El periodista Moisés Campos, director y conductor del programa semanal Noticias TV, denunció haber sido amenazado de muerte a través de un panfleto arrojado bajo la puerta de su  casa. “Te vamos a matar si sigues investigando a la alcaldesa Corina de la Cruz”, le increpan.

Campos contó que en diciembre pasado emitió en su programa, parte de la entrevista con “Artemio”, último líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, quien permanece en la clandestinidad, y que fue entrevistado por periodistas nacionales y extranjeros. En ese extracto, el subversivo desmiente las acusaciones que De la Cruz hiciera meses atrás sindicando al terrorista como el autor de una serie de extorsiones y cobro de cupos a cambio de su seguridad.

Según el periodista, esto molestó a la población de Tocache que pidió la revocatoria de la alcaldesa.

Campos dijo que tras la publicación de la nota ha venido sufriendo ataques injuriosos de parte de Francisco de la Cruz, hermano de la alcaldesa y conductor de un programa local en radio Solar. Según Campos, De la Cruz lo acusa de “senderista” e incluso de haber participado en un atentado contra una comisaría en la región Huánuco.

Campos siguió investigando a la alcaldesa y el 24 de enero hizo una denuncia periodística en la que mostró pruebas de presunta malversación de fondos en la ejecución de una obra pública licitada por De la Cruz. Al día siguiente recibió la amenaza de muerte contra él y su familia.

El periodista ya interpuso la denuncia ante la comisaría de Tocache y pidió garantías para su seguridad.

El 19 de agosto de 2011, Ketty Vela, periodista de radio y TV San Juan, de Tocache, denunció que un sicario le confesó que lo contrataron para asesinarla, pero que rechazó la propuesta pues la conocía. La periodista también venía investigando a la alcaldesa.

En la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Limber Tapullima Patow, corresponsal del diario Hoy, de Tarapoto y colaborador de los diarios Al Día, de Yurimaguas y Pro & Contra, de Iquitos, fue amenazado por Pedro Julca Puelles, dirigente de la ronda campesina Alianza San Martín. 

El ataque se dio en la Plaza de Armas de Yurimaguas, cuando Julca Puelles citó a Tapullima Patow para hacer sus descargos sobre una publicación realizada por el periodista en la que éste denunció un caso de usurpación de funciones, retención de personas, coacción y posible extorsión de parte de integrantes de la citada ronda campesina. Estos últimos habían capturado y retenido a un joven de 23 años de nombre William Modesto Paredes Ordoñez, quien se había apropiado –según versión de los ronderos– de una motocicleta que rentó a Mario Villegas Hila. El joven, quien estuvo seis días en poder del grupo, fue dejado en libertad luego que sus padres habrían pagado la cifra exigida por el dirigente Julca Puelles. 

El dirigente de la ronda campesina asumió los hechos como legales. Dijo al periodista que las rondas tienen su ley y mecanismos propios para hacer justicia y que las personas acuden a ellos porque la policía y el Poder Judicial tienen autoridades corruptas. Cuando el comunicador intentó sacarle del error, diciéndole que estaban malinterpretando roles y que no tenían ni competencia ni jurisdicción para investigar delitos ni para administrar justicia, el rondero lo amenazó diciéndole que si continua informando “podría tener graves consecuencias”. 

Luego de este hecho, Tapullima Patow recibió varias llamadas telefónicas, donde presuntos integrantes de la ronda le insultan y amenazan su seguridad y libertad personal. 

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, según lo prescrito en el artículo 149º de la Constitución Política del Perú, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. 

La Sexta Sala Penal Especializada para Procesos con Reos Libres de Lima declaró nula la sentencia que en primera instancia condenó al blogger José Alejandro Godoy por el delito de difamación contra el ex congresista Jorge Mufarech.

La Sala consideró que la sentencia condenatoria de tres años de prisión suspendida y el pago de trescientos mil nuevos soles de reparación civil adolece de vicios insubsanables por la ausencia de una argumentación coherente y congruente de la condena a Godoy.  Así por ejemplo, la sentencia anulada no identificó de manera clara en qué consistió la supuesta conducta delictiva contra el honor del querellante.

La Sexta Sala Penal también advirtió que la sentencia no respetó el Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 - emitido por la Corte Suprema y que es de obligatorio cumplimiento para los jueces- que define qué criterios utilizar para resolver los conflictos entre la libertad de expresión y el derecho al honor.

Finalmente, la sentencia fue considerada nula por incumplir el deber de fundamentar la pena y reparación civil impuestas a Godoy.

