Ante hechos que lesionan el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país -derecho cautelado por la Constitución Política del Estado y por los tratados internacionales suscritos por el Perú-, y que se han materializado con la cancelación de las licencias de transmisión de diferentes emisoras de radio y televisión, como es el caso de Canal 8 de Radio Oriente, en Yurimaguas, y Radio La Voz, de Bagua, en Amazonas, utilizando para ello argucias de carácter administrativo que carecen de sustento legal y técnico, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, se ve en el imperioso deber de exigir al Poder Ejecutivo la rectificación de tales medidas, al mismo tiempo que alerta a la opinión pública nacional e internacional, que esta política de silenciamiento a los medios de comunicación, hace temer que se profundice en los próximos meses, dada la situación política que atraviesa el país. 

No escapa al conocimiento de la ciudadanía que esta equivocada política se radicaliza con el tiempo, tomando en cuenta que anteriormente se hizo lo mismo con radio y televisión Orión, en Pisco, radio Ancash, Miramar y Armonía en el departamento de Ancash.

La exigencia gremial de la ANP se fundamenta en la necesidad de hacerle comprender al Poder Ejecutivo que si se quiere garantizar efectivamente –y en el terreno de los hechos- la libertad de expresión, no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población.

Tales son las demandas del pluralismo, que implica tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. Ello es así, en razón que sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios.

No es posible que en un país como el nuestro se pretenda imponer las políticas de censura a la libertad de expresión, que están aplicando prepotentemente otros gobiernos de la región. La ANP levanta su voz para subrayar el rol que desempeña la libertad de prensa en una sociedad democrática. En efecto, si bien se encuentra frente a ciertos límites (tales como la protección de la seguridad nacional o la integridad territorial), es evidente que la misma debe impartir información e ideas en todo asunto de interés público, incluso en los que pueden generar polémica. Y esta tarea de impartir información o ideas se correlaciona con el derecho de los individuos de recibirlas.

Sólo en un régimen en que la libertad de prensa no se vea coartada, es que se podrá hablar de su efectivo reconocimiento. Si no se permite la crítica (incluso acérrima) en contra de los funcionarios públicos, simplemente no existe juego democrático; toda vez que sólo el desenvolvimiento de una prensa libre y sin presiones puede garantizar que sean llevados a debate todos los asuntos de trascendencia para la sociedad.