La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dra. Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Dr. Frank La Rue concluyeron hoy su visita oficial conjunta a los Estados Unidos Mexicanos, que tuvo lugar del 9 al 24 de agosto de 2010, y presentaron sus conclusiones ante las autoridades del Estado mexicano. El objetivo de la visita fue observar la situación de la libertad de expresión en el país.

Durante la visita oficial, las Relatorías estuvieron en el Distrito Federal y en los Estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Estado de México. Se reunieron con más de cien funcionarios y funcionarias federales y estatales así como con representantes de órganos autónomos. Asimismo, sostuvieron reuniones con más de cien periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, familiares de periodistas asesinados e integrantes de la comunidad internacional radicada en México.

Las Relatorías agradecen la invitación del Estado mexicano y destacan su apertura al haberles facilitado todas las condiciones para la realización de su visita, la primera que se realiza de manera conjunta a un país de la región.

La visita oficial terminó con una conferencia de prensa esta tarde en Casa Lamm, en el Distrito Federal, donde los relatores compartieron sus conclusiones con medios de comunicación mexicanos y extranjeros.
 
En su exposición, los relatores destacaron los avances encontrados en materia de legislación. Las Relatorías han constatado que los artículos 6º y 7º de la Constitución mexicana protegen, de manera explícita, los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información. Asimismo, México cuenta con avances legales destacables como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y sus equivalentes a nivel local; la despenalización a nivel federal y en varias entidades federativas, de los delitos contra el honor; la protección de la reserva de la fuente en el Código Federal de Procedimientos Penales; y el artículo 134 de la Constitución mexicana en lo referente a la publicidad oficial. De igual forma, las Relatorías valoran positivamente la reforma al artículo 1º de la Constitución aprobada por el Senado de la República, que eleva a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos y que se encuentra pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los relatores de la ONU y la OEA manifestaron su preocupación por una serie de obstáculos que dificultan el pleno goce de la libertad de expresión en México, entre los cuales destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos.

Preocupa también a las Relatorías la vigencia de legislación penal para criminalizar la expresión a nivel federal y en un número importante de entidades federativas. Asimismo, la diversidad y pluralismo de ideas en el debate democrático se encuentra limitado, particularmente derivado de la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas, y de la ausencia de un marco jurídico claro, certero y equitativo en materia de asignación de frecuencias; y la falta de regulación de la publicidad oficial. Finalmente, las Relatorías observan con preocupación una emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública.

Es precisamente la necesidad de reconocer esta crisis y sumar esfuerzos para encontrar soluciones, junto con el Estado y la sociedad, la que animó a las dos Relatorías a hacer la visita conjunta y a presentar este informe.