Los abogados del Estudio Pereira & Asociados, encargados de la defensa del periodista, señalaron que si bien la Sexta Sala Penal acogió la tesis de la nulidad y no de la absolución de Godoy, se trata de una importante decisión para la vigencia de la libertad de expresión. “Se anula la sentencia condenatoria y se dispone que se emita una nueva, pero en el marco de los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia – que recoge la jurisprudencia de la Corte Interamericana - para ponderar los conflictos entre la libertad de expresión y el derecho al honor, y no en base a la mera discrecionalidad de los jueces o la subjetividad de los querellantes”, sostuvo el abogado Joao Pacheco.

Un total de 189 atentados, entre ellos tres crímenes, se cometieron contra los periodistas peruanos en el 2011 (casi uno cada dos días), de acuerdo con el balance  preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

La ANP denunció 93 casos de agresiones físicas y verbales, 49 amenazas y hostigamiento, 21 presiones administrativas, 13 presiones jurídicas y 5 trabas al ejercicio de la profesión periodística.

Asimismo, la OFIP registró tres violaciones al secreto de las comunicaciones y dos daños a la propiedad o sustracción de equipos.

En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (76), seguido por funcionarios civiles (50); elementos desconocidos (33); policías/militares/ seguridad/serenazgo (23), y propietarios/empresarios o directivos de medio (7).

Cajamarca, Lima y Arequipa, con más agresiones a periodistas

La región Cajamarca con 45 ataques a la prensa, Arequipa con 23  y Lima con 21, resultaron en el 2011 las zonas de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el Perú. No menos peligrosas fueron Ancash con 19 atentados, la región Loreto con 14 y Lambayeque con diez.

Entre las provincias más peligrosas Coronel Portillo registró siete atentados, mientras en Huamanga y Jaén se produjeron seis atentados respectivamente.

Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Utcumbamba, donde se cometieron cinco atentados, cuatro en Huancayo, Huaraz y San Martín,y tres en Cusco, Celendín, y Maynas.

Dos atentados ocurrieron en Ascope, Bagua, Cañete, Camaná, Chincha, Chepén, Espinar, Islay, Piura, Puno, San Román, y uno en Cajabamba, Casma, Caravelí,  Espinar, Huánuco, Huara, Lambayeque, Loreto-Nauta, Morropón, Pisco, Satipo, San Ignacio, Tocache, Tumbes, Trujillo, y Virú, de acuerdo con la OFIP.

Un total de 89 periodistas de televisión resultaron agredidos este 2011, 49 que laboran en la prensa escrita, 48 en la radial, y tres de la prensa digital.

De ese total, según el balance fueron blancos de atentados  139  varones; 30 mujeres y 20 medios de comunicación.

De manera particular la ANP denunció el asesinato de los periodistas Julio César Castillo Narváez, conductor del programa "Noticiero Ollantay", de radio Ollantay, en La Libertad (3 de mayo); Pedro Alonso Flores Silva, director del programa informativo "Visión Agraria" de canal 6, en Ancash (8 de setiembre) y José Oquendo Reyes, director y conductor del programa "Sin Fronteras" de BTV Canal 45, en Ica (14 de setiembre).

Entre las tentativas de homicidio, la de mayor riesgo se registró en noviembre, en Puno. El periodista Feliciano Gutiérrez Suca, corresponsal en Juliaca del diario La República, fue baleado por cuatro encapuchados. Los delincuentes le dispararon en la pierna dos veces.

Especial preocupación y rechazo del gremio causó el encarcelamiento del periodista Paul Garay Ramírez, querellado por difamación por el fiscal provincial de Coronel Portillo. Tras permanecer más de 6 meses en prisión recuperó su libertad en octubre de este año.

Entre las querellas por difamación emprendidas contra periodistas que han denunciado actos de corrupción han merecido especial atención y seguimiento los casos de Teobaldo Meléndez Fachín (Alto Amazonas) y Hans Andrade Chávez (Chepén).

A consecuencia de ello, y continuando con una tarea emprendida hace casi una década, la ANP lanzó una campaña nacional por la despenalización de los delitos de prensa. Esto porque las querellas sólo buscan amedrentar a quienes revelan hechos de corrupción y otros delitos en la administración pública.

Cerrando el año, en el mes de diciembre, la ANP hizo un abierto llamado al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, para observar la ley que penaliza la difusión de audios producto de las interceptaciones telefónicas, ya que la misma impone la censura previa y otorga poderes omnímodos a los jueces, tal como se acostumbra en regímenes que desconocen los derechos fundamentales de la persona humana.

El 1 de diciembre, en la provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, Alberto Pintado Villaverde, periodista que laboraba en el diario Ahora y que fue obligado a renunciar por criticar al alcalde de Utcubamba, denunció  a José Arias Padilla, gerente general del diario, por no cumplir con el pago de su liquidación.

