algo similar ha ocurrido con los periodistas chilenos según el relato de Ernesto Carmona, Secretario Ejecutivo de CIAP quien denunció la detención de Raúl Flores Castillo, chileno, director del informativo www.Dilema.cl apresado el 8-9-11 cuando reporteaba en la capital (Santiago) un desfile estudiantil. Los policías le borraron los materiales de su cámara fotográfica y los de la grabadora de sonido. Flores fue “rescatado” por dirigentes del Colegio de Periodistas.

Lo ocurrido en Chile, se repitió en Nueva York sostiene un despacho de Associated Press (AP) del 15-11.011: “Periodistas que cubrían el operativo policial en el campamento del movimiento Ocupemos Wall Street en Nueva York fueron mantenidos a distancia del lugar y varios de ellos fueron arrestados y subidos en autobuses de la policía”.

En contraste, si usted puede leer la profusa prensa comercial y de seguro integrante del Grupo de Diarios de América (GDA) y otros afiliados a la SIP, todos ellos, al unísono, proclamaran que en Chile y Estados Unidos rige la libertad de expresión.

¡Así se tuerce cotidianamente la historia real! (Hernán Uribe, especial para ARGENPRESS.info)

 
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