El 1 marzo 2010, Sandra Alarcón, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas, emitió dictamen N° 019-MP-FMP-AA-Y, donde solicita 10 años de pena privativa de la libertad y un pago de 15 mil nuevos soles por concepto de reparación civil, contra el periodista Geovanni Acate Coronel, director de Radio Oriente y Canal 8 TV, en la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. 

La fiscal solicitó, además, se le comprenda en el proceso como “cómplice secundario de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública en la figura de disturbios”, al igual que, como “cómplice primario de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la figura de instigación al delito de rebelión”.
 
El 7 de octubre de 2009, el Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas inicio un proceso penal en contra de trabajador de la prensa, tras informar sobre una huelga promovida por comunidades nativas, previo a los hechos ocurridos en Bagua el 5 de junio.
 
Lo difundido por Acate, se consideró como un acto cómplice de instigación a la violencia, imputándole la presunta comisión de los delitos contra los medios de transporte colectivo y de comunicación, así como, de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos en agravio de la población y del estado.
 
En declaraciones con la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista (OFIP), Acate señaló que con este dictamen se evidencia una persecución en su contra por cubrir la protesta amazónica.
 
“Primero fui denunciado, luego el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anuló la licencia de TV Oriente Canal 8, ahora, este pedido de 10 años de privación de mi libertad con nuevas acusaciones en mi contra, incluso de instigación al delito de rebelión, el cual rechazo”, dijo el periodista. 

La defensa del periodista argumenta que el dictamen está parcializado y no tiene objetividad. Indica que la fiscal no intervino en algunas de las diligencias de los procesados, tal es la visualización de los videos. Parece –señaló- que desconoce sobre la investigación cuando contradice las conclusiones de la policía, la misma que sustenta la denuncia fiscal.

“La Fiscal Alarcón no tiene aparentemente conocimiento de lo que significa libertad de prensa en nuestro país, por lo que intenta sostener que la alocución radial sobre la situación política en el país es atentar contra el orden establecido”, expresó Constante Díaz, abogado del Vicariato Apostólico de Yurimaguas y defensor de Acate.