"Tras mi renuncia el administrador de la empresa hizo que firmara un papel con la liquidación de mis beneficios sociales, diciéndome que el dinero sería depositado en mi cuenta a finales del mes. Al no cumplir en la fecha estimada con el pago de mis derechos mediante carta le solicité que en un plazo legal de 72 horas, se salde dicha obligación. Al no recibir ninguna respuesta presenté queja formal ante la zona de trabajo de Utcubamba", denunció el periodista.  

Pintado Valverde señaló que luego de interponer queja exigiendo se respeten sus derechos laborales, Arias Padilla, envió una carta a las autoridades de trabajo manifestando que la empresa no tenia nada que conciliar con el hombre de prensa porque, según él, todo se le había cancelado aduciendo como prueba la firma del documento de liquidación de beneficios sociales. Esto a pesar de que en el documento no se consignaba la palabra recibido, ni aparece sello ni firma del gerente general de la empresa, José Arias Padilla.

El último 28 de octubre, Pintado Villaverde, renunció a continuar laborando en el medio, debido a continuos actos de censura ejercida por Arias Padilla por cuestionar y criticar la gestión municipal del alcalde de Utcubamba, Milecio Vallejos Bravo. Tras la salida del periodista, la empresa editora de forma coincidente contrató con el municipio la divulgación de ordenanzas municipales en sus páginas.

"Toda nota periodística que significaba algún tipo de cuestionamiento contra la gestión del alcalde de Utcubamba, me la censuraban", manifestó el periodista. También su columna El Búho, donde informaba sobre irregularidades de la autoridad edil y era una tribuna donde la población denunciaba actos de corrupción en entidades públicas y privadas, fue sacada de las ediciones del diario.

El reportero Robert Jennier Carrasco Huamán, quien labora en el programa Habla el Pueblo, que transmite radio Lorito, en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, fue atacado con un arma de fuego.
Dos sujetos que se transportaban en una motocicleta de color negro, atacaron al reportero desde una distancia de cuatro metros. Uno de ellos, quien iba en la parte trasera, le disparó un balazo.
El atentado ocurrió el pasado 23 de octubre de 2011, en horas de la noche, cuando el reportero se encontraba en los exteriores del local de la discoteca-videopub "Bosé", en compañía de tres amigos. La bala le impactó en la espalda, muy cerca de la zona del pulmón. Gravemente herido fue conducido al hospital General de la ciudad de Jaén, donde los médicos salvaron su vida.
El reportero, días antes del ataque, fue amenazado de muerte. Un mensaje de texto enviado a su teléfono móvil decía: "(. . .) te vamos a callar, te vamos a matar".
En comunicación con el Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión, el reportero, aún convaleciente, dijo que teme por su vida y la de su familia, pero que aun así va a continuar con su labor periodística.
Sobre el particular, la periodista María Chacón Villanueva, directora del programa Habla el Pueblo, expresó su preocupación por el hecho, el cual presume está ligado al trabajo periodístico que realizaba el reportero. En el programa bajo su dirección denunciaron, semanas antes del ataque al reportero, la muerte de una menor de 13 años ocurrido en el interior de una discoteca. Tras la difusión de esa información, que originó el cierre de dicho centro de diversión, desconocidos iniciaron acciones intimidatorias contra ella y los reporteros.
El reportero también, antes del ataque, había criticado la actividad de una fábrica de ladrillos que estaría contaminando el medioambiente de la zona.
Chacón Villanueva denunció, asimismo, que el atentado criminal contra el reportero no ha recibido la atención debida de parte de la policía, pues no se ha hecho una investigación responsable.

El 7 de noviembre de 2011, en la provincia de Alto Amazonas,  departamento de Loreto, Gladys Collazos Román, Jueza Supernumeraria del Segundo Juzgado Mixto y Juzgado Penal Unipersonal de dicha jurisdicción,  condenó al periodista Teobaldo Meléndez Fachín, director del programa "Ribereña Noticias", de radio y televisión La Ribereña, a tres años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, en la querella que por difamación agravada le interpusiera el alcalde de Yurimaguas, Juan Daniel Mesía Camus.

En su fallo la jueza conmina al periodista al pago de 30 mil nuevos soles (11 mil dólares aproximadamente) por concepto de reparación civil "bajo apercibimiento de revocarse la pena suspendida por pena efectiva". Dicho monto se fijó -según argumentó la jueza en la sentencia-  por el supuesto daño psicológico, daño a la reputación y a la imagen que habría sufrido la autoridad edil.

Asimismo, Meléndez Fachín, está obligado a cumplir  con el pago de setenta días multa, según su nivel de ingresos, en favor del Estado.

