En la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Limber Tapullima Patow, corresponsal del diario Hoy, de Tarapoto y colaborador de los diarios Al Día, de Yurimaguas y Pro & Contra, de Iquitos, fue amenazado por Pedro Julca Puelles, dirigente de la ronda campesina Alianza San Martín. 

El ataque se dio en la Plaza de Armas de Yurimaguas, cuando Julca Puelles citó a Tapullima Patow para hacer sus descargos sobre una publicación realizada por el periodista en la que éste denunció un caso de usurpación de funciones, retención de personas, coacción y posible extorsión de parte de integrantes de la citada ronda campesina. Estos últimos habían capturado y retenido a un joven de 23 años de nombre William Modesto Paredes Ordoñez, quien se había apropiado –según versión de los ronderos– de una motocicleta que rentó a Mario Villegas Hila. El joven, quien estuvo seis días en poder del grupo, fue dejado en libertad luego que sus padres habrían pagado la cifra exigida por el dirigente Julca Puelles. 

El dirigente de la ronda campesina asumió los hechos como legales. Dijo al periodista que las rondas tienen su ley y mecanismos propios para hacer justicia y que las personas acuden a ellos porque la policía y el Poder Judicial tienen autoridades corruptas. Cuando el comunicador intentó sacarle del error, diciéndole que estaban malinterpretando roles y que no tenían ni competencia ni jurisdicción para investigar delitos ni para administrar justicia, el rondero lo amenazó diciéndole que si continua informando “podría tener graves consecuencias”. 

Luego de este hecho, Tapullima Patow recibió varias llamadas telefónicas, donde presuntos integrantes de la ronda le insultan y amenazan su seguridad y libertad personal. 

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, según lo prescrito en el artículo 149º de la Constitución Política del Perú, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.