La reforma de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) fue aprobada poco tiempo después de que se presentara ante el Congreso en segunda lectura, el reciente 23 de noviembre. El texto permite a las frecuencias de radio y televisión que ya poseen una concesión por una duración de quince años, ampliar los títulos de usufructo (obtener su renovación) de forma casi automática por un plazo de 25 años.
“Benéfica para los medios de comunicación audiovisuales concernidos, una medida como esta no deja ningún lugar a las televisoras y, sobre todo, a las radios comunitarias que esperan una regularización y enfrentan como oposición a su solicitud, una insuficiencia de frecuencias disponibles. De hecho, la reforma de la LGT impone a estos medios de comunicación permanecer al margen del espacio de difusión y hace que corran el riesgo de que, en cualquier momento, sean cerradas ante la falta de un estatuto legal. Es por ello que Reporteros sin Fronteras hace eco del sentimiento de injusticia manifestado por los representantes de las radios comunitarias de los pueblos indígenas (mayas, xinkas), garífunas y mestizos, que estarían a priori privadas de toda oportunidad de emitir de manera regular”, declaró la organización.
“La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) deberá, en un plazo no mayor de quince días después de presentada la solicitud de prórroga del plazo de usufructo, otorgar los títulos [de frecuencia] por un plazo de 25 años”, dispone la nueva legislación, que agrega que si la SIT no respondiera en el plazo contemplado “el silencio administrativo operará en el sentido de que la prórroga solicitada por el interesado se tendrá por otorgada y surtirá efecto a partir de la fecha de vencimiento del plazo cuya prórroga fue requerida”.
A la indignación expresada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala (Amarc Guatemala) frente a la adopción de estas nuevas cláusulas legales, se suma una fuerte preocupación por el futuro de una legislación ad hoc para las radios comunitarias.
El Congreso guatemalteco también se encarga del examen de una iniciativa de ley llamada 4087, elaborada en el marco del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, establecido entre otros en diciembre de 1996 entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, ex guerrilla), marcando el fin de 36 años de guerra civil. Según la Amarc Guatemala, el examen actual de la Iniciativa de Ley 4087 por la Comisión de Comunicaciones del Congreso y la SIT podría tener como consecuencia que se otorgaran a las radios comunitarias frecuencias limitadas en número y de difusión restringida. Esto, negando el espíritu de los acuerdos de paz y menospreciando los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a crear un espacio de apoyo y difusión para las culturas indígenas y las minorías.
“Reporteros sin Fronteras constata aquí una discriminación incompatible con la exigencia de un pluralismo real. Como en Honduras y otros países de América Latina, la carencia o la insuficiente aplicación de una ley de medios de comunicación comunitarios produce la concentración excesiva, incluso el monopolio. La iniciativa de ley 4087 debe ser adoptada conforme a su espíritu, antes de una revisión y una atribución justas de frecuencias”, concluyó la organización.