El periodista Meléndez Fachín había denunciado a través de su programa radial múltiples actos de corrupción que involucrarían al alcalde Mesía Camus, entre ellos el otorgamiento de manera directa de obras públicas a empresas constructoras que habrían financiado su campaña electoral.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), mediante pronunciamiento gremial denunció la inconducta, falta de transparencia e indicios de corrupción de Juan Daniel Mesía Camus y precisó que el periodista Teobaldo Meléndez Fachín sólo se ha limitado, con su información y opinión, a cautelar el buen uso de los bienes y fondos públicos.

El 13 de octubre de 2011, en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, el Tercer Juzgado Unipersonal Supranacional de Jaén, admitió a trámite la querella interpuesta por Eduar Antonio Tantaleán Saavedra, ex trabajador de la Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Cajamarca, contra la periodista Gladys Elizabeth Abad Alvarado, por el supuesto delito de difamación por medio de comunicación social.

Tantaleán Saavedra imputa a la periodista de mentir al denunciarlo por hostigamiento sexual y pide que le pagué cien mil nuevos soles (35 mil dólares americanos aproximadamente) por concepto de reparación civil -según dice- por haber causado "desmedro en su imagen de persona honorable y honesta". Además ha solicitado que se considere al diario Ahora, representado por el periodista Pepe Goicochea Tamay, como tercero civilmente responsable, un pedido no acogido por el juez.

La periodista, el 8 de setiembre de 2011 denunció públicamente a Tantaleán Saavedra, asistente directo y trabajador de confianza de la Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Cajamarca, por llamadas telefónicas, mensajes de texto, expresiones verbales e insinuaciones, así como, roses corporales que perturbaban su trabajo de relacionista pública en dicha dependencia del Estado.

Esta denuncia la hizo a través de los medios tras no encontrar apoyo ni amparo de sus superiores. La periodista indicó que presentó queja verbal ante su jefe inmediato superior, el Gerente Subregional de Jaén, Marco Goyzueta Valencia, quien conocido el hecho le propuso trasladarla a otro lugar y a un puesto inferior al que había ganado por concurso público. Abad Alvarado, entonces, solicitó audiencia con el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, ante quien denunció el acoso y la hostilidad laboral, pero él minimizó el hecho y salió en defensa de los agresores. En represalia, Goyzueta Valencia hostilizó a la periodista acusándola de abandono de puesto de trabajo -por haber acudido a entrevistarse con la autoridad regional- y la amenazó con iniciarle un proceso administrativo, además de discriminarla laboralmente en acciones propias de su cargo. Finalmente, fue despedida bajo la excusa que finalizó su contrato de trabajo.

Según el artículo 15 de la Ley 27942 (Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual), toda autoridad que haya conocido con antelación la denuncia de acoso sexual y no haya adoptado las medidas oportunas para investigar y sancionar los hechos será considerado responsable solidario del hecho.

El perjuicio ocasionado a la periodista Gladys Abad Alvarado, a la fecha, es irreparable ya que podría ser condenada ante la imposibilidad de investigación del acto de acoso y hostigamiento sexual que ha caducado por ley, pese a la existencia de pruebas

El 6 de octubre de 2011, en la provincia de Cajamarca, departamento del mismo nombre, Edwin Lozano Hernández, periodista de Canal 25 y corresponsal de Panamericana Televisión, fue casi estrangulado por el Mayor Ejército Peruano Juan Carlos Dávila, integrante del Batallón de Infantería Zepita número de 7 - Cajamarca, tras filmarlo libando licor en un bar, uniformado y con su arma de reglamento, en compañía de subalternos.

El hecho ocurrió en la avenida Mario Urteaga, en el local comercial "Sabor y Cajón", a cinco cuadras de la Plaza de Armas de Cajamarca.  Lozano Hernández, junto a Juan Zapata, periodista del diario digital La Nueva Prensa y Freddy Torres, periodista de radio y televisión Turbo Mix, llegaron al local y descubrieron al grupo militar de hombres y mujeres bebiendo licor en compañía de civiles.

Los hombres de prensa, cámara en mano, al aproximarse a la mesa fueron increpados por la propietaria, quien trató de impedir que registraran imágenes. El corresponsal de Panamericana Televisión, Edwin Lozano Hernández, al preguntar del porqué bebían licor uniformados fue atacado por el oficial, quien lo agarró violentamente del cuello e intentó quitarle la cinta de video. Al percatarse que estaba siendo filmado lo arrastró hacia la puerta y le dio una violenta patada tirándolo al piso. El ataque lesionó al periodista, además del daño generado al equipo profesional.

Ya en la calle, un sujeto presuntamente vigilante del local, agredió físicamente a los periodistas, los insultó y los amenazó de muerte.

Tras la difusión de las imágenes de la presunta comisión del delito contra el decoro militar y de evidente atentado contra la vida y la salud de los comunicadores, el  Comando del Ejército Peruano, a través de un comunicado, aseguró que Inspectoría investigará el caso y sancionará a quienes resulten responsables.